Jordi Pujol Ferrusola asegura que hay un doble rasero que le ha llevado a la cárcel. Un trato distinto que ha terminado con él en prisión preventiva por mover los fondos de su abuelo fallecido, mientras la familia del banquero Emilio Botín quedó libre de cualquier causa judicial en 2012, tras repatriar 200 millones de euros de una herencia en Suiza. Para la defensa de Pujol Ferrusola, que ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional pidiendo la libertad del empresario, las dos causas son jurídicamente similares. Pero con resultados distintos. Mientras el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional archivó la causa contra la familia Botín, Jordi Jr. permanece en la prisión madrileña de Soto del Real desde el pasado 26 de abril.
Sin embargo, la Audiencia Nacional no llevó a prisión a Jordi Jr solo por la falta de acreditación de los fondos movidos desde Andorra. Además, los informes de la UDEF señalan que el primogénito del clan Pujol intentó ocultar un patrimonio millonario en plena investigación para que no fuera localizado por la Justicia. Sobre este hecho, los abogados del hijo mayor del clan Pujol niegan de forma tajante las acusaciones y mantienen que, lejos de blanquear fondos, Pujol Ferrusola aseguró con sus operaciones una mayor recaudación para la Audiencia Nacional.
El escrito de alegaciones presentado ante el juez José de la Mata y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, recuerda que la Audiencia Nacional impuso en dos ocasiones (octubre de 2015 y febrero de 2016) medidas cautelares sobre los bienes de Pujol Ferrusola. Y que esas prohibiciones de disponer se han cumplido, a juicio de sus abogados, de forma escrupulosa. “Además, adelantamos ya que la causa, aún sin haberse determinado aún la cuantía que debe ser asegurada, tiene ya trabados activos por importe superior a los 22 millones de euros”.
Cambio de medidas cautelares
Solo en la operación de Puerto Rosario (Colombia), los abogados de Pujol Ferrusola mantienen que la Justicia ha trabado ya 8,3 millones de euros. “No puede dejar de ponerse el acento y reiterar que el resultado de ese aseguramiento patrimonial en cifra tan abultada se produce transcurridos casi tres años desde la incoación del proceso”, explica el escrito de defensa, que analiza punto por punto las principales operaciones vinculadas por la UDEF al desvío de fondos y la despatrimonialización emprendida supuestamente por Pujol Ferrusola.
Sobre los pagos al empresario argentino Gustavo Shanahan, que en la Audiencia Nacional cambió la versión aportada con anterioridad en una reunión mantenida con periodistas de El Mundo, los letrados de Pujol Ferrusola argumentan que no se trata de un cambio de postura o de versión, ya que Shanahan solo ha prestado declaración una vez sobre este tema. El documento califica las declaraciones de Shanahan a la prensa como un viaje “que navega entre la inconcreción, la ambivalencia y la ambigüedad, pero nada esencial y radicalmente contrario expresa en relación a la declaración prestada por videoconferencia”.
El documento, que solicita la salida de prisión preventiva del hijo mayor del expresidente Pujol, niega por ejemplo que el préstamo de más de medio millón de euros que Pujol Ferrusola le hace a su hija para la compra de un inmueble en Barcelona sea una operación de traslado de patrimonio hacia terceros fuera de la investigación judicial. Como principal argumento, los abogados de Pujol Jr. mantienen que la operación se dotó en todo momento de transparencia pública y que el dinero fue consignado ante notario, además de que la operación aparece debidamente justificada e inscrita en los distintos registros públicos. Ahora, será el juez quien deba valorar si esos argumentos son suficientes como para dejar en libertad al primogénito de la familia Pujol.