La 'operación Lezo' revela que la Comunidad de Madrid tenía también su 'tres per cent'

El 3% es la cifra mágica de la corrupción. El número áureo para los políticos que meten la mano en la caja, que dio nombre incluso a las investigaciones sobre corrupción política en Cataluña. Pero además, es la cantidad que, según las investigaciones de la Audiencia Nacional, se pagaba como comisión para acceder a distintos contratos públicos de la Comunidad de Madrid. Como ejemplo y según ha confirmado EL ESPAÑOL, los investigadores de la Operación Lezo consideran que esa fue la comisión que la constructora OHL intentó abonar presuntamente al entorno de Ignacio González por la obra del ten de Navalcarnero.

Según las pesquisas, la contratista pública envió a Suiza en 2007 1,4 millones de euros. La cifra es exactamente el 3% de la obra que pretendía OHL, con un montante total de 45 millones de euros.

El porcentaje de mordida sobre diversas obras públicas se ha convertido casi en un estándar desde que Pasqual Maragall pronunció la mágica cifra en el Parlamento catalán. "Tienen un problema, y se llama 3%", explicaba en el hemiciclo autonómico como reproche a los miembros de Convergencia.

Entre Suiza y Burkina Faso

Poco después, el líder del PSC tuvo que pedir disculpas públicas. Pero las investigaciones sobre el Palau de la Música, primero, y de la Operación Petrum después confirmaron que la cifra era más que acertada. De hecho, las pesquisas que arrancaron en un juzgado de El Vendrell y terminaron con registros en la sede de Convergencia se conoce de forma popular como el caso 3%.

En el caso de la Operación Lezo, los agentes sospechan que OHL envió desde una filial en México 1,4 millones de euros a una cuenta en Suiza controlada por el empresario Adrián de la Joya. Según confirmó el financiero ante el juez Eloy Velasco, fue OHL quien le remitió los fondos por medio de Javier López Madrid, investigado en esta causa.

Según esta versión, De la Joya fue informado después de que los fondos debían ser enviados a una cuenta controlada presuntamente por Ildefondo de Miguel, uno de los empresarios de confianza del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Sin embargo, en lugar de enviar los 1,4 millones de euros, De la Joya se quedó los fondos en pago de una supuesta deuda anterior contraída con la constructora de Juan Miguel Villar Mir: una operación en Burkina Faso para la compra de una mina. 

362 millones pendientes

La construcción para el tren de Navalcarnero se aprobó en el año 2008. Sin embargo, la compañía paralizó las obras tras un litigio con el Ejecutivo regional. OHL adelantó 165 millones de euros para arrancar las obras pero dos años después reclamó al Gobierno madrileño la resolución del contrato después de que, según la propia compañía, no se les adelantara los 50 millones de euros comprometidos en el contrato de concesión, ni cumpliera con el compromiso de modificar el contrato de riesgo-tráfico a disponibilidad.

Nueve años después, el proyecto, estimado en sus distintas fases en 362 millones de euros, está enterrado y sin ánimo de que vaya a salir adelante. OHL se ha sentido engañada por la Comunidad de Madrid porque previó un crecimiento de población en Navalcarnero que nunca llegó debido a las crisis económica. El planteamiento que tenía hecho la compañía con un número estimado de viajeros, por los que cobraría, se desinfló y ya la obra no le salía rentable.