Luis Bárcenas abrirá la comisión parlamentaria de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, será el último compareciente, según han acordado PSOE, Podemos y Ciudadanos. La unidad de acción de la oposición ha provocado un enorme malestar en el PP, que ha acusado a los tres grupos de montar "causa general inquisitorial" y ha amenazado con acudir a los tribunales si es necesario para frenar lo que considera una "ilegalidad".

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, ha asegurado además que responderá en la comisión sobre la financiación de los partidos constituida en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Maillo ha afirmado que pedirán explicaciones sobre los supuestos vínculos de Podemos con Venezuela o la financiación de la campaña del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante las primarias.

Las palabras de Maillo no han quebrado el entendimiento que ha exhibido la oposición. El PSOE se inclinaba inicialmente por citar al presidente en primer lugar. El PP no ponía objeción, porque prefería pasar ese trago lo antes posible. Pero finalmente, el Grupo Socialista ha decidido sumarse al calendario que proponían los nuevos partidos. Tanto Podemos como Ciudadanos creen que lo razonable es que Rajoy comparezca el último, una vez escuchados los testimonios del resto de cargos intermedios del PP y demás expertos.

Comparecencias en junio

La comisión votará este miércoles el plan de trabajo, en el que no se ha vetado ninguno de los nombres propuestos. La voluntad de la oposición es citar en primer lugar a los cinco tesoreros nacionales del partido: Bárcenas, Ángel Sanchís, Cristóbal Páez, Rosendo Naseiro y la actual tesorera Carmen Navarro. Sus comparecencias se podrían producir en la última semana de junio o las primeras de julio. La oposición ha pedido habilitar el mes de julio para los trabajos de la comisión. 

La lista de comparecientes incluye al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el presidente del Senado, Pío García Escudero o Francisco Granados. También hay empresarios como Villar Mir y periodistas, como el director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez.

El PP ha pedido que la comisión se circunscriba a los últimos dos años y ha amenazado con llevar este órgano a los tribunales. La propuesta que se vota el miércoles no delimita temporalmente los trabajos, que podrán irse tan lejos en el tiempo como propongan los grupos. Ciudadanos, por su parte, ha pedido que se investigue desde 2003 hasta 2017, el periodo de Rajoy al frente del partido. La oposición en bloque no quiere que la comisión excluya presuntos casos de corrupción autonómica como pretende el PP y ha acusado al partido en el Gobierno de intentar bloquear la comisión.

La comisión del Senado

Sin embargo, Maillo ha asegurado que el veto a su solicitud de un informe jurídico para concretar los límites temporales y geográficos de la comisión es una ilegalidad. El número tres del PP ha amenazado con llevar a la comisión paralela de financiación que se ha constituido en el Senado casos como el de los EREs, que afecta al PSOE, el crowdfunding de Sánchez en las primarias o los presuntos vínculos de Venezuela con Podemos.

"No tienen intención de conocer la verdad, de sacar conclusiones; sólo quieren hacer una causa general contra el PP, intentar hacer daño al PP por razones estrictamente electorales", ha dicho Maillo. "Tienen las conclusiones redactadas".

La portavoz socialista Soraya Rodríguez ha señalado que sería absurdo que el PP recurriese a los tribunales una comisión que ellos mismos apoyaron crear con su voto afirmativo. Además, y sobre las palabras de Maillo calificando de "muy mala señal" la actitud de su socio preferente Ciudadanos, el diputado Toni Cantó se ha limitado a recordar que la comisión Bárcenas figuraba en su acuerdo de investidura.

Noticias relacionadas