El varapalo del TC a Montoro paraliza los Presupuestos del 2018

La sentencia del Tribunal Constitucional contra la amnistía fiscal ha congelado las negociaciones de los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2018 ante el incierto futuro político del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El Gobierno había hablado informalmente ya con Ciudadanos y PNV. Las partes se emplazaron a reunirse en los próximos días para comenzar a discutir el nuevo techo de gasto. El Ejecutivo mantiene su intención de llevar el decreto al Congreso a mitad de julio.

Pero el varapalo del Constitucional ha dejado a Montoro, responsable de los presupuestos, muy tocado. Y al resto de grupos a la expectativa de lo que pueda ocurrir. El PSOE ha exigido su dimisión y ha planteado su reprobación en 15 días. Pero el Gobierno tiene asumido que el nuevo PSOE de Sánchez no se sumará a los Presupuestos. Ciudadanos, socio preferente en la negociación, no ha pedido su cese y ha decidido esperar a las explicaciones de Montoro en el Congreso. El ministro de Hacienda comparecerá a petición propia a finales de esta semana o la siguiente.

Emergencia nacional

El Gobierno ha dado algunas pistas de lo que Montoro puede argumentar ante el Parlamento. En los últimos días, el PP ha dejado entrever que la amnistía fiscal fue una medida de emergencia nacional que contribuyó, junto a otras, a frenar el rescate de España. 

Pero la mayoría de la oposición entiende que el proceso de regularización de activos que puso en marcha Montoro fue un fiasca de principio a fin. El PSOE lo llevó a los tribunales. Ciudadanos también denunció los efectos de la amnistía. "El Gobierno aprobó la amnistía fiscal para defraudadores al mismo tiempo que aplicaba una subida del IRPF que afectaba fundamentalmente a la clase media y trabajadora", recuerda un portavoz del partido naranja. "El mensaje que se lanzó a la sociedad fue perverso y así lo recoge la sentencia del Constitucional".

Ciudadanos hizo especial hincapié al inicio de la legislatura en aumentar del tres al 10% la base recaudatoria del dinero regularizado. El Congreso aprobó una proposición no ley del partido de Albert Rivera, que instaba a Hacienda a enviar una carta antes del 30 de noviembre del año pasado para evitar una segura prescripción. La Agencia Tributaria envió varias misivas a título "informativo" sin acuse de recibo. Tal y como recoge el TC nada se puede hacer ya. Tampoco aumentar la base. "La gente que se acogió a la amnistía lo hizo bajo unas determinadas condiciones que eran legales", dicen desde Ciudadanos. "Los cambios sólo generarían inseguridad jurídica".

De todo ello se hablará en la comparecencia de Montoro, que se está quedando sin tiempo para aprobar el techo de gasto de los nuevos presupuestos. En Ciudadanos dan por hecho que la amnistía complica la negociación, pero no cierran las puertas al acuerdo. El equipo económico naranja cree que España puede seguir aumentando el gasto en 2018, si como se prevé el crecimiento permite al país salir del proceso de déficit excesivo y, por lo tanto, de la vigilancia de Bruselas.

El PNV, por su parte, también ha dicho que está dispuesto a negociar "desde cero". El grupo vasco es uno de los más interesados en estas cuentas, porque los gobiernos central y vasco todavía deben presentar la nueva y ventajosa ley quinquenal del cupo para el período 2017-2021, que según los cálculos del Gobierno puede llegar al Parlamento en otoño. 

Complemento salarial y Prefe

Ciudadanos arrancó 4.000 millones de euros al Gobierno en los Presupuestos del 2017, que agotan sus últimos trámites en el Senado antes de entrar en vigor el 1 de julio. El objetivo es mantener e incrementar esa línea. El grupo liberal espera que algunas de sus apuestas, como el complemento salarial para jóvenes y el plan de lucha contra el fracaso escolar (Prefe), basado en programas de éxito en escuelas con entornos vulnerables, funcionen adecuadamente y cuenten con una mejor dotación presupuestaria el año que viene.

Pero todo ello pasa por aprobar un nuevo techo de gasto en julio. Montoro tiene ante sí el doble reto de salir 'vivo' políticamente de la amnistía y reeditar al mayoría parlamentaria de 176 diputados (PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias) que le ha permitido sacar adelante las cuentas de este año. Muchos de los acuerdos suscritos con las formaciones más pequeñas -cupo vasco, inversiones en Canarias, etc- incluían un compromiso no escrito para respaldar los próximos presupuestos. 

Si el Gobierno no lo consigue tiene en su mano prorrogar, pero España perdería capacidad de inversión ahora que la economía está dando un respiro. Y políticamente, las elecciones anticipadas estarían mucho más cerca: finales del 2018 o principios del 2019.