Tumban la exigencia del euskera para contratar con la Diputación de Gipuzkoa

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acaba de echar por tierra una parte esencial del Plan de Normalización del Uso del Euskera (2013-2017) de Gipuzkoa, por el que el conocimiento de la lengua vasca resulta preceptivo para poder contratar con la Diputación y sus organismos autónomos.

Junto a otros artículos anula el 8, en el que se fijan para contratistas y adjudicatarios condiciones lingüísticas similares a aquellas bajo las que presta sus servicios directamente la Administración foral, sujeta a las normativas vascas de impulso del euskera. En la práctica, este requisito condiciona a las empresas a contar con una plantilla bilingüe para acceder a los concursos públicos.

La sala de lo Contenciso-Administrativo del TSJPV ha visto el caso en apelación, a raíz del recurso elevado por la abogada del Estado, Macarena Olona, contra un primer fallo de un juzgado de San Sebastián, que ya anuló en septiembre de 2016 una parte del artículo 9 referido a las subvenciones. El magistrado de primera instancia consideró que obligar a utilizar el euskera en el desarrollo de las actividades objeto de ayuda “orillaba” el castellano y “vulneraba” el principio de cooficialidad de las dos lenguas.

Los jueces del TSJPV ratifican su criterio, con el argumento de que priva a los afectados del derecho a elegir el idioma en el que desean expresarse, y confirman la anulación del precepto, desestimando el recurso interpuesto por la Diputación.

En su sentencia del pasado 29 de mayo, a la que ha tenido acceso El Español, estiman además parcialmente la apelación de la Abogacía del Estado, que impugnó la aprobación del Plan, y extienden la nulidad a otros cuatro artículos. Junto al ya mencionado, relativo a la contratación, se anulan los referidos a la comunicación institucional, publicidad, y acceso a la web foral y a la intranet. Su decisión se convertirá en firme en dos meses si no se recurre en casación ante el Supremo.

EL PLAN DE BILDU

La exigencia en Gipuzkoa del uso del euskera como condición para la percepción de subvenciones o la contratación de cualquier tipo de obra o servicio suscitó gran polémica cuando fue implantada. La obligatoriedad se acordó durante la legislatura foral anterior, durante el gobierno de Bildu con Martín Garitano al frente como diputado general .

El Plan de Normalización del Uso del Euskera 2013-2017 se aprobó el 22 de diciembre de 2014 y se puso en marcha en 2015. Pero con anterioridad a esas fechas las decisiones de la coalición abertzale sobre contratación ya habían levantado ampollas y suscitado el rechazo de gran parte de la oposición y de los sectores afectados. En octubre de 2012 la Diputación dejó fuera de la licitación de las obras de una carretera a una empresa porque los técnicos no tenían acreditado determinado nivel de euskera.

La inclusión de criterios lingüísticos fue recurrida por la Delegación del Gobierno del País Vasco y provocó más de una bronca política, que incluso llegó a enfrentar a Bildu con el PNV cuando ambas formaciones reprobaban la actuación de su titular, Carlos Urquijo, que impugnó también las normativas de los ayuntamientos que secundaron a la institución foral. Todos esos litigios se ganaron en los tribunales.

UPyD llevó su denuncia a la Comisión Europea, que inició un expediente de infracción aún no resuelto contra España para analizar si existía trato discriminatorio y vulneración del principio de libre competencia.

“SOSLAYA EL DERECHO DE LOS CONTRATISTAS”

El TSJPV en su reciente fallo argumenta que la imposición del euskera “soslaya el derecho” de los contratistas a la elección del idioma y resulta “incompatible con el régimen jurídico de la contratación pública”.

Los jueces de la Sala de lo Contencioso asumen también las tesis de la abogada del Estado sobre el tratamiento “discriminatorio”que reciben los castellanoparlantes guipuzcoanos en los artículos del Plan que abordan a través del euskera la comunicación institucional, la edición de publicaciones y el acceso a internet.

Rechazan, por el contrario, que vean mermados sus derechos por la realización de cursos de formación en lengua vasca, o por que el euskera pueda convertirse en un “factor a tener en cuenta” en determinadas subvenciones. Contradicen también el criterio de la Delegación del Gobierno acerca de que la Diputación impide al Estado el uso exclusivo del castellano en sus comunicaciones con la Administración Foral .

La sentencia del TSJPV se opone a la declaración de la nulidad total del Plan solicitada por la abogacía del Estado, que considera que infringe el principio de cooficialidad recogido en la Constitución al implantar el uso “prioritario y generalizado” del euskera y relegar al castellano a “un carácter meramente subsidiario, residual o nulo”.

El fallo reconoce que el Gobierno foral propugna “el uso preferente del euskera”, pero recurre a jurisprudencia que avala medidas para superar la actual disglosia entre el castellano y la lengua vasca. En base a ella concluye que no pueden considerarse discriminatorios los apartados que potencian el empleo del euskera dejando “indemne” el derecho de los ciudadanos vascos a utilizar en sus relaciones con la Administración cualquiera de las dos lenguas oficiales.

OTRO ESCENARIO POLÍTICO

La sentencia del TSJPV se produce en un escenario político totalmente distinto a la aprobación del Plan recurrido, lo que repercutirá en su incidencia y ejecución.

Ya no gobierna Bildu en Gipuzkoa sino un ejecutivo de coalición PNV- PSE más flexible en la aplicación de las políticas de euskaldunización que el anterior. Para acceder a la web de Diputación, por ejemplo, ya no es necesario hacerlo a través de la página de euskera. No obstante, el Plan de Normalización del Euskera de Bildu sigue vigente al no haber sido revocado.

También ha habido cambios en la Delegación del Gobierno como consecuencia de la decisión del PP de reconducir sus relaciones con el Ejecutivo vasco y el PNV ante la necesidad de buscar alianzas con las que compensar la pérdida de mayoría absoluta en las Cortes. El delegado Carlos Urquijo que planteó el recurso trabaja ahora para la Comunidad de Madrid después de haber sido sustituido por Javier De Andrés, un hombre del PP vasco menos cuestionado por el nacionalismo, que se ha apartado de la estela de impugnaciones contra diputaciones y ayuntamientos seguida por su antecesor.

Existe además un nuevo clima, de acercamiento y entendimiento, entre los Gobiernos central y vasco que además de culminar en los pactos presupuestarios y del Cupo, ha sustituido la batalla legal por el acuerdo político en algunos de los frentes abiertos contra distintas normas.

Así ha ocurrido con la llamada Ley Municipal vasca, aprobada por el Parlamento de Vitoria en 2016, que deja en manos de los ayuntamientos la posibilidad de comunicarse con sus administrados sólo en euskera (“lengua de trabajo” y de uso “normal y general)”, aunque deberán respetar los derechos de los vecinos que reclamen atención en castellano. Del mismo modo podrán remitir sus actas únicamente en esa lengua sin necesidad de utilizar las dos oficiales en su contacto con otras Administraciones, según el criterio que venía imponiéndose en los tribunales.

Su aplicación está sujeta al pacto de interpretación con el que los Gobiernos central y vasco dirimieron sus diferencias y evitaron la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la ley previamente anunciado por el Ejecutivo de Rajoy. En dicho acuerdo se recoge el compromiso de respetar el principio de cooficialidad según los criterios fijados por el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña y que el derecho de optar entre castellano y euskera no suponga “obligación ni carga alguna” para quien lo ejerza.