El Gobierno ha enviado este lunes una carta a los ayuntamientos catalanes para advertirles de "la obligación del respeto a la legalidad constitucional y estatutaria", de modo que no pueden colaborar en la organización del referéndum sobre la independencia.

Así consta en la misiva que el Ejecutivo, por medio del secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha remitido a 993 entidades locales de Cataluña ante la posibilidad de que participen en una consulta de la que "reiterados pronunciamientos" del Tribunal Constitucional han dicho que vulnera la Carta Magna.

Por esta razón, el Gobierno se dirige a los funcionarios responsables de los ámbitos jurídico y económico de los ayuntamientos para recabar su colaboración, asegurar el cumplimiento de la Constitución y "preservar el adecuado destino de los fondos públicos".

Un total de 947 consistorios de toda Cataluña, 4 diputaciones provinciales y 42 comarcas recibirán esta carta del Gobierno que comienza con un recordatorio: el del anuncio del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña el 1 de octubre.

El Gobierno ha enviado esta carta ante la intención de un número destacado de municipios de Cataluña de participar en la organización de la consulta.

En la carta, el Ejecutivo de Mariano Rajoy señala que "en la medida en que la Generalitat quiere descargar en los ayuntamientos gran parte de su responsabilidad en la organización de dicho referéndum", se ve en la tesitura de recordar que la consulta rompe la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

"Debe tenerse en cuenta que un proceso de esta naturaleza atenta" contra los artículos 1.2, 2, 9.1, 81, 92 y 168 de la Constitución, así como los artículos 1 y 2.4 del Estatut, escribe en la misiva.

"Reiterados pronunciamientos" del Tribunal Constitucional así lo han reflejado, destaca el Gobierno para subrayar acto seguido: "El Alto Tribunal ha prohibido expresamente la continuación del denominado proceso constituyente en Cataluña y de cualquier acto preparatorio de dicho referéndum".

La carta del Gobierno va dirigida a los secretarios generales y a los interventores económicos de los ayuntamientos de municipios con más de 500 habitantes. Ambas figuras se fusionan en un solo funcionario en los consistorios de localidades con menos de 500 habitantes.

Son ellos los destinatarios porque, en la escala funcionarial de la administración local, son los responsables jurídicos y económicos de los ayuntamientos.

Así lo remarca el Gobierno en la carta al señalar que "el adecuado respeto a esos pronunciamientos del Tribunal Constitucional incide directamente en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas en materia de fe pública, emisión de informes jurídicos y asesoramiento legal preceptivo".

El ayuntamiento correspondiente, por tanto, no puede ayudar a que ese referéndum tenga lugar mediante la formación del censo, la constitución de las mesas, la designación de locales electorales o la reserva de lugares públicos para actos de campaña (son casos que menciona el Gobierno en la carta).

El Ejecutivo termina la carta brindando toda su colaboración a estos funcionarios de la administración local ante "las dudas o incertidumbres" que les puedan surgir si el ayuntamiento al que están adscritos contraviene "las reiteradas advertencias" del Constitucional.

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