Los partidos, incapaces de acordar una nueva ley contra la violencia machista

El pacto de Estado contra la Violencia de Género no vendrá acompañado de una nueva ley. Las 200 medidas acordadas por los partidos en el Congreso no recogen una ley integral contra la violencia machista, que reclamaban principalmente Podemos, Ciudadanos y algunas formaciones nacionalistas. El pacto sí incluye propuestas de modificación de varias normas. La dotación para poner en marcha las reformas será de 1.000 millones de euros.

Después de dos jornadas maratonianas y tras varios meses de trabajo, los grupos han alcanzado un pacto de Estado, que está a falta de negociar sus últimos flecos. La subcomisión se reunirá el 24 de julio para aprobar el documento. La Comisión de Igualdad votará el dictamen el 28 de julio. Está previsto que se ratifique por unanimidad, pero lo más probable es que varios grupos presenten votos particulares.

El meollo del debate se ha centrado en la actualización de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La ley fue aprobada en 2004. Algunos grupos han defendido la necesidad de crear una nueva ley integral marco que incluyese todas las formas de violencia machista recogidas en el Convenio de Estambul del 2014.

¿Violencia machista o de género?

La ley española se centra en la violencia contra la mujer en el ámbito de las relaciones íntimas. Pero según el convenio de Estambul, ratificado por España, la violencia machista abarca otros ámbitos de acoso a las mujeres como el laboral, el sexual, la trata de blancas, los matrimonios forzosos o la mutilación genital. Algunos partidos habían propuesto hacer una ley marco en el sentido más amplio de la definición del convenio, con varias leyes específicas para cada caso.

Esa opción, que los nuevos partidos Podemos y Ciudadanos veían con buenos ojos, no ha sido factible por las reticencias de PSOE y PP. En aras de salvaguardar la unanimidad del pacto, los grupos han acordado finalmente modificar el artículo 1 de la ley del 2004 para completar la definición de violencia de género. Es posible que algunos partidos recojan en un voto particular su apuesta por una nueva ley.

Las 200 medidas pactadas quieren actualizar la parte preventiva y los efectos asistenciales y penales de la ley del 2004. Por ejemplo, se va a reconocer por primera vez la condición de víctima de violencia de género a mujeres que no denuncien a sus maltratadores. Hasta ahora, una mujer sólo podía ser reconocida si interponía una denuncia.

A partir de ahora, existirán mecanismos para poder habilitar el paraguas protector que supone ser reconocida como víctima incluso si la mujer no denuncia. Estos mecanismos, que deben negociar el Gobierno y las comunidades autónomas, se activarán, por ejemplo, con los informes de servicios médicos de atención primaria o servicios sociales que detecten posibles casos de violencia machista.

Esto supondrá la modificación de la ley de régimen local para que los ayuntamientos recuperen las competencias en promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en materia de violencia de género, así como el cambio de los criterios de acreditación de la condición de víctima para poder acceder a una asistencia social integral.

Dispensa a la mujer maltratada

Otro de los puntos importantes que se van a revisar es la posible supresión del artículo 416 de la ley de enjuiciamiento criminal, que ofrece una dispensa a la mujer denunciante para no declarar contra su agresor. Esta dispensa está pensada como una medida de protección, pero algunos expertos han cuestionado reiteradamente su eficacia. Incluso plantean si no puede ser contraproducente. El Congreso se ha comprometido en el pacto a evaluar la eficacia procesal de este artículo.

El trabajo de la subcomisión ha sido especialmente intenso en los tres últimos días. Las medidas se han ido repasando una por una. El documento final, a falta del preámbulo, se articulará en cuatro grandes bloques. Otra de las polémicas que se ha vivido ha sido la gestación subrogada. El PSOE quería incluirlo como una forma más de violencia contra la mujer. La iniciativa no ha salido adelante, pero el Grupo Socialista no descarta presentar un voto particular. Ciudadanos ha registrado en el Congreso una iniciativa para regular la maternidad subrogada.

Los partidos han acordado la creación de una comisión no legislativa en el Congreso para el seguimiento del pacto de Estado, que entre otras competencias podrá hacer un seguimiento presupuestario y fiscalizar la puesta en marcha de las medidas acordadas.