Tormenta en Podemos, quizás pasajera o quizás permanente. Representantes de once comisiones de garantías autonómicas emitieron este jueves un comunicado contra la dirección del partido morado. Aunque no se les nombra directamente, los señalados son el secretario general, Pablo Iglesias, y el secretario de Organización, Pablo Echenique, a raíz de la aprobación de unos nuevos estatutos para la formación de los círculos. Encabeza esta revuelta Olga Jiménez, relevada estos días como presidenta de la Comisión de Garantías estatal.
En concreto, miembros de comisiones de garantías autonómicas de Podemos de once comunidades (Madrid, Cataluña, Valencia, País Vasco, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, Canarias, Asturias y La Rioja) pidieron por escrito a la Ejecutiva de Podemos dos cuestiones fundamentales: revocar los nuevos estatutos aprobados y rehabilitar en su puesto a la citada Jiménez como presidenta de la Comisión de Garantías Estatal.
La reunión de los críticos
Este comunicado contra Iglesias, Echenique y el resto de la dirección se decidió en una reunión celebrada este jueves en Madrid y a la que asistieron una veintena de representantes de doce de las dieciséis comisiones de garantías autonómicas. Una reunión organizada por la citada Jiménez y llamada por los asistentes -así figura en su comunicado- "pleno federal de comisiones de garantías democráticas"-. Ocurre, sin embargo, que este no es un órgano que exista en Podemos, según apuntan fuentes del partido morado a EL ESPAÑOL.
Además, explican estas fuentes, Jiménez está suspendida como presidenta por un expediente disciplinario que se inició a raíz de una denuncia de sus propios compañeros de la Comisión de Garantías Estatal. Y concluyen señalando que los nuevos estatutos de Podemos son correctos. En suma, restan importancia a esta rebelión contra la dirección.
La versión de la presidenta
La versión de Olga Jiménez, expuesta a EL ESPAÑOL por su entorno, es bien distinta a la de la dirección del partido morado. Para empezar, destacan que ella sigue siendo la presidenta de la Comisión de Garantías estatal, porque no ha sido suspendida de sus funciones. "No se ha dictaminado, ni escrito, ni decidido en momento alguna suspenderla de sus funciones", exponen.
Para continuar, los cercanos a Olga Jiménez aseguran que el problema radica en que el expediente que hay abierto contra ella es "nulo de pleno derecho" porque "se lleva a cabo sin garantías para ella, está en plena indefensión porque no sabe de qué se le acusa y no está fundamentado". "No puede ser más irregular", afirman.
Precisamente por ello, continúan, la reunión del pasado jueves es "totalmente normal y legal" porque "el artículo 19.e de los estatutos de Podemos faculta al presidente de la Comisión de Garantías para convocar a los presidentes de las comisiones de garantías autonómicas o a personas delegadas por ellos".
En todo caso, este asunto se tratará en la próxima reunión de la Ejecutiva, prevista para el próximo lunes, 4 de septiembre.
El comunicado contra la dirección
Según el comunicado recogido por Efe, los representantes de estas comisiones reivindican su "necesaria independencia" de la dirección nacional y denuncian "las presiones sufridas" por la Presidencia de la Comisión General de Garantías Estatales (CGDE), motivos por el que reclaman de los órganos políticos de Podemos "un marco de respeto y colaboración".
Por ello, han aprobado una declaración en la que consideran como "nulos de pleno derecho" los estatutos aprobados y piden al Consejo de Coordinación Estatal, el órgano colegiado para las tareas de carácter político y coordinación interna, que los anule y revoque el expediente abierto contra Olga Jiménez, suspendida como presidenta por "excederse en sus funciones".
La raíz del problema
Este conflicto interno en Podemos no tiene nada que ver con una pelea entre corrientes internas o luchas por el control de la organización. El problema comenzó cuando la Comisión de Garantías Estatal propuso la nulidad de los nuevos estatutos del partido, impulsados por la dirección de Pablo Iglesias, que establecen un régimen disciplinario e incluso sanciones para quien filtre información interna al no figurar en los documentos que se aprobaron en Vistalegre II.
Tras esa decisión, miembros de la propia Comisión de Garantías nacional denunciaron a Jiménez por extralimitarse en sus funciones. Tras ser suspendida como presidenta, Jiménez inició una pugna con la dirección. Y la tormenta estalló este jueves, quizás para perpetuarse y llegar a los tribunales, o quizás para acabar pronto.