El proceso separatista en Cataluña tiene algo de dogma de fe. La ley de Transitoriedad, que es la constitución temporal de la república, da por hecho que el futuro Estado seguirá en el euro y la Unión Europea, la asimilación de funcionarios, la doble nacionalidad y una supuesta expulsión del Ejército español. Pero no se explica cómo se hará. En este choque de legitimidades está en el aire la condición de los diputados de ERC y el PDeCAT en el Congreso de los Diputados. Su intención, una vez declarada la independencia, es permanecer en el Parlamento español. Serían, según la legalidad de la que ellos se quieren dotar, cargos institucionales asalariados de un Estado con el que acaban de romper unilateralmente y del que no reconocen ni sus leyes ni las sentencias de sus tribunales.
“Nosotros estaremos tanto a lo que diga nuestro Govern como nuestro Parlament”, dicen a EL ESPAÑOL con idéntico argumento fuentes de ambos grupos parlamentarios.
No hay hoja de ruta
En el PDeCAT prefieren no ir más allá de este comentario. En ERC, por su parte, admiten que no hay una hoja de ruta clara. En una conversación informal a la salida del pleno sobre Gürtel de esta semana, su portavoz Joan Tardá reconocía que es una situación compleja “porque no se ha hecho nunca”. Pero dejaba claro que la intención de ERC no era abandonar sus nueve escaños de forma inmediata, sino esperar instrucciones del Govern.
Gabriel Rufián, como ya ha dicho en alguna ocasión, explica que la imagen de los diputados de ERC dejando el hemiciclo sería "muy potente". Pero no lo harán. Rufián asegura que lo lógico es esperar acontecimientos y las órdenes de la Generalitat. Quizá, reflexiona en voz alta, lo más recomendable es mantener una representación permanente en el Congreso. Un argumento difícil de sostener y que para varios expertos consultados demuestra el grado de “improvisación” que rodea todo el proceso.
“Cataluña aporta 47 escaños al Parlamento nacional”, dicen. “Y no creo que diputados electos por Barcelona como Juan Carlos Girauta o Xavi Doménech de En Comú o los del PSC vayan a reconocer ninguna legalidad que no sea la española. Es una improvisación detrás de otra”.
Mayoría para PP y Cs
Existe otra derivada sorprendente. La independencia puede dar la mayoría absoluta de facto a PP y Ciudadanos. ERC (9 diputados) y PDeCAT (con 8) dejarían huérfanos 17 escaños, alterando el equilibrio de fuerzas del actual Parlamento.
Los expertos consultados por EL ESPAÑOL coinciden en que, si los diputados renuncian a sus actas, se escogería al siguiente diputado. “Pero supongamos que, como sería lógico, ninguno de los candidatos de las listas del PDeCAT o ERC acepta entrar. En estas condiciones no se me ocurre, ni sé, si hay alguna norma que pueda prever este supuesto”, asegura Xavier Arbos, catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona.
Las dudas son grandes, pero en el caso de que un grupo parlamentario renuncia una vez comenzada la legislatura a su participación en el Congreso, sus sillas quedan vacías. El número de escaños seguiría siendo el mismo. “Si alguien renuncia a ir al Congreso no vota, pero se seguirían contabilizando 350 escaños.”, afirma Lluís Orriols, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III.
PP y Cs podrían tener una mayoría absoluta de facto si los diputados de ERC y el PDeCAT renuncian a su escaño tras la independencia.
La ley electoral y la Constitución tampoco plantean que esos asientos se redistribuyan al resto de grupos políticos que obtuvieron representación en las circunscripciones catalanas. “No sería procedente. Esos escaños fueron atribuidos a unas formaciones políticas en concreto”, dice Arbos. “Podría entenderse que los escaños vacíos equivalen al sitio vacío, como el que se ha ido a su casa”, añade.
El precedente de Herri Batasuna
Ignacio Lago, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona, asegura que no existe ningún precedente de un grupo que renuncie a participar tras la secesión de su región. El único ejemplo similar data de 1989, cuando los diputados de Herri Batasuna se negaron a jurar la Constitución. El grupo abertzale fue invitado a abandonar el hemiciclo. Ninguno de ellos perdió su condición de diputado electo, sino que esa condición quedó suspendida hasta que acatasen la Carta Magna.
En todo caso, expulsar o suspender a los políticos catalanes (que sí han acatado la Constitución) no es algo previsto. Para perder el acta tienen que incurrir en un delito cuya pena fuera la inhabilitación. Así ocurrió con el portavoz del PDeCAT, Francesc Homs. Sin embargo, los expertos avisan del limbo legal en el que pueden quedar los parlamentarios catalanes en caso de la proclamación de la república de Cataluña. “No hay ningún tipo de provisión de esto en la Constitución”, asegura Orriols, algo en lo que coincide Arbos: “No hay capacidad de respuesta en la normativa española para solucionar esta situación”.
Ambos difieren en las consecuencias que podría tener que los diputados independentistas dejaran el Congreso y el Senado. Orriols asegura que el papel de estos políticos en la Cámara Baja es testimonial y no afectaría a la actividad parlamentaria. “En la práctica los partidos nacionalistas catalanes ya son escaños vacíos. Hasta hace poco eran pivotes, ayudaban a dar mayorías y eran cruciales aunque fueran pocos”, afirma. “Sin embargo desde la ruptura del proceso soberanista los nacionalistas catalanes han quedado excluidos”.
Arbos, sin embargo, considera que sí podría provocar una situación de gravedad. Aunque la mayoría absoluta seguiría en 176, la renuncia de 17 de diputados convertiría los 169 escaños de PP y Ciudadanos en una mayoría absoluta de facto. Porque la suma del resto de fuerzas políticas se quedaría en 164. Y Mariano Rajoy podría convalidar decretos y sacar adelante reformas por mayoría simple. “Se produciría un bloqueo allí donde se exigen mayorías reforzadas, absolutas”, asegura. “Si allí donde se pide el voto favorable de tres quintos de los diputados no se puede llegar a esa cifra sustrayendo los escaños vacíos, entonces tenemos un problema muy serio”, dice el catedrático.