El Tribunal Constitucional estudia desde esta mañana el último conejo de la chistera jurídica que se le ha ocurrido a los defensores de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, para intentar bloquear la reacción del tribunal al proceso independentista.
Forcadell ha presentado una recusación para que todos los magistrados del TC se aparten del conocimiento de los procesos relacionados con el proceso soberanista, lo que equivaldría a dejar inoperante a la institución, es decir, a que no pueda resolver nada frente a una inminente impugnación del Gobierno de Mariano Rajoy contra la ley del referéndum o contra la ley de transitoriedad.
La recusación de todo el TC tiene precedentes: ya se hizo por parte de la Generalitat cuando el Constitucional debatía el Estatut. En aquel momento los magistrados rechazaron la recusación explicando que las acciones jurídicas no podían suponer la paralización del tribunal para realizar su cometido.
Lo llamativo de la recusación presentada este martes por Forcadell es que se trata de una acción 'ad cautelam', de cara a los recursos, incidentes o impugnaciones que el Gobierno central pueda presentar en cualesquiera asuntos relacionados con el proceso soberanista. Por ello, sus redactores afirman que "desconocen el número de autos al que corresponde este incidente", ya que no puede ser adscrito a ningún procedimiento concreto. Forcadell sostiene que el TC ha perdido su imparcialidad al inclinarse a favor del Gobierno central.
En abstracto, el TC tiene la opción de rechazar de plano la tramitación de este incidente. Su tramitación paralizaría, siquiera fuera horas o dias, al TC, ya que en todo caso habría que dar audiencia al fiscal, nombrar a un instructor y resolver sobre la propuesta que haga éste.