La Generalitat se burla del Gobierno en plena escalada de desobediencias

La Diada pasó. El pulso se mantiene. Los 20 días que separan el calendario del 1 de octubre abren un período de incertidumbre, desconfianza y cruces de declaraciones. La Generalitat sigue dispuesta a ignorar las resoluciones judiciales en su camino al referéndum. El Gobierno, por su parte, ha elevado ligeramente los decibelios. Hace unas semanas, el artículo 155 de la Constitución, suspensión de la autonomía catalana, estaba lejos y no había tiempo para activarlo. "No estamos en eso", dice el Gobierno, pero al mismo tiempo deja caer ahora que se puede activar en cinco días y antes del 1-O.

"Si hay 150 escenarios, tenemos 151 respuestas previstas", dice un alto cargo del Gobierno.

Nadie en Moncloa cree que se vaya a llegar al extremo del 155, pero por si acaso ya se sugiere que no costaría tanto disponer de este mecanismo. Es legal y está en la Constitución.

Turull y la prioridad de los Mossos

La resaca de la Diada no contribuyó demasiado a acercar posiciones. La Fiscalía citó al mayor Trapero y dio órdenes precisas a los Mossos para que impidan el 1-O. Directrices precisas y concretas, que la Generalitat, eso sí, no considera prioritarias. El portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, expresó su "confianza absoluta" en los Mossos, pero aseguró que la prioridad de la policía autonómica es la seguridad ciudadana. "La lucha contra el terrorismo es la prioridad a la hora de movilizar efectivos que tiene Cataluña y Europa”, dijo.

Turull reiteró que el compromiso del Govern es con la ley del referéndum, ya suspendida. La Generalitat todavía no ha publicado en su diario oficial la suspensión del Tribunal Constitucional. "No sé decir por qué no está publicado", explicó. "Al diario llegan muchos anuncios que se tienen que publicar y contrastar. No sé en qué situación está".

En la misma línea, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reveló que la Intervención de la Generalitat no ha podido justificar el origen del dinero con el que se está pagando tanto la web del referéndum como el anuncio de televisión. Montoro dijo que es grave y se exigirán responsabilidades.

"En un Estado de derecho, ningún responsable público puede hacer un uso ilegal, ilegítimo de recursos públicos sin responder legalmente de las consecuencias de esa utilización", dijo. "Lo que nos están trasladando es que la Intervención de la Generalitat no conoce el origen de los recursos que se han utilizado".

Sindicaturas electorales

Por otra parte, aunque el Tribunal Constitucional resolvió el pasado día 7 que la Generalitat debía de abstenerse de "proceder al nombramiento de los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación", un día después, el 8 de septiembre, el Síndic Electoral de Cataluña, Jordi Matas, firmaba el nombramiento de una quincena de vocales de estos órganos, imprescindibles para organizar el referéndum. La estratagema de la Generalitat consistió en adelantarse a la notificación oficial por parte del Alto Tribunal para burlar su mandato.

En Moncloa guardan de momento la calma. La respuesta, insisten, será proporcional. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría mostró su total confianza en que los Mossos cumplirán con la legalidad. Y sobre la "desobediencia" de la Generalitat aseguró que se usará toda la fuerza del Estado de Derecho para "restablecer la legalidad en Cataluña". 

"A nadie le quepa la menor duda de que el Estado de Derecho, con toda su fortaleza, repondrá el cumplimiento de la legalidad", dijo. "Todo el mundo está sujeto a la ley y a las decisiones de los tribunales y de la Fiscalía, y yo creo que las fuerzas de seguridad del Estado -no me cabe ninguna duda- estarán siempre del lado de la legalidad".

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, también advirtió que no permitirá que la Generalitat utilice centros de salud para acoger la votación del 1 de octubre y que "pervierta" así la "dignidad" de sus pacientes y profesionales sanitarios, "utilizándolos como instrumento para romper España".