El Gobierno toma las riendas de la economía catalana. En una decisión sin precedentes, el Consejo de Ministros ha decidido “establecer un control de pagos” de las nóminas, la Educación, Sanidad y Servicios Sociales gestionados por la Generalitat para “para garantizar que ningún euro irá a ninguna actividad ilegal” como el referéndum del 1-O, según ha explicado el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, al término del Consejo de Ministros.

En los próximos días, el Ejecutivo requerirá al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que renuncie en 48 horas a gestionar además los demás pagos no esenciales. Después, será el propio Gobierno el que los asumirá, pagando a los proveedores de la Generalitat pero sin cuestionar el destino de ese dinero siempre que no se dedique al 1-O, según ha explicado Montoro. “Es la Generalitat la que irá determinado cuánto dinero va a seguridad ciudadana, a Educación…”, puso como ejemplos.

Puigdemont tiene 48 horas para adoptar y comunicar a Hacienda un “acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto” en lo referido a la parte del presupuesto que el Gobierno ya no inspeccionaba, avanzó Montoro. Así mismo, la Generalitat deberá informar de procedimientos pendientes para que ninguna factura se quede sin pagar. La respuesta probablemente no sea la que espera Moncloa, ya que el vicepresident de la Generalitat y titular de Economía, Oriol Junqueras, dejó de enviar datos al Gobierno esta semana por considerar que el Ejecutivo estaba ejerciendo un “control político”, según una carta remitida a Hacienda.

La decisión implica una intervención de las cuentas en base a la legislación económica, pero no a la ley de Seguridad de Seguridad Nacional ni la provisión constitucional del artículo 155, que evoca la suspensión total o parcial de la autonomía. Montoro la explicará en detalle en una comparecencia en el Congreso de los Diputados la semana que viene, cuando ya estará en vigor.

El Gobierno ha presentado la medida como una garantía de que los funcionarios y proveedores cobran en esta situación de inestabilidad, pero también como el seguro de que no se desvían fondos públicos al referéndum independentista. Fuentes de Hacienda explicaron que la medida entrará en vigor nada más se publique en el BOE y aunque Puigdemont no responda afirmativamente y que incluirá el control de los recursos propios como tributos que la Generalitat recauda directamente y que ascienden a en torno a 250 millones de euros.

La “añagaza” o “sarcasmo” de pedir diálogo

Por su parte, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, consideró una “añagaza” y un “sarcasmo” que Puigdemont y otros líderes catalanes pidan diálogo y “que quienes se han negado al diálogo ahora vengan a decir que quieren diálogo”.

Méndez de Vigo no ha querido entrar a valorar la carta remitida por Puigdemont, Junqueras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al rey. En ella pedían ese diálogo político para permitir que los catalanes decidan su futuro.

“Diálogo sí, pero diálogo dentro de la ley”, porque “sin respetar la ley no hay democracia”, ha dicho.

Preguntado acerca de por qué el Gobierno no ha impedido el acto de apertura de campaña independentista, celebrado este jueves en la plaza de toros de Tarragona, el portavoz se ha limitado a asegurar que no es el Ejecutivo el que debe tomar la decisión sino las autoridades judiciales.