La 'operación Anubis' desmonta el referéndum independentista en 20 horas

Eran las 8 de la mañana del miércoles cuando los agentes de la Guardia Civil se personaron en el número 19 de Rambla Catalunya, donde se ubica la sede de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat, dirigida por Oriol Junqueras. Era el comienzo de una larga jornada en la que la infraestructura del referéndum del 1-O quedaría herida de muerte. La 'operación Anubis', dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, el juez Juan Antonio Ramírez, ha asestado un golpe casi definitivo a la organización de la consulta ilegal con la detención de los máximos responsables de la estructura independentista y la incautación de cerca de diez millones de papeletas.

Los registros en los departamentos de Economía, Exteriores, Trabajo y Gobernación de la Generalitat se prolongaron durante más de seis horas y se saldaron con la detención de 14 miembros del Govern de la veintena que investiga el juez por los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia por la preparación del 1-O. Entre los detenidos figuran el número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, el secretario de Hacienda, Josep Lluís Salvadó, Joan Ignasi Sánchez, asesor del gabinete de la consellera de Gobernación, Josué Sallent Rivas, responsable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), y Xavier Puig Farré, de la Oficina Asuntos Sociales.

A sus señorías la operación policial les pilló en plena sesión de control al Gobierno y Cataluña se apoderó del debate en el Congreso. El diputado de ERC Gabriel Rufián, abonado al tono elevado, "pidió" y "exigió" a Mariano Rajoy "que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas". "Hemos amanecido con la Guardia Civil frente a casas de nuestros amigos. Usted y sus lacayos están deteniendo a cargos electos catalanes simplemente por sus ideas", le reprochó al presidente del Gobierno antes de abandonar la cámara. Rajoy respondió que ésta es una operación llevada a cabo "por decisión del juez" y, no obstante, "estaban avisados".

La respuesta ciudadana no se hizo esperar. Inmediatamente después de la irrupción de la Guardia Civil en las instituciones catalanas, cientos de personas se concentraron de forma espontánea a las puertas de las diferentes sedes para protestar contra lo que consideran una demostración de la represión del Gobierno central. El epicentro de las manifestaciones se situó en la Consejería de Economía, lo que permitió a Junqueras realizar una entrada triunfal hasta su despacho entre aplausos y vítores de los asistentes.

Las concentraciones, no exentas de tensión con las fuerzas policiales, se extendieron y fueron ganando intensidad hasta prolongarse durante todo el día. A los cientos de personas que reclamaban con urnas simuladas y claveles su derecho a votar el 1 de octubre les siguieron la llamada de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural a tomar las calles, con discursos de sus presidentes incluidos.

Pero de nada sirvió que estos dieran por concluidas las movilizaciones pasada la media noche. Miles de personas continuaban en la puerta de Economía para impedir la salida de los guardias civiles, que finalmente pudieron abandonar el edificio gracias al despliegue de los Mossos d'Esquadra pese a los gritos, forcejeos y cargas. Los peor parados fueron los vehículos del Instituto Armado que permanecían estacionados a la entrada de la sede. Los asistentes no tuvieron piedad y los acabaron destrozando. No se conformaron con pinchar las ruedas, romper los cristales, abollarlos y forrarlos de consignas independentistas, también sustrajeron las armas de su interior, siendo posteriormente recuperadas. 

Ante la que se venía encima, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al igual que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también llamó a la movilización ciudadana, convocó a su Gobierno en una reunión de urgencia. En la declaración institucional que realizó rodeado de todos sus consejeros acusó al Gobierno español de llevar a cabo una "operación coordinada" para impedir el 1-O: "El Estado ha suspendido de facto el autogobierno de Cataluña y ha aplicado el estado de excepción".

Y en Madrid, el Gobierno actuaba. Lo que estaba sucediendo en Cataluña era serio y Mariano Rajoy convocó al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y al de Ciudadanos, Albert Rivera, con los que se reunió por separado en el Palacio de la Moncloa. Ayer no había fisuras: ambos respaldaban todas las actuaciones judiciales. Por su parte, el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió al president que no permitirá que el secesionismo "liquide la Constitución que ampara a todos los españoles" ni el "Estatuto de Cataluña". "Lo que no es democracia es desobedecer las leyes y buscar en manifestaciones callejeras una legitimidad que no tiene".

Aún quedaban emociones fuertes. La Policía Nacional irrumpió en la sede de la CUP pasadas las 13 horas. Los agentes buscaban pruebas de la participación de la formación política en la preparación del 1-O y en ello estuvieron durante cerca de siete horas. Fuera de la sede, más de lo mismo, cientos de personas concentradas respondían al despliegue policial con símbolos independentistas y cánticos como L'Estaca, "No pasarán" o "La calle siempre será nuestra". Una línea de antidisturbios y otra con agentes de paisano controlaban la situación.

Rajoy: "Están a tiempo de evitar males mayores"

Aunque los registros en algunas de las instituciones y las protestas se prolongaron hasta la madrugada, Mariano Rajoy daba por concluida la jornada en torno a las 21 horas con una declaración institucional desde la Moncloa. Aunque el operativo policial no formaba parte de una decisión del Gobierno, sino judicial, el presidente quiso dirigirse a los españoles para explicar la respuesta del Ejecutivo ante el desafío sobreranista. "Cada ilegalidad y vulneración tendrá su respuesta, que será firme, proporcionada y rigurosa". El mensaje a los dirigentes catalanes fue claro: "Están a tiempo de evitar males mayores".