La decisión del Gobierno de celebrar el sábado próximo un Consejo de Ministros extraordinario en el que aprobará las medidas para Cataluña que propondrá al Senado al amparo del artículo 155 de la Constitución, obligará a la Cámara Alta a retrasar el pleno para su convalidación al 30 o 31 de octubre. Fuentes de la institución presidida por Pío García-Escudero han reconocido a Efe que el calendario que hasta ahora manejaba la Cámara preveía esa sesión plenaria para el viernes 27 de octubre, pero siempre bajo el supuesto de que el Consejo de Ministros se reuniera hoy mismo.
Al hacerlo el próximo sábado, dos días más tarde, se hace casi imposible cumplir la previsión inicial. Y ello porque, antes de que el Pleno del Senado debata y vote las medidas, la propuesta tiene que pasar por una comisión parlamentaria, siguiendo una tramitación regulada en el artículo 189 del Reglamento en la que no hay plazos prefijados, de manera que se puede agilizar o retrasar según convenga.
Sin embargo, la celebración de sesión plenaria ordinaria la semana próxima, de martes a miércoles, complica la agenda, dado que una comisión no puede reunirse mientras haya pleno. Una vez que este sábado, 21 de octubre, el Consejo de Ministros apruebe las medidas, serán remitidas al Senado que tendrá que reunir a su Mesa -presidida por García-Escudero e integrada por PP, PSOE y PNV- para la pertinente calificación del escrito y la fijación del procedimiento para tramitarlo.
Todavía no está decidido, según han explicado las fuentes, cuándo se convocará esta Mesa, el mismo sábado 21 o el lunes 23. La reunión de la Mesa es importante porque este órgano, donde el PP tiene la misma mayoría absoluta que cuenta en el hemiciclo, se encargará de determinar si se da curso a las propuestas a través de la Comisión General de Comunidades Autónomas o mediante una comisión conjunta integrada por senadores de las comisiones afectadas.
Tanto fuentes gubernamentales como del PP dan por hecho que se elegirá la segunda opción, dado que su funcionamiento será mucho más ágil que en la otra. En la Comisión General pueden intervenir todos los presidentes autonómicos que quieran, además de los portavoces de los grupos parlamentarios y los de los grupos territoriales.
Del alcance de las medidas que plantee el Ejecutivo dependerá de cómo será la composición de esta comisión conjunta "ad hoc", integrada al menos por senadores de la Comisión Constitucional que preside el expresidente de la Cámara Juan José Lucas.
La comisión tendrá que reunirse como mínimo en dos ocasiones. Una para, según dice el artículo 189.3 del Reglamento, requerir al presidente de la comunidad afectada, en este caso Carles Puigdemont, a fin de que "en el plazo que se fije remita cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere pertinentes y para que designe, si lo estima procedente, la persona que asuma la representación a estos efectos".
Es decir, que además de enviar la documentación que crea conveniente para sus alegaciones, Puigdemont podrá acudir al Senado a defender su postura, bien en persona o mediante la persona que él determine.
Será entonces cuando se reúna por segunda vez la comisión conjunta, y, tras recabar documentos y testimonios, podrá ya formular una "propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas", tal y como señala el Reglamento.
Ello significa que el Senado podría cambiar las medidas acordadas por el Ejecutivo, al menos en teoría, porque en esta Cámara el PP no necesita del apoyo de ninguna otra formación para sacarlas adelante al contar con mayoría absoluta.
Esa misma mayoría le garantiza que serán aprobadas sin problemas en la sesión plenaria posterior que debatirá la propuesta procedente de la comisión y que, según establece el artículo 155 de la Constitución, requieren mayoría absoluta para poder aplicarse.
No obstante, el PP ha dejado claro que quiere contar con el mayor consenso posible a la hora de convalidar las medidas con las que el Gobierno quiere responder al desafío soberanista catalán mediante un artículo de la Carta Magna nunca antes puesto en práctica y de tramitación inédita en la Cámara Alta.
Los votos del grupo popular, del socialista y de Ciudadanos reunirían como mínimo de 214 senadores a favor de los 266 que conforman el Senado.