El Consejo de Ministros aprueba este sábado el acuerdo que despliega el artículo 155 de la Constitución. El Gobierno ha tomado esta decisión inédita en la historia de la democracia para restaurar la legalidad en Cataluña. Lo hace después de juzgar insuficiente la respuesta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a su requerimiento sobre la declaración de independencia en el Parlament.
El punto único del Consejo del sábado, según ha sabido este diario, dice literalmente que en base al artículo 155 se estudia la aprobación del "Acuerdo por el que se tiene por no atendido el requerimiento y se proponen al Senado las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y la protección del interés general".
Este acuerdo se ha negociado con el PSOE y Ciudadanos y es deliberadamente genérico. El Gobierno aprueba las líneas maestras del 155, pero el documento que se enviará al Senado no recoge la letra pequeña y los detalles más complejos de la intervención de la autonomía catalana. Esos detalles los guarda cada Ministerio bajo siete llaves. Los documentos ministeriales son los que desarrollan planes concretos de ejecución para, por ejemplo, tomar el control de los Mossos, la Hacienda y todos los organismos públicos.
El 155, por su carácter inédito y la negociación hasta última hora con el PSOE, genera ahora más dudas que certezas. Estas son todas las incógnitas que despejará el Gobierno este sábado.
1.¿Qué se anuncia el sábado?
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el acuerdo que despliega el artículo 155 de la Constitución. Este artículo faculta al Ejecutivo a adoptar las "medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".
El acuerdo que va a aprobar el Gobierno no es una ley o un decreto. Es un documento que establece un marco general de actuaciones. Dichas actuaciones prevén la progresiva toma de control de la Administración autonómica catalana para devolverla al marco legal que establecen tanto el Estatuto como la Constitución. Según ha informado el PSOE, el objetivo es celebrar elecciones en enero. El acuerdo debe tener el aval del pleno del Senado, que votará el próximo viernes.
El Gobierno ha dejado entrever que el despliegue del 155 es reversible si Puigdemont vuelve a la legalidad o convoca elecciones. Los plazos, que Rajoy está estirando al máximo, buscan que el bloque independentista acabe saltando por los aires y la Generalitat escoja la salida electoral a la crisis.
2.¿Qué ocurrirá con Puigdemont y sus consellers?
El acuerdo de este sábado debe aclarar qué ocurre con Puigdemont y sus consejeros. El Gobierno va a decidir si los cesa o los suspende total o parcialmente de sus funciones. Son detalles importantes. Si la Administración central quiere convocar elecciones en Cataluña debe asumir una competencia que corresponde en exclusiva al presidente de la Generalitat. El Gobierno prevé una aplicación progresiva del 155. Las primeras competencias que quiere asumir son las de seguridad, las económicas y las de presidencia.
Puigdemont puede negarse a aceptarlo y mantener la presidencia de una especie de Govern en el exilio pero sin salir de Cataluña. Ninguna decisión de ese Govern tendrá validez jurídica alguna. Sus decretos no tendrán efectos. Tampoco la gestión diaria, porque los bancos con los que trabaja la Generalitat sólo obedecerán las órdenes de la Administración central.
3.¿Hasta qué día tiene Puigdemont para evitar el 155?
Una vez que el Senado dé su aval al acuerdo del Consejo de Ministros, el Gobierno está facultado para empezar a aplicar el 155. Si Puigdemont quiere evitar la intervención de la autonomía debería dar marcha atrás o convocar elecciones antes del próximo viernes.
Si Puigdemont reactiva la declaración de independencia en el Parlament y automáticamente convoca elecciones, Rajoy puede frenar el 155 o mantenerlo. Aunque Puigdemont llame a las elecciones constituyentes, la realidad es que legalmente serían autonómicas.
4.¿Qué pasa si Puigdemont y sus consellers se atrincheran en el despacho?
El Gobierno baraja hacer valer su poder coercitivo sobre los funcionarios rebeldes en Cataluña con la figura de la suspensión, lo que les haría dejar de percibir su sueldo. En el caso de los miembros del Gobierno catalán, con Puigdemont a la cabeza, la duda es si desalojarán las instituciones que sean intervenidas por el Gobierno.
Las fuentes consultadas no cuentan por el momento con un plan en el caso de que se atrincheren en sus despachos y esperarán al desarrollo de los acontecimientos, aunque no se contemplan detenciones en el marco del artículo 155.
5.¿Cómo se gobernará Cataluña?
Moncloa va a delegar la gestión de la Administración interina de Cataluña en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, presidida por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Los integrantes de la Comisión se harían responsables en Cataluña de las mismas carteras que ya ocupan en Madrid. Mientras que técnicos de todos los ministerios se desplazarían a Barcelona para supervisar la gestión sobre el terreno y reportar a la vicepresidenta. No se tomarán decisiones políticas.
6.¿Habrá un 'gobernador' de Cataluña?
Es una de las dudas que mantiene el Gobierno y probablemente no se despejará el sábado. Moncloa se inclina por crear un Comisionado para Cataluña dentro del Gobierno. Es la persona que encabezaría la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Fuentes del Gobierno dicen a EL ESPAÑOL que ese Comisionado o Comisionada sería catalán.
7.¿Obedecerán los funcionarios y altos cargos a la nueva administración interina?
El Gobierno cree que la mayoría lo hará, pero no descarta que haya grupos de funcionarios que se nieguen. En cualquier caso, la única Administración legal será la central. El incumplimiento de sus funciones les puede acarrear sanciones que van desde la suspensión de empleo y sueldo a otras más graves.
8.¿Qué pasará con los Mossos?
El Gobierno tiene asumido que los Mossos d’Esquadra es uno de los primeros frentes que tendrá que asumir en su objetivo de hacer que se cumpla la Ley en Cataluña. La Policía autonómica tiene las competencias en materia de orden público y por tanto es el Cuerpo encargado de controlar las concentraciones callejeras que -se da por hecho- se sucederán en Cataluña desde este mismo sábado.
Se trata de un cuerpo con 17.000 efectivos en el que no hay un pensamiento uniforme, sino que está partido en dos por las últimas decisiones de sus responsables. Según informan a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de estos movimientos, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha escuchado en las últimas semanas el nombre de varios candidatos para asumir el control del Cuerpo, que dirige de forma operativa el mayor, Josep Lluís Trapero, investigado por sedición.
Su superior directo es Pere Soler, quien ordenó a sus agentes proteger de la Guardia Civil a los encargados de organizar el referéndum. Por su parte, al frente de la Consellería de Interior figura Joaquim Forn, quien siempre avanzó que los Mossos atenderían a las leyes del Parlament catalán a pesar del Tribunal Constitucional.
9.¿Qué pasará con TV3?
"¿Quién ha dicho que se vayan a intervenir los medios públicos?". Así ha respondido Rajoy este viernes en Bruselas a la pregunta de un periodista catalán. No está previsto que el Gobierno asuma el control editorial de TV3 y la radio pública, pero al hacerse cargo de la gestión económica tendrá teóricamente el control de los gastos.
Pero el 155 es un folio en blanco. Es posible que el Gobierno tenga previstos escenarios que contemplen un mayor control de los medios públicos, si por ejemplo se utilizan para llamar a la desobediencia de los funcionarios y la población en general.
10.¿Se tomará alguna medida de política educativa?
No. El Gobierno interino no adoptará decisiones políticas de este tipo.
11.¿Qué pasará con el Parlament?
Es otra de las grandes incógnitas. El 155 no está previsto para asumir el poder legislativo de una autonomía. El independentismo tiene la mayoría absoluta de la Cámara, pero el control del Boletín Oficial de la Generalitat será de la Administración central. La idea de convocar elecciones lo más rápidamente posible trata de evitar un choque de legitimidades entre Ejecutivo y Legislativo.
12.¿Cuánto durará la intervención del Estado?
Es una gran incógnita. Si las elecciones se celebran a final de enero y teniendo en cuenta el período de formación de nuevo Gobierno podría prolongarse al menos seis meses. Pero hay voces dentro de Moncloa que lo ven como un plazo demasiado optimista y creen que será necesario más tiempo para restablecer la legalidad. Rajoy no ha querido confirmar las elecciones en enero. Y algunas voces apuntan a primavera como fecha más probable.
13.¿Cuándo y cómo serán las elecciones?
La fecha que ha dado el PSOE las sitúa en enero, por lo que deberían convocarse en noviembre. Serán elecciones autonómicas al amparo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, supervisadas por la Junta Electoral Central. Está por ver si los partidos independentistas aceptarán la convocatoria o la boicotearán.
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