Rajoy cesará a Puigdemont y a todo el Govern con elecciones en seis meses

El Consejo de Ministros ha acordado pedir al Senado autorización para, al amparo del artículo 155 de la Constitución, poder cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todo su Govern y convocar elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses. Así lo recoge el documento que despliega el artículo 155 de la Constitución, con el que el Gobierno quiere restaurar la legalidad constitucional en Cataluña. El Ejecutivo enviará el acuerdo al Senado, que lo debatirá y votará en pleno el próximo viernes. 

El presidente del Gobierno, que ha comparecido ante los medios en La Moncloa tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, ha dicho que la intervención de la autonomía catalana busca cuatro objetivos: "Volver a la legalidad y restituir la vigencia de la Constitución y del Estatuto de autonomía; recuperar la normalidad y la convivencia, que se ha deteriorado desgraciadamente mucho en Cataluña; continuar con la recuperación económica y celebrar elecciones en situación de normalidad".

Rajoy, que insistió en que aplicar el 155 no era el "deseo" ni la "intención" del Gobierno, ha precisado que el plazo máximo para la celebración de las elecciones son seis meses, pero que su "voluntad" es ir a la urnas "cuanto antes". "No se suspende la autonomía de Cataluña", ha añadido Rajoy, quien ha explicado que la medida "cesa a las personas que han puesto ese Gobierno fuera de la ley, de la Constitución y del Estatuto de Autonomía".

El acuerdo, que ha adoptado el Consejo de Ministros extraordinario de este sábado, también prevé solicitar a la Cámara Alta el mantenimiento del Parlament de Cataluña, pero atribuye al Gobierno central capacidad de veto de iniciativas parlamentarias y la suspensión de la facultad de control al Ejecutivo por parte de la Cámara.

La "recuperación económica" fue uno de los puntos en los que Mariano Rajoy puso mayor enfásis, pues "es uno de los temas en los que más se ha faltado a la verdad". El presidente del Gobierno enumeró los problemas económicos que ya se están manifestando en Cataluña -"se han trasladado sedes sociales de empresas en un número que supera las 1.000, se han desincentivado la inversiones, se ha desmotivado el turismo (importantísimo en el PIB catalán..."- y ha avisado de los problemas que implicaría una posible independencia: "Cataluña abandonaría la Unión europea y la Organización Mundial del Comercio pasando a ser un país tercero a efecto de relaciones, desaparecían todas las facilidades que aporta el Banco Central Europeo -por eso ninguna empresa se queda en Cataluña, en defensa de sus intereses y de los de sus clientes-, habría un problema de contracción del crédito y una inflación desproporcionada, y todo ello llevaría a un empobrecimiento de entre el 25% y el 30%".

Mossos, economía y telecomunicaciones

La propuesta de autorización tiene tres apartados específicos relativos a los ámbitos de la seguridad (los Mossos quedan bajo la batuta del Ministerio del Interior), economía y finanzas y telecomunicaciones. Este último apartado se refiere al control del Centro de Tecnologías de la Información de Cataluña (CTTI), un organismo clave en el funcionamiento de la Generalitat y que ha tenido un papel esencial en el desarrollo del proceso soberanista.

El documento hace alusión a la Ley de lo Audiovisual de Cataluña para recordar que en su articulado establece que los medios de comunicación pública deben ser neutrales, pero no hay ninguna medida específica sobre la intervención de TV3 y Catalunya Radio.

La idea del Gobierno es utilizar el tiempo que el Senado tardará en autorizar las medidas -previsiblemente serán aprobadas el próximo viernes- para redactar el decreto de organización en el que se detallará la toma de control de la Administración catalana.

La ley de la Comunicación audiovisual de Cataluña dice que "son misiones específicas del servicio público de comunicación audiovisual de competencia de la Generalidad: el impulso del conocimiento y el respeto de los valores y los principios contenidos en la Constitución española, el Estatuto de autonomía, el derecho comunitario originario y los tratados internacionales".

La pretensión es hacer una "intervención mínima" con un diseño "muy sencillo" que permita revertir la quiebra de la legalidad en el plazo más breve posible.