Cataluña y Aragón pugnan desde hace años por el tesoro de Sijena (Huesca), 44 pinturas de arte sacro que la Generalitat conserva en el Museo de Lleida, pero que pertenecen al monasterio oscense. El juez encargado del pleito, Antonio Martín González, obligó al Govern a devolver esos bienes, pero el Ejecutivo de Puigdemont se negó.
Con la aplicación del artículo 155, el magistrado del juzgado de primera instancia número 1 de Huesca vio en la intervención de Estado una oportunidad para que Cataluña cumpla y entregue el tesoro a su dueño original. Sin embargo, el ahora 'conseller' de Cultura tras la aplicación del mecanismo constitucional, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, se muestra reacio a ser él quien tenga que postularse por una Administración u otra.
El verdadero "Cataluña nos roba"
Tras el Consejo de Ministros de este viernes, el ministro portavoz zanjó el tema con una escuetísima respuesta. Méndez de Vigo reconoció que le había llegado la providencia del juzgado el jueves y que contestará dentro de los plazos previstos, pero se negó a concretar el sentido de su directriz. "Es un tema muy controvertido entre ambas comunidades", afirmó para después asegurar que "analizará" con detalle el requerimiento judicial.
Rajoy quiere inmiscuirse lo menos posible en asuntos de la Generalitat
Para evitar zanjar la polémica, fuentes del entorno del ministro portavoz recuerdan que la intervención del Estado en Cataluña terminará cuando el futuro Govern tome posesión a comienzos de 2018. Con esta afirmación se entiende que el ministro 'conseller' justificará su inacción con el "poco tiempo" que estará el Ejecutivo de Rajoy al frente de la Generalitat: "Apenas dos o tres meses".
No obstante, Méndez de Vigo se comprometió a "estudiar en profundidad" la cuestión y sus antecedentes. Pero el ministro no dio ni una fecha concreta sobre cuándo enviará su respuesta ni prometió atender la petición judicial. El objetivo del Gobierno es inmiscuirse lo menos posible en los asuntos de una Generalitat que funciona "con absoluta normalidad" desde que sus dirigentes fueron cesados el 27 de octubre. Por eso en el Gobierno de Mariano Rajoy consideran que ser ellos los que devuelvan a Aragón unos bienes que hoy se encuentran en Cataluña sería "abrir una guerra innecesaria".