Tanto el lehendakari Íñigo Urkullu como el Síndic de Greuges y el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, han desmentido a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que el viernes aseguró que el Gobierno había amenazado al exGovern de la Generalitat con "violencia extrema con muertos en la calle" si, tras el referéndum del 1 de octubre, no ponía fin al proceso independentista.
Desde, el Síndic de Greuges (que vela por el buen funcionamiento de las Administraciones en Cataluña), Rafael Ribó ha sido quien ha negado que la institución avisara al Govern cesado en tales términos, saliendo así al paso de las informaciones publicadas en este sentido por el diario Ara. Ribó ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio que sólo habló de "contundencia", nada más.
Por su parte, fuentes del gobierno vasco han asegurado a El Periódico de Catalunya que Urkullu en ningún momento tuvo conocimiento de que el Ejecutivo español amenazara al Govern con "muertos en la calle" si salía adelante la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
Estos posicionamientos se suman al comunicado que emitió el pasado sábado el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, quien negó "categóricamente" que en su intento de mediación entre el gobierno catalán y el español antes de la DUI se advirtiera de violencia del Estado.
En un escueto comunicado emitido por el Arzobispado de Barcelona, el cardenal desmentía "las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación sobre las informaciones de violencia de Estado, en caso de que el gobierno de la Generalitat hubiese hecho una DUI".
Urkullu ha defendido incluso que se estuvo "muy cerca de una solución" a la crisis institucional en Cataluña. Y, según recoge El Periódico, tanto el Gobierno vasco como el PNV estaban convencidos de que el Govern iba a convocar elecciones anticipadas y evitar la DUI, una decisión que finalmente no se produjo para sorpresa y decepción de los nacionalistas vascos.
Indignación en el Gobierno
La secretaria general de ERC, Marta Rovira, denunció el viernes en los micrófonos de RAC1 que el Gobierno "amenazó" por "múltiples vías" con enviar al Ejército y con "muertos en las calles" si el Govern mantenía sus planes de la declaración unilateral de independencia, un escenario de "violencia extrema" que "no estábamos dispuestos a asumir".
Enseguida, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, calificó estas afirmaciones de "burda patraña", negó rotundamente las acusaciones, y afirmó que "los dirigentes secesionistas están acostumbrados a mentir".
También el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que las afirmaciones de Rovira son "una vergüenza. Ya no hay calificativo que tenga para aplicar a esa afirmación. Dejémoslo en que es absolutamente falso. Es una enorme mentira y, sobre todo, es una vergüenza".
Y este lunes los mediadores, con sus declaraciones, han dado la razón al Gobierno y han puesto en evidencia a Marta Rovira que, sin embargo, mantiene sus afirmaciones.