El Gobierno que dirige Mariano Rajoy no abordará antes de que finalice 2017 la reforma de la financiación autonómica. El jefe del Ejecutivo se comprometió en la Conferencia de Presidentes que se celebró en enero a abordar este tema antes del 31 de diciembre. Sin embargo, fuentes del departamento de Hacienda han reconocido este miércoles que el debate se pospone hasta el año que viene, en gran medida, para que ningún barón autonómico pueda concluir que el Ejecutivo beneficia a Cataluña.

El Ejecutivo y las demás formaciones políticas están más centrados ahora en el desafío secesionista y reconocen que no han tenido tiempo de sentarse para buscar una solución al actual sistema de financiación que contente a las 17 autonomías. Preguntado al respecto a su salida del pleno, el propio Mariano Rajoy ha reconocido que le gustaría aprobar el nuevo sistema "lo más pronto posible".

Los Ejecutivos autonómicos están inmersos en este momento en preparar las propuestas que presentarán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Una vez que se debata en ese primer organismo las sensibilidades de cada autonomía, el Gobierno abordará el asunto con los grupos políticos en la comisión territorial puesta en marcha en el Congreso de los Diputados y en la que no están ni los nacionalistas ni Podemos.

El Gobierno busca concienzudamente el apoyo del PSOE porque, subrayan desde el ministerio de Hacienda, el acuerdo al que se llegue tendrá que ser aprobado en el Parlamento. El Ejecutivo subraya que el sistema que pretende aprobar es uno basado en la igualdad de todos los españoles, la solidaridad y la corresponsabilidad. En ningún caso pretende que de ese pacto se deduzca que hay un pacto fiscal específico para Cataluña ni ningún privilegio.

Los territorios esperan ahora la propuesta que lance el Ministerio y que debería estar lista esta misma semana, según aseguró hace unos días el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. Sin embargo, el nerviosmismo empieza a cundir en algunos territorios socialistas,que observan cómo el Ejecutivo cierra un acuerdo con País Vasco y consideran que el Gobierno no tiene prisa por abordar este asunto con ellos.