Las 15.000 abstenciones forzosas del 21D: los discapacitados intelectuales exigen votar

En España hay unas 80.000 personas con algún tipo de discapacidad intelectual que además de sufrir discriminaciones laborales y sociales se ven privadas de un derecho básico: el derecho al voto.

Estas personas han sido declaradas judicialmente como incapacitadas, son aquellas personas que tienen un coeficiente intelectual menor a 70, un criterio que no es suficiente para denominar una persona como incapacitada: a un niño le puede costar más aprender a leer, pero lo acabará haciendo -a su ritmo- y puede convertirse en un gran lector.

Sin embargo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) cree que a las personas con discapacidad intelectual no se les puede "quitar un derecho tan básico como el voto" que les hace renunciar de manera forzosa a su representatividad como ciudadanos. Y no lo creen solo ellos: de hecho la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada en 2008, declaró que estas personas podían votar. Además, afirman que se incumple el artículo 24 de la Constitución española que "reconoce este derecho y configura cómo debe poder ser ejercido". 

En las elecciones generales de 2015 96.418 personas no pudieron votar por ser discapacitados intelectuales. Los próximos comicios, las elecciones autonómicas de Cataluña del 21 de diciembre, serán 14.650 catalanes los que no podrán votar. 

"No se puede penalizar a quien quiere votar"

Según Jesús Martín, delegado de Derechos Humanos de CEMI, todas "las personas cuya capacidad judicial sea modificada, ya sea por discapacidad intelectual o enfermedad mental o personas mayores con enfermedades neurodegenerativas, deben poder ejercer su derecho al voto". Pero no pueden hacerlo porque la actual Ley de Régimen electoral "obliga que en la sentencia de modificación de la capacidad se determine la capacidad para el ejercicio del derecho al voto. Esta evaluación sobre conocimientos políticos sólo se realiza sobre estas personas, y en función de ésta se determina si pueden votar. Esto supone un examen que prejuzga la calidad del voto y que no respeta el marco constitucional, pues la Constitución habla de libertad, y medir la libertad en un mundo en el que estamos sometidos a continuas presiones para orientar nuestra forma de pensar es imposible", explica Martín.

Desde el colectivo creen que la razón principal por la cual no se deja votar a estas personas es por el riesgo de que sean manipuladas, pero no se debería "penalizar a quien desea votar, sino a quien quiere manipular". Para Martín lo que se debería hacer es "establecer formas de apoyo en el proceso de toma de decisiones, y penalizar, como ya lo está ese proceso de tratar de influir sobre la libertad de elección".

Para el gerente de Down España, Agustín Matía, el problema sobre la restricción del voto del colectivo con discapacidad intelectual radica en la "aplicación estricta" de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) por determinados jueces, que en sus sentencias realizan una definición de la capacidad de la persona para determinar si puede o no ejercer su derecho al sufragio.

A su juicio, la "cuestión de fondo" es que en España actualmente a ninguna persona se le pide una explicación o valoración sobre el partido o candidato al que vota, ni una demostración de si comprende o no los mensajes o programas. "¿Por qué se exige esto a las personas con discapacidad intelectual y al resto no?", se pregunta Matía, que recuerda que la gente puede apoyar a un partido porque le gusta el color de sus siglas o la sonrisa de su candidato. "El sistema electoral también tiene que ser abierto para las personas con discapacidad", asegura este representante de Down España, que compara la situación que viven ahora miles de ciudadanos con discapacidad con la de las mujeres en España a las que se les impidió votar hasta 1933.

Acabar con el "Guantánamo" del derecho al voto

Ahora, seis años más tarde de que Naciones Unidas instara al Gobierno español a modificar la LOREG, el Congreso de los Diputados ha dado el primer paso para cambiarla y no penalizar a las personas con discapacidad. Un avance del que los afectados se sienten orgullosos y que cree que les permitirán acabar con el "Guantánamo" en el que viven, según el presidente de CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.

El Hemiciclo ha acordado, con el apoyo de todos los grupos, estudiar la reforma de la ley electoral. Una decisión que se tomó a raíz de una proposición de ley de la asamblea de Madrid que pidió modificar la LOREG para permitir que las personas con discapacidad intelectual voten. La iniciativa legislativa de la Asamblea de Madrid, promovida por el Grupo Parlamentario Socialista madrileño a propuesta del CERMI, recoge que “las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la Ley”, explica Martín.