El ministro de Cultura tenía catorce días para responder el requerimiento judicial que le llegó este mismo martes para que proceda a la devolución inmediata de los 44 bienes que pertenecen al monasterio de Sijena pero que todavía están en Cataluña. Íñigo Méndez de Vigo decidió no agotar el plazo y respondió de forma inmediata a la providencia del magistrado. Con esta decisión, ha conseguido dos cosas: reforzar el mensaje de que "este Gobierno cumple con las decisiones judiciales" y meter de lleno el conflicto en la campaña electoral.

Tras años de litigios entre las dos autonomías porque ambas, Aragón y Cataluña, quieren ser las propietarias de esas obras tesoro, el ministro de Justicia está dispuesto a devolver las obras a Aragón aprovechando que ahora es él el responsable de Cultura de la Generalitat. En un receso en el pleno del Senado, Méndez de Vigo ha recordado que "todos debemos cumplir las decisiones judiciales" y ha insistido en que "este Gobierno cumplirá con cualquier decisión judicial".

En el Ejecutivo ya trabajan con la idea de que el bloque independentista aprovechará esta decisión -que el ministro toma como consejero de Cultura de la Generalitat desde que se aplicó el 155- para volver a "vender la idea de que el Estado opresor ha convocado unas elecciones ilegítimas". La reacción no ha tardado en llegar. El exconsejero de Cultura, Lluis Puig, lanzaba esta misma tarde un mensaje desde Bruselas, donde está huido junto con Carles Puigdemont: "Un puente más roto", decía. La diputada independentista Àngels Ponsa añadía, también por redes sociales: "Es una vergüenza la ofensiva del Govern del PP a nuestra cultura. ¿Quién será el siguiente? El 21-D votemos en coherencia".

Para el Gobierno, lo más importante en este asunto es la posición que toma Ciudadanos. "Hasta ahora han pedido que se acate la ley y se devuelvan esos bienes a Aragón. ¿Lo van a mantener en plena campaña?", se preguntan. En Cataluña, el partido que preside Albert Rivera es la formación que aglutina más votos en el bloque constitucionalista y el PP el que menos, con muchísima diferencia. Fuentes del partido naranja se limitan a "respetar las decisiones judiciales. Es una pena que el Govern de la Generalitat no intentara un acuerdo con el Gobierno de Aragón".

¿Una trampa?

La decisión repentina del Ejecutivo de poner fin a esta batalla judicial ya se interpreta en algunos círculos del bloque constitucionalista como una trampa a Ciudadanos, ya que coloca a su partido rival en una difícil situación. Si Inés Arrimadas se coloca al lado del Gobierno en este conflicto en un momento como el actual, donde cada voto cuenta para ganar al bloque contrario, puede provocar la fuga de apoyo a la candidata más fuerte de los líderes catalanes que defienden la unidad de España. Sobre todo si los independentistas exprimen el conflicto para sacar rédito electoral y consiguen equiparar a Ciudadanos con el Gobierno de Mariano Rajoy.

El calendario que maneja el Ejecutivo central es que esos bienes puedan ser devueltos a su lugar de origen en un plazo de un mes. El límite que se han impuesto es cumplir con la sentencia judicial antes de que el futuro Govern tome posesión. Para quitar hierro al efecto que podría tener ver cómo esos objetos de cuantioso valor cruzan la frontera entre Cataluña y Aragón, desde el Ejecutivo recuerdan que "Santi Vila -antiguo consejero de Empresa y Conocimiento- devolvió 56 de 96 de esos bienes y no pasó absolutamente nada".

"Prudencia"

La polémica ya ha estallado. El alcalde de Lleida, el socialista Angel Ros, ha pedido este mismo martes una reunión extraordinaria y urgente del consorcio del Museo de Lleida para evaluar la situación. El primer edil ha asegurado que él mismo pidió al ministro que aplicara el criterio de "prudencia" al asunto y se indigna por haber conocido la resolución "a través de los medios de comunicación".

Los conservadores pretenden transmitir la idea a la sociedad catalana de que, al igual que piden a Carles Puigdemont y los exconsejeros que cumplan con la ley, el Ejecutivo también acata las sentencias que llegan desde los tribunales. De momento, Méndez de Vigo ya ha ordenado a la Consejería de Cultura de la Generalitat de Cataluña que diseñe una relación de todos los bienes que obran en su poder, dónde se encuentran y cuál es su estado. Una vez que tenga el listado, si es que los funcionarios acatan la orden, procederá a su devolución.