La ley anticorrupción enfrenta a Cs y PP: Rivera ya negocia con PSOE y Podemos

La lucha contra la corrupción ha vuelto a enfrentar a Ciudadanos y el PP. El partido naranja negociará su ley integral contra la corrupción y de protección al denunciante con el PSOE y Unidos Podemos. Ciudadanos ha decidido buscar una mayoría alternativa tras las enmiendas presentadas por el PP, que, dicen, pretendía minimizar el alcance de la reforma.

PSOE, Podemos y Ciudadanos intentarán repetir acuerdo al margen del PP. Lo han hecho en otras ocasiones, como en el caso de la comisión Bárcenas. Pero no es lo habitual. El pacto de investidura entre Albert Rivera y Mariano Rajoy ha encontrado bastantes dificultades para materializarse en reformas de regeneración democrática.

Pregunta de Girauta

Gobierno y Ciudadanos han chocado en la limitación de mandatos, la supresión de aforamientos y ahora la ley integral contra la corrupción. El portavoz del grupo naranja, Juan Carlos Girauta, preguntará esta semana al Gobierno en la sesión de control si piensa cumplir los acuerdos de regeneración. 

"Dijimos que esta legislatura marcaba un antes y un después en la lucha contra la corrupción y si el PP no quiere acompañar estas reformas, hay partidos en la Cámara que están dispuestos a hacerlo", dicen fuentes de Ciudadanos.

El partido naranja acusa al PP de intentar "descafeinar" la ley. Y señalan como principales puntos de desencuentro la prohibición de los indultos por corrupción y las medidas concretas de protección al denunciante. "Si no hay condiciones claras de protección es como no proteger. Los denunciantes son generalmente funcionarios", dicen fuentes de la dirección de Ciudadanos. 

El PP pretende que el órgano de nueva creación encargado de tramitar las denuncias sobre posibles casos de corrupción dentro de la administración no sea una autoridad independiente, como propone Ciudadanos, sino que esté adscrita al Ministerio de Hacienda y que su máximo responsable no sea elegido por el Pleno del Congreso, sino por el Consejo de Ministros. En concreto, apuestan por una Oficina Independiente de Integridad Pública, con rango de dirección general.

Sin embargo, en las enmiendas parciales registradas por los grupos, que publicó Europa Press, el PSOE y Unidos Podemos mantienen el carácter independiente de este organismo. El partido naranja defiende que los candidatos los propongan los grupos parlamentarios y comparezcan en comisión para evaluar su idoneidad. En cambio, el PSOE quiere que los aspirantes salgan de una convocatoria pública y que su idoneidad la evalúe un comité asesor, aunque también comparezcan en comisión antes de que sus nombres se eleven al Pleno para ser votados.

El acuerdo es posible

Hay otras discrepancias entre el PSOE, Ciudadanos y Podemos. Por ejemplo, el partido morado es partidario de que organizaciones sociales puedan proponer candidatos. Ciudadanos quiere que sean profesionales de reconocido prestigio, pero que no puedan aspirar quienes en la década anterior hayan desempeñado un mandato representativo, un alto cargo de elección o designación política o haya estado en directivas de partidos o sindicatos. El PSOE juzga excesivas estas limitaciones.

Fuentes de Ciudadanos confían en que, a pesar de las lógicas diferencias, se alcance un acuerdo. Aseguran que las discrepancias son mucho menores que las que les separan ahora mismo del PP. Ciudadanos espera negociar durante la ponencia.