Semana crucial en Cataluña en la que se despejarán muchas dudas que hoy nublan el complicadísimo tablero político autonómico. La sentencia del caso del Palau de la Música se dará a conocer este lunes. El fallo desvelará por fin si Convergència Democràtica de Catalunya y su extesorero, Daniel Osàcar, recibieron comisiones millonarias de Ferrovial a cambio de concederle obra pública. La Audiencia de Barcelona hará pública su sentencia a la antigua PdeCAT en un momento extremadamente delicado: a dos días de que se constituya el nuevo Parlament, justo cuando las negociaciones entre la formación que hoy lidera Carles Puigdemont y ERC están más tensas que nunca por ver qué partido es capaz de imponer su criterio al otro.

Aunque los herederos de la antigua CDC intentarán amortiguar el golpe de la sentencia alegando que son hechos del pasado, a Puigdemont se le complica cada vez más su estrategia de ser elegido presidente a través de una investidura telemática. Hasta el presidente del PDeCAT, Artur Mas, presentó su renuncia el martes para que su figura sirva de cortafuegos entre el pasado que se juzga este lunes y un presente marcado por la incertidumbre.

El impacto que el caso Palau ha tenido sobre CDC ha sido ya determinante. El partido cambió hasta de nombre para despojarse de ese lodo, pero sin ninguna duda la formación del fugado Puigdemont tendrá que pagar las consecuencias de los excesos del pasado. Faltan por conocer, además, las responsabilidades económicas que tendrán que pagar los acusados y el propio partido.

Acatar el 155 a cambio de la libertad

El independentismo está también pendiente de si el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, deja en libertad al exconsejero Joaquim Forn y a los líderes independentistas Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural). Los tres han renegado del 1-O y de la vía unilateral y han acatado el 155 ante el magistrado con la idea de lograr su libertad provisional. Sin embargo, Llarena podría considerar que existe riesgo de reiteración delictiva y mantener a los tres entre rejas.

Tanto Forn como Sànchez son diputados electos y podrían tomar posesión de su acta  el miércoles, día en que se constituirá el Parlament, si antes fueran puestos en libertad. El primer pleno de la Cámara autonómica se antoja más complicado que el último, cuando se aprobó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Una hora después el Senado daba su autorización para poder aplicar el artículo 155 de la Constitución. El presidente Rajoy disolvió ipso facto la Cámara autonómica, destituyó al Govern y convocó elecciones.

Los diputados electos el 21-D se sentarán por primera vez este miércoles en la cámara. La sesión constitutiva del Parlament se antoja también muy compleja. La primera pregunta aún sin resolver es quién será el presidente del Parlament una vez que la actual presidenta, Carme Forcadell, ya ha anunciado que no repetirá y pide un candidato libre de cargas judiciales para que aguante al menos lo que dure la legislatura.

La conformación de la Mesa, clave

En esa quiniela gana enteros el exeurodiputado republicano Ernest Maragall, un candidato de ERC que tiene 75 años. La presidencia de la Mesa y la mayoría del separatismo en ella (hay siete puestos) es clave para ver cómo se interpreta el Reglamento en el caso de que Puigdemont solicite presentar su candidatura desde Bruselas. La ausencia de ocho diputados del bloque separatista -tres de ellos están en prisión y cinco en Bruselas- dejaría a los independentistas sin mayoría cuando la Cámara vote la conformación de la Mesa.

Si finalmente el hermano del expresident Pasqual Maragall es el elegido para presidir el Parlament, su primera decisión será decidir si acata los informes que redactarán los letrados acerca de la legalidad de presentar un programa fuera del Parlament.

JxC y ERC no se ponen de acuerdo

A 48 horas de la cita, JxC y ERC no son capaces de ponerse aún de acuerdo sobre cuál es la fórmula más apropiada para que ambos partidos no se sientan defraudados por su socio preferente. Puigdemont quiere intentarlo a toda costa y desde Esquerra optan por una vía más "realista": recuperar la gestión desde las instituciones.

La secretaria general del partido, Marta Rovira, hablaba el sábado de "realismo" y el propio exvicepresidente Oriol Junqueras escribía desde la cárcel una carta en la que afirmaba que Cataluña está en "manos del PP" y que, por tanto, la "prioridad" debe ser "implementar el resultado del 21-D". No hacerlo, aseguraba, sería "una temeraria huida hacia delante".

Papel clave del Tribunal Constitucional

Si Puigdemont opta por llegar hasta el final y que la Mesa retuerza el Reglamento del Parlament para presentar su proyecto por plasma, el expresidente cesado se encontrará de bruces con el Tribunal Constitucional. Tanto el Gobierno como los partidos constitucionalistas con representación en el Parlament impugnarán de inmediato esa opción. Nadie duda de que el Alto Tribunal bloqueará ese atajo al exalcalde de Gerona, cuyo principal propósito sigue siendo huir de la Justicia española.

¿Presidente o elecciones?

Qué pueda pasar a partir de entonces es una incógnita. Una vez que se constituya el Parlament este miércoles, deberá celebrarse un debate de investidura en los diez días hábiles posteriores. Maragall, o quien presida el Parlament, abrirá seguramente el mismo jueves una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para sondear las opciones de sus candidatos a intentar gobernar la Generalitat. Será ahí donde ERC y JxC deberán cerrar un acuerdo y confirmar si los dos grupos votarían a Puigdemont -u otro candidato- para que Cataluña vuelva a tener un presidente independentista.

En el caso de que el debate sea fallido hay dos meses de plazo para que se celebre un segundo debate. En este período se abriría un nuevo horizonte en el que Inés Arrimadas, por ejemplo, también podría tomar la iniciativa y sondear a los partidos constitucionalistas y a En Comú Podem acerca de sus opciones de sacar su proyecto adelante. En el caso de que ni Arrimadas ni ningún líder independentista obtuviese el apoyo mayoritario de la Cámara, Rajoy disolvería de nuevo el Parlament con el 155 aún en vigor y convocaría de nuevo elecciones.