Rajoy recurrirá si Puigdemont y los consejeros huidos votan desde Bruselas

Mariano Rajoy recurrirá de forma "inmediata" ante el Tribunal Constitucional si la Mesa que se conforme este miércoles en el Parlament de Cataluña permite que voten los cinco diputados electos que están huidos en Bruselas. Así lo ha confirmado el presidente del Gobierno en una conversación informal con periodistas en una recepción oficial en el Palacio de la Moncloa.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena solo delegó en la Mesa del Parlament la posibilidad de que los tres parlamentarios electos que están en prisión puedan votar -o no- desde la cárcel. Sin embargo, el magistrado no se pronunció sobre si existía alguna opción de que los diputados que están fuera de España puedan delegar su voto a través de alguna fórmula, un escenario que descartan en Madrid. El Ejecutivo está decidido a impugnar cualquier vía que permita a los diputados que se saltaron la ley votar en el Parlamento desde fuera de la Cámara.

Fuentes gubernamentales aseguran que esperarán a analizar la fórmula que utilice la Mesa para permitir votar a Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez para estudiar si es posible su impugnación. Si ven algún tipo de ilegalidad en la vía elegida, "se impugnará".

Para Rajoy, la solución para normalizar la situación política en Cataluña pasa porque los independentistas presenten un candidato "limpio" a la presidencia de la Generalitat. El presidente del Gobierno piensa que un "mensaje malo" sería que el bloque secesionista se inclinara por dos vías. La primera, obcecarse en que Carles Puigdemont sea investido desde Bruselas. La segunda, investir a cualquier candidato con "causas judiciales" a sus espaldas como podría ser el exvicepresidente Junqueras.

El presidente del Gobierno insistió en que desde Madrid se recurrirá cualquier "acto administrativo" que se aleje de la legalidad vigente y confía en que más de un miembro del bloque independentista opte por seguir los pasos de la todavía presidenta del Parlament, Carme Forcadell: abandonar la vida pública para no verse obligado a hacer algún acto ilegal. El jefe del Ejecutivo, además, cree que aunque el bloque secesionista ahora está muy dividido antes de que se cumpla el plazo para disolver la Cámara -el 31 de marzo- llegarán a un acuerdo 'in extremis' para salvar la legislatura.