Tras escuchar el discurso del nuevo presidente del Parlamento catalán, el Gobierno respira un poco más tranquilo aunque vigile con lupa cada paso que da el independentismo. El Ejecutivo considera que la sesión constitutiva de la Cámara se ha celebrado con "cierta normalidad" y cree que el primer discurso del ya presidente del Parlament "no empeora la situación".
Torrent: "Voy a respetar el derecho de expresión de los que están aquí y de los que no"
La Mesa de edad, el órgano encargado de dirigir la primera sesión parlamentaria de la Cámara, permitió sin ningún reparo que los tres diputados encarcelados votaran en la sesión constitutiva a través de un voto delegado. Sin embargo, el Ejecutivo asegura que "en ningún caso" las decisiones que ahí se tomaron pueden "crear precedente" para futuras votaciones. En otras palabras, el Gobierno cree que será la Mesa que ahora preside Torrent la que tendrá que volver a valorar si permite -o no- que los diputados que están encarcelados puedan delegar su voto en otras votaciones como la de la investidura.
Tras la primera sesión del nuevo Parlament, la sensación que ha llegado a Moncloa es esperanzadora. El presidente Roger Torrent reconoció la legitimidad de los 135 diputados de la Cámara, incluidos los constitucionalistas. Una declaración de intenciones que "no empeora" las relaciones ya complicadas con Madrid. De hecho, el Gobierno confía prácticamente todo en que ERC frene a Carles Puigdemont y no le permita forzar una investidura a distancia para que las aguas vuelvan por fin a su cauce.
El presidente, presente
Fuentes gubernamentales recuerdan ahora que el propio Torrent aseguraba la semana pasada que respetaría lo que dijesen los letrados sobre su investidura a la hora de tomar una decisión sobre quién debe ser el candidato a la Generalitat. Son ellos, aseguraba el sustituto de Carme Forcadell, "los encargados de definir cómo se interpreta el reglamento". El dictamen fue contundente: el debate de investidura es un acto personalísimo y es "imprescindible" que el candidato presente su proyecto en la Cámara.
El Gobierno tenía preparado el recurso de inconstitucionalidad para presentarlo este mismo miércoles en el supuesto de que los cinco diputados huidos a Bruselas hubieran delegado su voto. No ha hecho falta porque Carlos Puigdemont, Clara Pontasí, Meritxell Serret, Toni Comín y Lluis Puig han decidido finalmente no delegarlo. El Gobierno celebra con satisfacción este hecho porque cree que ha sido precisamente esta advertencia previa la que ha hecho recular a los parlamentarios huidos.
Pura "escenificación"
Los asesores jurídicos del presidente del Gobierno han estudiado todos los escenarios posibles que se dibujan a partir de ahora. Si Puigdemont insiste en ser investido sin pisar suelo español, el Ejecutivo recurrirá "de forma inmediata". Fuentes gubernamentales están convencidos de que el pacto entre Junts per Catalunya y ERC es una "simple escenificación" para ganar tiempo, pero confían en que el partido republicano no satisfaga las pretensiones de Puigdemont y éste dé un paso al lado.
De nuevo, el Ejecutivo confía en un candidato "limpio" de cargas judiciales para iniciar una senda de entendimiento entre las dos administraciones para devolver la estabilidad a los catalanes. El artículo 155 decaerá de forma automática en el momento en el que el nuevo Gobierno de la Generalitat tome posesión de su cargo.