El PP intenta suspender in extremis la declaración de Pedro J. Ramírez en la comisión Bárcenas

El PP intenta evitar la comparecencia del director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la presunta financiación ilegal de los populares. En una carta firmada por su portavoz Rafael Hernando, el PP pide "suspender" la sesión del martes 23 de enero, en la que están citados Ramírez y el periodista de El País Óscar López-Fonseca, porque coincide con una reunión de la Diputación Permanente de la Cámara. PSOE, Podemos y Ciudadanos se han opuesto a esta petición, que también rechazan los letrados del Congreso.

No es la primera vez que el PP maniobra contra la comparecencia del director de EL ESPAÑOL, citado por Podemos -con el apoyo de PSOE y Ciudadanos- en la llamada comisión Bárcenas. En noviembre, el PP consiguió posponer la sesión, prevista para el 12 de diciembre, porque coincidía con la campaña para las elecciones catalanas del 21-D. La sesión se retrasó al 23 de enero.  

"Presión fuerte" del PP

El PP ha ido ahora un paso más lejos. Según la carta de Hernando a la que ha tenido acceso este diario, ya no pide un aplazamiento sino directamente la "suspensión". El PP argumenta que los diputados del Grupo Popular miembros de la comisión pertenecen también a la Diputación Permanente y que no sería posible su asistencia el martes. Los miembros del PP en la comisión Bárcenas son Beatriz Escudero, Fernando Martínez-Maillo, Francisco Molinero, Carlos Rojas y Eloy Suárez. De ellos, Martínez-Maillo y Rojas son vocales titulares de la Diputación Permanente, pero Suárez y Escudero son suplentes y Molinero no está en este órgano. 

Es decir, el Partido Popular podría estar representado en la comisión por al menos tres diputados en caso de coincidir con la Diputación. Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL indican que el PP llevaba algunas semanas proponiendo a los grupos esta suspensión de la comparecencia de Ramírez con diversas excusas como, por ejemplo, la inestabilidad en Cataluña. Las presiones, dicen, "están siendo fuertes".

Ciudadanos, PSOE y Podemos han coincidido en que no hay razón objetiva ni impedimento formal para que se celebre la sesión. Así lo entienden también los letrados de la Cámara. La convocatoria estaba hecha formalmente desde hace un mes. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, envió una carta a Ramírez con su citación para el próximo 23 de enero. La ley que regula las citaciones a comisiones parlamentarias de investigación estipula que un cambio de fecha por "razones de urgencia" debe comunicarse en un plazo de al menos tres días. La oposición no cree que concurran razones de urgencia para cancelar la sesión. 

Sobre la coincidencia en el tiempo con la Diputación Permanente, fuentes de los tres partidos dicen que es eso, una coincidencia. La Diputación Permanente se reúne porque no hay periodo ordinario de sesiones en enero. Esta reunión puede durar un máximo de dos horas.

"Si realmente fuera una cuestión de tiempo podrían haber pedido un aplazamiento de dos horas", dicen fuentes parlamentarias a EL ESPAÑOL.

Error de procedimiento

Fuentes del PSOE explican además que hay un error de procedimiento en la petición del PP. Hernando dirige la carta al presidente de la comisión, que es el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo. Pero la sesión del próximo martes es "extraordinaria" y está convocada con el acuerdo de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, y no de la Mesa de la comisión.

Por lo tanto, según explican estas mismas fuentes, sólo Ana Pastor, y no Quevedo, puede suspender o aplazar una comparecencia ya acordada. El director de EL ESPAÑOL y López-Fonseca han sido citados por tres grupos que suman la mayoría absoluta del Congreso. 

"Solo Pastor puede suspender esta comparecencia y decidir si se paraliza sine die o solo se aplaza", dicen. "Esa decisión se tomará probablemente este viernes". 

La comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP, rebautizada por muchos como comisión Bárcenas, fue creada frente a la opinión del PP y gracias al acuerdo de PSOE, Podemos y Ciudadanos. La respuesta del partido presidido por Rajoy fue utilizar su mayoría absoluta en el Senado para alumbrar otra comisión que investiga la financiación del resto de formaciones.