El Gobierno ha hecho caso omiso al dictamen que emitió este jueves por la tarde el Consejo de Estado y ha pedido al Tribunal Constitucional que impugne la investidura de Carlos Puigdemont para evitar que se celebre ese pleno en el Parlament. En un documento preceptivo pero no vinculante, el Consejo de Estado recomendó al Ejecutivo esperar a que se celebre el pleno para después pedir su impugnación al Alto Tribunal.
El Ejecutivo cree que no hay tiempo que perder y ha cerrado en Consejo de Ministros un acuerdo para solicitar ya al Constitucional que no se celebre una investidura de un candidato que está huido de la justicia española. Así lo ha confirmado el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reconocido que, a pesar del argumento del Consejo de Estado, "el Gobierno considera que tiene argumentos suficientes para asumir el compromiso político" de "utilizar todos los medios" para "evitar" que Puigdemont, "que se encuentra en busca y captura, pueda continuar con este desafío al Estado de derecho".
Santamaría ha insistido en que la misión del Ejecutivo es "defender la legalidad y la democracia" para que "no se vuelva a incumplir" la ley. "Puigdemont no está en condiciones de ser presentado como candidato", añadió. El objetivo de Moncloa es que el pleno de investidura no se celebre si es con el candidato previsto.