La reacción de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana al acuerdo del Tribunal Constitucional que suspende de facto la investidura de Carles Puigdemont ha sido la de reafirmar su voluntad de mantener a éste como candidato para la sesión de este martes. De mantenerse firmes, se reabriría el desafío frontal con el Estado. 

"El martes habrá pleno", manifestaba el diputado Eduard Pujol a las puertas del Parlament, a la vez que emplazaba al presidente de la Cámara, Roger Torrent, a que ignorase la resolución de Constitucional. Pujol aseguraba además que ahora Torrent es "la máxima autoridad del país", obviando que el 155 sigue vigente y que el Gobierno de Rajoy es en estos momentos el Govern de Cataluña.

En el mismo sentido que Pujol se pronunciaba en Twitter Josep Costa, diputado de JxC y vicepresidente primero de la Cámara catalana: “Nunca sacrificaremos el derecho inalienable del pueblo de Cataluña, representado en el Parlament, de escoger quién es su presidente". La formación nacionalista anunciaba además que solicitará al juez la autorización para que Puigdemont pueda asistir al pleno de investidura, tratando de explorar así la única vía que deja abierta el Constitucional

ERC cierran filas por ahora con JxC

Desde ERC cerraban filas con la posición de JxC. "Ahora que el envite es más feroz que nunca [por la decisión del Constitucional], Puigdemont tiene que ser nuestro candidato", declaraba el diputado republicano Sergi Sabrià a la emisora Rac1. Sabrià salía así al paso de unas manifestaciones previas de su compañero Joan Tardà en las que decía que si al final fuera "necesario" habría que "sacrificar" a Puigdemont. 

El otro partido independentista del Parlament, la CUP, se suma a esa tesis y, por tanto, al frente contra el Estado. "Sólo asistiremos a un pleno donde se presente el candidato que se ha decidido, si hay otro candidato no asistiremos", advertía el diputado Carles Riera en Catalunya Ràdio.

Si el Parlament sigue adelante y mantiene la investidura de Puigdemont saltándose las restricciones que ha impuesto el Constitucional estará poniéndose al margen de la ley y, por tanto, la Justicia podría actuar en un primer momento contra el presidente de la Cámara, Roger Torrent, y los miembros de la Mesa que insistan en la vía de la desobediencia. El Tribunal ha sido claro al advertir a Torrent y a los miembros de la Mesa del deber de acatar su resolución.

Riesgo para los diputados en libertad condicional

Los siguientes damnificados de esa estrategia serían los diputados que se encuentran en libertad bajo fianza -Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Carme Forcadell-, ya que podrían volver a la cárcel. Todos ellos tuvieron que pagar una fianza de 100.000 euros cada uno, se les retiró el pasaporte y se comprometieron a no vulnerar la ley.

Cabe recordar que Turull, ex conseller y diputado de JxC, imputado por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, advertía hace unas semanas que su condición procesal les limitaba la libertad para expresarse obligándoles a ser prudentes: "Vigilan lo que decimos". 

Aun así, Rull aseguraba este domingo que la investidura de Puigdemont "no es imposible" y que harán "todo lo que esté en su mano para conseguirlo". En declaraciones a Rac1, Rull venía a decir que una posible respuesta al fallo del Constitucional sería forzar la convocatoria de nuevas elecciones: "Intentan tumbar lo que ha votado la gente, y puede que haya de ser la gente la que tenga que decidir".

La posibilidad de perpetuar el 155

Sin embargo no está tan claro que los independentistas se arriesguen a desperdiciar su mayoría en la Cámara. En la tarde del domingo los ex consellers huidos Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí anunciaban su renuncia al acta de diputado precisamente para evitar la posibilidad de que se impugnen sus votos.

Eso sí, de mantener su pulso el Parlament, el 155 seguiría vigente y se repetirían elecciones, pero no necesariamente de forma inmediata. Joan Tardà, poco sospechoso de ser tibio, declaraba este domingo en La Vanguardia que era "imprescindible" formar gobierno en Cataluña: "Si antes ya existía el riesgo de que hubiera perpetuación del 155 y elecciones al cabo de siete u ocho meses, supongo que en el caso de hacer lo que parece que no podríamos hacer lo agravaría".

El acuerdo del Constitucional es muy claro. No suspende el acuerdo de proponer a Puigdemont como candidato ni tampoco la sesión parlamentaria convocada para el martes, sólo impide que su investidura pueda realizarse sin él estar presente. Pero establece además que esa presencia deba estar autorizada por el juez que le investiga por rebelión. Queda descartado así que el ex president pudiera tratar de acceder de incógnito al Parlament.