El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Justicia del Congreso, Nacho Prendes, ha afirmado este miércoles que su grupo no asistirá a más reuniones de la subcomisión que prepara el Pacto por la Justicia porque considera que el PP y el PSOE quieren mantener el sistema vigente para "seguir controlándola".
"Ciudadanos no va a estar en un pacto ni seguir reuniéndose en esa subcomisión cuando lo que se busca no es un pacto para despolitizar la Justicia sino un pacto contra la Justicia", ha declarado tras participar en la reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión de Justicia.
El Pacto de la Justicia ya perdió en diciembre a Unidos Podemos, que también abandonó la subcomisión al considerar que los dos grandes partidos sólo buscaban cambios cosméticos en la Justicia.
El escollo del CGPJ
Según ha indicado Prendes, Ciudadanos había puesto "muchas esperanzas" en la subcomisión de estudio y definición de una Estrategia Nacional Justicia, pero "finalmente, el pacto que buscaban el PP y el PSOE era para seguir controlando políticamente al Consejo General del Poder Judicial" (CGPJ).
Prendes ha acusado al PP de estar incumpliendo el compromiso que asumió en el pacto de investidura que firmó con Ciudadanos en agosto de 2016, donde se prevé una reforma para que los doce vocales del CGPJ de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados.
Al no aceptarse un sistema de designación de los miembros del CGPJ sin intervención del Parlamento y mantenerse el control sobre los nombramientos de la cúpula judicial, para la formación naranja "no tiene sentido seguir reuniéndose en la subcomisión", ha concluido.
El diputado de Cs ha defendido que el objetivo debería ser tener una Justicia independiente y dar respuesta a los requerimientos que ha hecho a España el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa.
En un informe emitido el pasado enero, el Greco instó a España a impedir que los parlamentarios participen en el proceso de elección de los vocales del CGPJ. También recomendó que las comunicaciones entre el fiscal general del Estado y el Gobierno se hagan de manera transparente, por escrito y con publicidad.