El Gobierno ha comunicado este jueves que estudia incluir la llamada casilla lingüística en los folletos de preinscripción de los centros escolares de Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución. Se trata de un apartado que permite a las familias elegir si quieren que sus hijos estudien con el castellano como lengua vehicular. La Generalitat ha evitado esa opción hasta ahora.
El anuncio lo ha hecho el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, casi de pasada y más como un posible compromiso que una realidad en firme. Pero ha provocado una ola de indignación en las filas del separatismo y de Podemos. Tanto el PDeCAT como ERC han visto en esta medida a favor de la libertad de elección una especie de bomba nuclear teledirigida contra la inmersión educativa en catalán.
Desde Bruselas y a través de su cuenta de Twitter, Carles Puigdemont ha asegurado que el Ejecutivo "intenta dividir a los alumnos catalanes por su lengua". "Mientras el Estado sobrealimenta con la mano derecha el nacionalismo español e intenta dividir a los alumnos catalanes por su lengua, con la mano izquierda esconde como 'secreto de estado' todas las informaciones sobre el imán de Ripoll", ha dicho. "Pero el catalán resistirá. Y la verdad se impondrá", ha añadido.
El Gobierno estudia la posibilidad de que en la matriculación del próximo curso escolar en Cataluña se incluya una casilla en la que los padres puedan elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos, después de que se lo haya solicitado el sindicato de profesores AMES y Societat Civil Catalana (SCC). Así lo aseguraron ayer Efe fuentes del Ministerio de Educación, después de que el presidente de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, se reuniera en el Palacio de La Moncloa con Mariano Rajoy
El portavoz de la formación republicana en el Congreso, Joan Tardá, ha aprovechado la ocasión para llamar a los partidos independentistas a aparcar sus diferencias y formar gobierno cuanto antes. La investidura de Carles Puigdemont, único candidato hasta la fecha, está bloqueada cuando están a punto de cumplirse dos meses de las elecciones del 21-D.
Rajoy recibe a SCC
La inclusión de esta casilla es una reivindicación histórica de Sociedad Civil Catalana (SCC), cuyo presidente José Rosiñol, se ha reunido este jueves con Mariano Rajoy en la Moncloa. También lo ha reclamado el sindicato AMES (Acción para la mejora de la enseñanza Secundaria), tradicionalmente vinculado a Ciudadanos. El partido naranja, que ha defendido prácticamente en solitario un modelo de educación con tres lenguas vehiculares -español, catalán e inglés-, ha dicho que apoyará al Gobierno. Albert Rivera ha asegurado en Twitter que estarán vigilantes.
La decisión se tiene que tomar en las próximas semanas porque el plazo de preinscripción en la escuela catalana suele iniciarse a finales de marzo. Pero el Gobierno dice que ni siquiera sabe si tiene las competencias para modificar la casilla. Fuentes del Ministerio dicen que los alumnos catalanes ya tienen desde 2014 la opción de estudiar en castellano. De momento, para escoger esta vía hay que solicitarlo por escrito.
La lengua es uno de los asuntos más polémicos en Cataluña. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto estableció que el castellano debía ser lengua vehicular junto al catalán. A pesar de que hasta ahora casi siempre ha incumplido las sentencias, el separatismo ha reaccionado de manera furibunda a una medida que ni siquiera se sabe si podrá aplicarse.
En declaraciones en el Congreso, el coordinador de diputados y senadores del PDeCAT, Jordi Xuclà, y la diputada de ERC Teresa Jordá han rechazado la iniciativa del Ejecutivo. "El Gobierno no tiene legitimidad para cambiar el modelo educativo catalán", ha dicho Xuclá. " Si el PP, el Gobierno del estado español, decide a través del 155 cargarse el modelo de inmersión lingüística en Cataluña, para nosotros es una demostración no sólo de mala fe, sino de querer hacer daño a Cataluña y a la mayoría de sus ciudadanos", ha añadido Jordá.
Colau: "Nadie tocará nuestro modelo"
En la misma línea, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha advertido de que "no dejaremos que nadie nos toque nuestro modelo educativo y nuestra apuesta por el catalán como lengua vehicular". En un tono menos beligerante, el PSC también se ha defendido el modelo actual.
Sin embargo, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha asegurado que estos cambios solo responden a la incapacidad del separatismo de formar Govern. Puigdemont sigue bloqueando cualquier solución que no pase por su investidura telemática. Las negociaciones entre Junts per Catalunya y ERC están estancadas. Y al no haberse celebrado pleno de investidura los tiempos no están corriendo hacia una nueva investidura.
En ese sentido, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha anunciado que si el presidente del Parlament, Roger Torrent, no inicia una nueva ronda y propone otro candidato hará valer sus 36 diputados para forzar un pleno que se pronuncie sobre Puigdemont. Sería una forma de evidenciar la división en las filas separatistas con un pleno anterior a la propia investidura.