Antes de elegir la fría Suiza, La cara más popular y reconocible de la CUP, la ex diputada autonómica Anna Gabriel, planeó refugiarse en Cuba para eludir la causa que tiene abierta por su implicación en el 1-O. Según han revelado a EL ESPAÑOL fuentes de toda solvencia, sus asesores se lo desaconsejaron esgrimiendo dos argumentos de peso para descartar el país caribeño.
Por un lado, las relaciones diplomáticas entre Madrid y La Habana son demasiado buenas como para arriesgarse a comprometer al Gobierno castrista con una eventual petición de asilo político cuyo desenlace sería imprevisible. Por otro lado, la situación casi de aislamiento internacional de la dictadura cubana habrían dado pocas opciones a Anna Gabriel en caso de verse en la tesitura de tener luego que salir de la Isla: “Acabarías en un país del Tercer Mundo”, fue el mensaje crucial para que la militante anticapitalista descartase el último paraíso comunista por la Meca centroeuropea de los evasores fiscales.
Anna Gabriel ha mantenido siempre un fuerte vínculo sentimental con Cuba -en una entrevista con Pablo Iglesias en La Tuerka puso énfasis en su admiración por Fidel Castro- y es conocida su implicación con la revolución bolivariana: de hecho, en 2014 viajó a Caracas para colaborar en la campaña de Nicolás Maduro y, antes de trascender su paradero, todos los medios especularon con que hubiera viajado a Venezuela para huir de la Justicia. Los rumores se multiplicaron después de que Gabriel se ausentara el pasado 1 de febrero de la presentación en Granollers del libro que ha escrito con su compañero de partido, el también ex diputado David Fernández: August Gil Matamala: Al principi de tot hi ha la guerra.
En Suiza con el abogado Olivier Peter
La formación anticapitalista confirmó hace unos días que Anna Gabriel está en Suiza, donde ha contratado los servicios del abogado experto en Derechos Humanos Olivier Peter. Este jurista logró la derogación de la doctrina Parot en la Corte de Estrasburgo y defendió a los etarras que asesinaron a dos ecuatorianos en el atentado de la T-4, Igor Portu y Martin Sasasola, a los que España debe indemnizar con 50.000 euros por malos tratos tras su detención.
Todos los ojos están puestos en la exportavoz de la CUP porque nadie sabe si acudirá este miércoles a declarar ante el instructor del caso 1-0 en la Audiencia Nacional, el juez Pablo Llarena. Ella misma ha hecho llegar este domingo a sus conmilitones y simpatizantes, durante un acto de la formación antisistema celebrado Reus, una mensaje de voz en el que incidía en que no podía asistir al acto y advertía de la “persecución política contra el independentismo”.
Gabriel se cuidó de aclarar si irá a la Audiencia Nacional o tomará definitivamente las de Puigdemont y pedirá asilo en Suiza. Con esta dramática ingógnita, que la CUP se ha comprametido a despejar este martes, los anticapitalistas rivalizan con el expresidente de la Generalitat en explotar políticamente el exilio. Lo cierto es que la posición política de los cargos de la CUP, que en todo momento ha defendido que la declaración unilateral de independencia iba en serio, es mucho más arriesgada y coherente que la esgrimida por los diputados de ERC, Marta Rovira, y del PDeCAT, Marta Pascal, que este lunes aseguraron su lealtad a la Constitución para evitar el riesgo de la prisión preventiva.