El Gobierno ha recibido la sentencia del Tribunal Constitucional con una doble sensación. Por un lado, el propio ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, reconoce que es "una novedad con la que no contábamos". Y por eso esta sentencia condiciona las decisiones futuras que el Ejecutivo tiene que tomar respecto a que la Generalitat cumpla con las sentencias que obligan a las aulas a dar el 25% de las asignaturas en castellano. Pero, en el fondo, esta sentencia sirve como un balón de oxígeno para que Moncloa finalmente opte por no modificar ni un milímetro el modelo educativo que rige hoy en Cataluña.

El Constitucional anula la escolarización en castellano de la 'ley Wert'

"Esta sentencia anula algunas cuestiones que tienen un efecto muy directo en lo que está sucediendo en Cataluña". El portavoz del PP en el Parlamento de Cataluña, Xavier García Albiol, reconoció también en la Cámara Alta que el Tribunal Contitucional ha introducido un nuevo elemento en el tablero político con el que el Gobierno no contaba, por lo que ha pedido tiempo para poder presentar una medida "seria, efectiva y sobre todo posibilista".

El TC ha anunciado este martes que anulaba por unanimidad el sistema previsto en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) para garantizar que las escuelas enseñen en castellano subvencionado por fondos públicos. El Alto Tribunal ha estimado parte del recurso presentado por la Generalitat de Cataluña y cree que, con aquella regulación, el Gobierno invadió competencias autonómicas en materia de Educación.

El propio Albiol ha pedido a Méndez de Vigo que se tome "el tiempo que sea necesario" pero que haga "las cosas bien" para que los padres puedan elegir libremente la educación de sus hijos y, a la vez, se cumplan las sentencias judiciales. "El tema es suficientemente importante y sensible como para que la propuesta que se lleve a cabo, si finalmente se lleva alguna, se pueda ejecutar", añadió.

El todavía senador estuvo reunido con el ministro de Educación en la sala que el Senado reserva para los miembros del Gobierno. Sin embargo, ninguno de los dos quiso aclarar cuál es la estrategia que seguirán a partir de ahora. El ministerio de Educación alega que no le ha dado tiempo a leer la sentencia entera para dar una valoración inmediata. Sin embargo, es consciente de que es un elemento que dificulta encontrar una propuesta que contente sobre todo a los defensores del castellano sin salirse del marco de la legalidad.

Albiol ha recordado también que su partido llevará una iniciativa al Parlament cuando la legislatura arranque de una vez por todas para que los niños catalanes puedan estudiar castellano en una escuela pública. El parlamentario ha reconocido que tendrán en cuenta también esta sentencia a la hora de articular la iniciativa. Además, se comprometió a intentar que otras formaciones políticas no solo apoyen la medida, sino que terminen compartiéndola. "Nos gustaría tener la capacidad e inteligencia por parte de todos de que la propuesta fuera más amplia".