Son sólo doscientos radicales, pero tienen atemorizado al resto del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona y cuentan, en opinión de los jóvenes de Societat Civil Catalana, con la pasividad de la propia universidad. Su violencia -en marzo de 2017 llegaron a destrozar un stand de SCC y a vaciar un extintor sobre sus ocupantes al grito de “fuera fascistas de la universidad”- es ya habitual en el campus.
Hace apenas una semana reventaron a martillazos uno de los cajeros y la cristalera de una de las entidades bancarias de la Plaza Cívica, el eje neurálgico del recinto universitario. Sus pintadas amenazantes -"Trapero mátalos", por ejemplo- pueden verse por todo el campus. Esos doscientos radicales no han tenido jamás ningún problema para inscribirse en el directorio de asociaciones de la UAB. Pero los jóvenes de SCC han tenido que recurrir a la Justicia para ver reconocidos sus derechos.
“Quizá no llegan ni a doscientos, aunque cuando hay manifestaciones se suman radicales de otras universidades. Pertenecen a la llamada Plataforma Antifascista, que es una organización pantalla del SEPC -el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes- creado con la única finalidad de expulsarnos de la universidad”, cuenta Josep Lago, coordinador de las juventudes de SCC en la Universidad Autónoma de Barcelona.
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“El SEPC está inscrito en el directorio de colectivos de la Universidad, pero la Plataforma Antifascista no. Y, a pesar de ello, la Universidad les presta carpas, mesas, sillas y sistemas de sonido para sus convocatorias”. Y finaliza Josep: “La UAB no condenó jamás el ataque a nuestro stand de marzo del año pasado”.
La violencia, mejor silenciada
Los jóvenes de SCC llevaban dos años inscritos en el registro de la Universidad. Pero en septiembre del año pasado, la UAB decidió no renovar su inscripción. “Fue una sorpresa. Iniciamos de nuevo los trámites y nos lo volvieron a denegar, pero condicionando nuestro ingreso como colectivo a que cambiáramos nuestras políticas de comunicación”, explica María Domingo, vicecoordinadora de los jóvenes de SCC.
La persona con la que se reunieron y que les pidió que cambiaran esa “política de comunicación” a cambio de su inscripción en el directorio de la Universidad fue la propia rectora de la UAB, Margarita Arboix Arzo.
Cuando pregunto a María en qué consiste exactamente esa política de comunicación que tanto parece molestar, responde: “No estaban de acuerdo con que denunciáramos la falta de neutralidad de la Universidad, la violencia que se vive en el campus y el sesgo independentista de la institución”.
Al insistir la Universidad en su negativa, los jóvenes de SCC presentaron un recurso administrativo por vulneración de derechos fundamentales, como el de no discriminación por razón de opinión, el de libertad ideológica, el de libertad de expresión y el del derecho a la educación.
La semana pasada, el juzgado Contencioso-Administrativo número 7 de Barcelona dictó medidas cautelares que obligan a la UAB a inscribir provisionalmente en su directorio de colectivos a la Agrupación de Jóvenes de SCC. El hecho de estar o no inscrito en ese directorio comporta desventajas de tipo práctico -no se pueden pedir salas para hacer actos, por ejemplo- pero también económicas. “Aunque a nosotros no nos interesa eso y jamás hemos hecho uso de ese tipo de ventajas. Se trata más bien de tener presencia dentro de la Universidad”, explica María.
Esas trabas administrativas que condicionaban la inscripción de la asociación a un cambio radical en la orientación ideológica de su política de comunicación -algo absurdo tratándose de una asociación de tipo político- son habituales en su caso, pero no para el resto de asociaciones de corte independentista o nacionalista presentes en el campus. “Cuando nos inscribimos la primera vez, hace dos años, no se nos hizo una entrevista personal. Pero esta vez sí se nos hizo una entrevista personal, en la que destacaron lo que ellos creían que no era correcto. Somos los únicos a los que se nos han puesto pegas”.
Las coacciones a los alumnos
El absurdo llega hasta el punto de que otras entidades que han reconocido abiertamente el uso de la violencia en la universidad, como el SPC (Sindicato de los Países Catalanes), no han tenido ningún problema a la hora de inscribirse en el directorio de la UAB. “Hay una diferente vara de medir a la hora de valorar el supuesto daño a la institución de nuestra asociación”, dice María.
“Si te fijas, en las huelgas nadie va a clase y hay un seguimiento total, pero es porque los radicales utilizan la violencia para coaccionar al resto. Dentro de la Universidad se les tiene mucho miedo”, concluye María. “Somos las víctimas de esa violencia, y mientras los que la ejercen no tienen problemas para inscribirse en el directorio de asociaciones, nosotros tenemos que recurrir a la Justicia”, añade Josep.
La Universidad, por su parte, alega acciones reiteradas por parte de la asociación que perjudican la imagen de la institución e incumplen su deber de respetarla. También desmiente que no haya condenado los actos de violencia y esgrime unos supuestos defectos de forma en la petición de inscripción.