La imagen de España ha vuelto a verse dañada en el exterior por un informe del Consejo de Europa que cuestiona la imparcialidad de varios diputados españoles. La investigación señala, entre otros, a Agustín Conde, secretario de Estado de Defensa, por blanquear la imagen de Azerbaiyán. No es el español que sale peor parado. El senador del PP Pedro Agramunt es prácticamente culpado de cobrar presuntamente del Gobierno de Azerbaiyán a cambio de ofrecer una imagen limpia del país. El diputado del PDeCAT Jordi Xuclá también figura en el documento por una praxis discutible. El informe ha tenido un gran impacto en medios extranjeros.
La investigación es un extenso relato de 219 páginas que repasa lo ocurrido entre los años 2013 y 2015. El informe se centra en la labor de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que reúne a representantes electos de casi 50 países del viejo continente adscritos a la organización internacional. El Consejo promueve a nivel regional la defensa de estados de Derecho fuertes, sustentados en los derechos humanos y el imperio de la ley.
En 2013, el diputado alemán Christoph Strasser elevó un informe a la Asamblea del Consejo (PACE por sus siglas en inglés), en el que acusaba al Gobierno de Azerbaiyán de utilizar su poder judicial para el encarcelamiento sistemático de miembros de la oposición. Azerbaiyán como miembro del Consejo es firmante de la Carta Europea de Derechos Humanos. El informe fue tumbado por el Pleno de la Asamblea. En su lugar, Agramunt preparó otro informe que decía justo lo contrario.
Diplomacia del caviar
Un año antes, el organismo ESI (European Stability Initiative) en colaboración con varios medios de comunicación de Europa destapó el caso bautizado como la diplomacia del caviar. Los informes revelaban una actividad económica más allá del lobi a miembros del Consejo de Europa para blanquear la imagen del país como una democracia homologable. Hay un parlamentario italiano procesado en su país por el supuesto cobro de sobornos.
Conde aparece precisamente como coautor de un informe enviado a la Asamblea del Consejo (PACE por sus siglas en inglés) que fue directamente prefabricado por uno de los lobistas más conocidos de Azerbaiyán. Según la investigación, este documento fue "firmado y presentado en nombre de Conde". Fuentes del entorno del secretario de Estado aseguran que nunca tuvo conocimiento de este informe y que jamás lo firmó. De hecho, el propio PACE admite que Conde no estaba al tanto ni de la existencia del documento ni de que su contenido había sido redactado por Azerbaiyán, pero no le exime de su responsabilidad. Conde era uno de los ponentes.
"El propio informe reconoce que la declaración no le fue enviada a Conde", dicen fuentes de Defensa. "Lo que pasa es que como era miembro de ese comité se le mete en el mismo saco por pérdida de imparcialidad".
El senador del PP Pedro Agramunt.
La acusación es más contundente contra Agramunt, al que culpa de maniobrar desde el principio para formar parte del comité del PACE encargado de Azerbaiyán. Según el documento, el senador del PP filtró información a responsables del Gobierno azerbaiyano sobre las investigaciones del Consejo y aceptó sugerencias de ese país para blanquear la labor de su Ejecutivo. El informe dice además que hay indicios de corrupción vinculados al posterior nombramiento de Agramunt como presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo.
El senador fue apartado del cargo en una decisión sin precedentes hace unos meses por un polémico viaje en el que se reunió en el presidente sirio Bachar al Asad. Agramunt ha emitido un comunicado en el que anuncia el estudio de acciones legales para proteger su derecho al honor.
"El relato y las conclusiones del informe suponen el mayor ataque a los derechos civiles de cualquier individuo en un Estado de Derecho", dice en un comunicado. "Traspasa todos los límites y los mínimos estándares de la democracia, toda vez que se acusa, juzga, se condena y se ejecuta sin iniciarse procedimiento contradictorio alguno".
La traducción de Xuclá
Otro de los españoles que menciona la investigación interna es el del diputado convergente Jordi Xuclá, que forma parte de la Asamblea del Consejo de Europa y que también formó parte de la delegación que se reunió con Al Asad en Damasco. Xuclá lideró un grupo creado ad hoc para supervisar unas elecciones en Azerbaiyán. Algunos testigos acusaron a Xuclá de parcialidad y de no reunirse con un líder de la oposición encarcelado. También había dudas sobre las conclusiones que presentó Xuclá y que básicamente -reconociendo algunos incidentes- hablaba de un proceso electoral que respetó la voluntad de los electores.
Xuclá presentó el informe sobre los comicios con celeridad y un inglés perfecto, cuando -dice la investigación- su inglés no los es. Pero el diputado catalán presentó pruebas de que había redactado sus conclusiones en catalán y las había enviado a una colaboradora para traducirlo. Esa colaboradora que se encargó de la traducción era Marta Pascal, hoy coordinadora general del PDeCAT.