El Gobierno habla de “pasar a la acción” contra la sentencia entre la indignación de jueces y fiscales

El Gobierno y el PP siguen presionando para una reforma urgente del Código Penal tras la polémica sentencia contra la Manada, a pesar del creciente malestar que existe entre jueces y fiscales por la presión que están sufriendo. El turno el domingo fue para la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que primero dijo que no le corresponde al Ejecutivo comentar sentencias, pero después pidió pasar de la "decepción a la acción".

"La acción significa que la sentencia no es firme y las partes ya han anunciado que van a recurrir y eso es una buena noticia porque tenemos una oportunidad de que las conductas tan viles se castiguen de manera ejemplar", ha dicho en Huelva, donde asistió a la victoria de Carolina Marín en el campeonato de Europa de bádminton.

El borrador de Catalá

Báñez pero también Javier Maroto (PP) han insistido en la misma línea que marcó el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Los cinco integrantes del grupo conocido como la Manada fueron condenados a nueve años de prisión por un delito de abusos sexuales y no de agresión o violación por los sucesos ocurridos en los sanfermines del 2016.

El Gobierno, según reveló Catalá, quiere enviar un primer borrador de reforma del Código Penal en las próximas semanas. Catalá dijo en la La Sexta que el Ejecutivo trabajará para que el Código Penal quede perfilado "de la mejor manera posible" de cara al futuro, y ha pedido estar "siempre" del lado de la víctima, que "nunca" es responsable de nada.

Estas y otras declaraciones provocaron las críticas de jueces y fiscales. La Asociación Jueces para la Democracia pidió directamente la dimisión de Catalá por sus declaraciones sobre la sentencia, que la asociación considera "fundada y razonada".

Y este domingo, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria calificó de "escandalosa" la actitud del ministro de Justicia, al que acusa de subirse a una "tabla de salvación" de la sentencia mediática de la Manada para situarse frente al Poder Judicial "al que ni comprende ni protege ni provee de medios".

La Asociación ha pedido que el Consejo General del Poder Judicial tenga un portavoz que explique el contenido de las sentencias. A juicio de la Francisco de Vitoria, esta carencia es aprovechada por algunos políticos que, "de forma oportunista e incumpliendo el deber de lealtad entre poderes públicos" usan políticamente un hecho "triste y traumático" para una mujer.

Báñez ha respondido a estas críticas asegurando que los representantes públicos tienen el derecho a pensar que "si no hay normas que dan ese castigo ejemplarizante ante una conducta infame contra una mujer, pues hay que cambiar las cosas". La ministra ha insistido en que se haga una "reflexión serena sobre las normas y leyes que nos rigen" y que se produzca "el mayor consenso posible porque la violencia contra la mujer debe de tener un castigo ejemplarizante hoy y también mañana en España".

Maroto: violación sin violencia

En la misma línea, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha asegurado que la violación puede existir aunque la víctima no sufra violencia porque no se enfrente a sus violadores. Maroto ha urgido al Gobierno a abordar la reforma del Código Penal.

"Si nuestro Código Penal recoge como requisito imprescindible la violencia para acusar de violación y agresión a una persona, necesitamos hacer esa reforma del Código Penal cuanto antes para atender algo que es evidente", ha argumentado en declaraciones en la sede del PP.