A la caza del profesor constitucionalista en Cataluña pese al 155: "Nos sentimos indefensos"

Casos similares, dos varas de medir. Si alguien quiere saber hasta dónde llega (y hasta dónde no) el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, sólo tiene que atender a las dos historias siguientes.

La primera de esas historias tiene como protagonistas a nueve profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, un pequeño pueblo de la provincia de Barcelona de poco más de 27.000 habitantes. Esos nueve profesores fueron acusados durante los días posteriores al simulacro de referéndum del 1 de octubre del año pasado de un supuesto delito contra la dignidad de las personas al señalar y humillar públicamente durante sus clases a alumnos hijos de guardias civiles.

La noticia apareció en la mayoría de los medios de prensa nacionales y se convirtió en el mejor ejemplo de la presión a la que se ven sometidos aquellos niños cuyas familias, por una razón u otra, no participan de las habituales ceremonias de exaltación nacionalista o son considerados como desafectos al régimen. 

Los profesores señalados siguen en sus puestos porque el Ministerio de Educación, que controla el Departamento de Enseñanza de la Generalidad en virtud del artículo 155 de la Constitución, se ha abstenido de actuar contra ellos. Ha tenido que ser el fiscal contra el odio y la discriminación de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, el que intervenga presentando una denuncia contra esos nueve profesores en los juzgados de Martorell. 

La segunda historia, sin relación con la anterior, es la siguiente.

El día 12 de abril de 2018, el Consorcio de Educación de la Generalidad de Cataluña abrió expediente disciplinario a Francisco Oya, profesor de Historia del instituto Joan Boscà de Barcelona y presidente de la asociación Profesores por el bilingüismo, por una serie de acusaciones que iban desde "provocar angustia y disgusto entre las familias de los alumnos", "generar preocupación entre los docentes", "incorporarse con retraso a las clases", "desconocer el funcionamiento del instituto" y "hacer comentarios en clase de tono homófobo, sexista y xenófobo".

Un fragmento de la resolución por la que se le abre expediente disciplinario a Francisco Oya.

Cinco días después, el director del instituto, Ignacio García de la Barrera, relevó a Oya de sus clases y le conminó a "permanecer en el departamento de Humanidades preparando materiales complementarios para la materia de Ciencias Sociales de 4º de ESO".

Lo chocante de la tarea encargada a Oya queda de relieve cuando se tiene en cuenta que una de las acusaciones que se le hicieron al profesor fue, precisamente, la de haber aportado materiales complementarios al polémico manual de historia oficial de la asignatura, escrito por Agustí Alcoberro, exvicepresidente de la ANC. Materiales complementarios cuya utilización está amparada por la libertad de cátedra pero que provocaron revuelo entre el profesorado y la dirección del Joan Boscà. 

Con esta carta el director del instituto Joan Boscà le comunicó a Oya su relevo.

Lo primero que llama la atención es la diferencia de trato. Mientras en el caso de los profesores del instituto El Palau ha tenido que ser la Justicia la que intervenga ante la inacción de la Administración catalana -es decir del Gobierno central-, en el segundo caso ha sido ésta la que ha actuado contra Francisco Oya abriendo un expediente disciplinario por acusaciones que el profesor de Historia niega rotundamente. 

"Llama mucho la atención esa doble vara de medir, efectivamente. Y deja una sensación de indefensión entre los profesores constitucionalistas", dice Francisco Oya en conversación telefónica con EL ESPAÑOL. "Estamos transferidos, pero nosotros somos funcionarios del Estado, no de la Generalidad. Y se está generalizando la sensación de que los profesores que no sean independentistas pueden ser cazados por la Administración catalana". 

El caso de Francisco Oya no es el primero ni tiene visos de ser el último. La Generalidad lleva años privilegiando un determinado tipo de perfiles entre el profesorado de los institutos catalanes. "Intentan que el profesorado sintonice con el independentismo. En Cataluña, y según varios estudios, el 70% de los profesores son de ideología independentista, un porcentaje muy superior al del resto de la población catalana", cuenta Oya.

El cajón de sastre de las acusaciones

La propuesta de expediente disciplinario de este profesor de Historia es un cajón de sastre en el que caben acusaciones de todo tipo y sin relación alguna entre ellas: tardanzas, desgana, desinterés, homofobia, sexismo e incluso "generación de preocupación y disgusto" entre alumnos, profesores y familiares. Resulta difícil de creer que una sola persona pueda haber hecho tanto daño en tan poco tiempo (Oya lleva solamente un año en el instituto Joan Boscá, un destino que solicitó él mismo atraído por la buena fama del centro y por la cercanía a su vivienda). 

"Me llaman machista, fascista, xenófobo y no sé cuántas cosas más. Es decir, que hacen suya la información que se publicó en el diario El món, subvencionado por la Generalidad, hace un mes, después de que el director me amenazara con llamar a Inspección. Por lo que yo sé, el director se puso en contacto con un periodista de ese medio, Joan Antoni Guerrero, que apareció por allí con un fotógrafo llamado Jordi Borràs, conocido por señalar constitucionalistas en las redes sociales", dice Oya.

"Los dos se entrevistaron con alumnos y padres de alumnos, pero no tuvieron el detalle de contactar conmigo para que diera mi versión. Pocos días después apareció ese artículo en el que se decían todas esas cosas de mí. A raíz de ello, he iniciado el proceso para presentar una demanda por violación del derecho al honor", señala el profesor.

El titular del artículo es "Estudiantes denuncian el machismo y la homofobia de un profesor ultra". Su subtítulo reza: "Alumnos del instituto Joan Boscá de Barcelona están en pie de guerra contra el profesor de Historia Francisco Oya, cercano a grupos de extrema derecha y que preside la asociación Profesores por el bilingüismo".

Captura de pantalla de la noticia del diario El món en la que se acusa de ultra al profesor Francisco Oya.

La sintonía entre los intereses del director y de los periodistas Guerrero y Borràs es llamativa. "Yo soy funcionario de carrera y tengo plaza definitiva. No es tan fácil presionarme como a un interino. Así que se han dedicado a echar esa basura sobre mí a través de este artículo, que posteriormente ha servido como base para el expediente de sanción. Es una manera de proceder bastante sucia pero por desgracia no es la primera vez que sucede", explica Oya.  

Un expediente "de vergüenza ajena"

Mario Gutiérrez, presidente del Sector Nacional de Educación del CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), defiende la creación de un protocolo de actuación para la defensa de los profesores acosados por la Administración catalana: "Las acusaciones son ridículas. Oya habló por ejemplo en una clase de la homosexualidad del marido de Isabel II, Francisco de Asís de Borbón. Pues esa es la base para la acusación de homofobia. En otra clase utilizó una entrevista con el hispanista Stanley G. Payne, y esa entrevista sirvió para acusarle de machista con el argumento de que el material no había sido aprobado por el director. ¿Desde cuándo un profesor tiene que pedir al director del instituto la aprobación del material que utiliza en clase? El expediente sancionador da vergüenza ajena". 

"Lo que está sucediendo en Cataluña es muy grave. Te doy un ejemplo. La Consejería de Educación de la Generalidad ha ofrecido recientemente plazas de profesor interino, tal y como hacen otras comunidades, pero como no encontraba profesores con catalán ha publicado una resolución en la que dice que no hace falta que tengan la titulación necesaria para dar clase. Es decir, que prefieren un profesor que no tenga la titulación para dar clase, pero que sepa catalán, a un profesor que tenga la titulación necesaria, pero no sepa catalán", denuncia Gutiérrez.