El Gobierno mantiene el 155 al bloquear el nombramiento por Torra de los 'consellers' presos y huidos

"El Gobierno de España, a través de su Secretariado, que es el único órgano competente para autorizar la publicación del decreto de nombramiento propuesto, analizará la viabilidad del nuevo Govern anunciado, dadas las circunstancias personales de alguno de los designados".

Eso dice, literalmente, el comunicado del Gobierno hecho público hoy a raíz de la publicación de la lista de los consejeros propuestos por el décimo presidente de la Generalidad, Quim Torra. Una advertencia que no ha pasado desapercibida entre los partidos separatistas y que amenaza con echar por tierra los planes de Torra antes incluso de que su gobierno haya echado a andar. Es más, el comunicado del Gobierno implica directamente el bloqueo efectivo del nombramiento de los nuevos 'consellers' y la continuidad del 155 en Cataluña. Rajoy conversó por teléfono este sábado con Pedro Sánchez y Albert Rivera para hacerles partícipes de su decisión.

Las "circunstancias personales" a las que hace referencia el comunicado del Gobierno son las de Toni Comín (propuesto como consejero de Salud), Lluís Puig (Cultura), Josep Rull (Territorio) y Jordi Turull (Presidencia). Los dos primeros se encuentran en Bélgica y serían detenidos si volvieran a España y los dos últimos se encuentran en prisión y a la espera de juicio por delitos castigados con penas de entre cinco y veinticinco años de prisión.

Desde un punto de vista técnico, el Gobierno de Rajoy justifica la continuidad del 155, que prometió levantar cuando se formase un nuevo Govern, en la idea de que no podrá considerarse que el Ejecutivo catalán no está formado hasta que la toma de posesión de todos aquellos que lo integran se haya hecho efectiva. Y esa toma de posesión de los consellers se trata de un acto personal, intransferible y presencial, para el que no caben procedimientos telemáticos ni por vías interpuestas.

Legalmente, no es la misma la circunstancia de los fugados que de los presos. Comín y Puig, en Bélgica, no pueden en ningún caso ocupar un puesto en el Ejecutivo catalán, mientras que Rull y Turull, en prisión provisional, sí podrían hacerlo en caso de que el Supremo les concediese permiso para acudir a la toma de posesión, una solicitud ya cursada por su abogado y factible en tanto que se encuentran aún en prisión provisional y no pesa sobre ellos sentencia firme.

No parece, en cualquier caso, que la prioridad de Torra haya sido la viabilidad de su Gobierno o el retorno a la normalidad institucional, sino más bien el regodeo en la excepcionalidad y el enfrentamiento frontal con el Gobierno y la legalidad. 

En manos de Rajoy… y Rajoy en las de Torra

En la práctica, Quim Torra se ha puesto en manos de Mariano Rajoy. El presidente de la Generalitat necesita que los nombramientos de sus consejeros se hagan efectivos para el cese del 155 puesto que este sólo decaerá en el preciso instante en que tome posesión de su cargo el último de ellos. Pero para que esos nombramientos sean efectivos necesitan antes ser publicados en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, el DOGC, el equivalente autonómico del Boletín Oficial del Estado. Y el DOGC continúa en manos del Gobierno gracias al 155. 

Resulta difícil saber cuánto ha habido de provocación, cuánto de improvisación y cuánto de desconocimiento de los mecanismos de la institución que él preside en la decisión de Torra. Su órdago es un arma de doble filo. Porque pone a Mariano Rajoy frente al dilema de aceptar o no el nombramiento de unos consejeros que jamás podrán ejercer su cargo y que han sido acusados de graves delitos políticos contra el Estado. Pero también le da la oportunidad al presidente del Gobierno de negarse a aceptar dichos nombramientos y de forzar a Torra a una primera crisis de gobierno a las pocas horas de su toma de posesión como presidente autonómico. 

No está claro, por otro lado, que el Gobierno pueda negarse a publicar los nombramientos en el DOGC. Porque esa publicación es lo que se conoce como un "acto debido". Es decir, una formalidad no sujeta a valoración alguna por parte del Secretariado del Gobierno. Los responsables de los boletines oficiales no examinan en ningún caso la validez ni la legalidad de las disposiciones que se publican en ellos. Tampoco pueden modificarlas en lo más mínimo. Sí podría el Gobierno impugnar el nombramiento de esos consejeros tras su publicación.

La reacción de Moncloa este sábado, tras conocerse los nombres de los consellers, no se hizo esperar. "Es una nueva provocación porque varios de ellos se encuentran huidos de la Justicia o en situación de prisión provisional", afirma el Ejecutivo central en un comunicado. "El president ha desaprovechado hoy una oportunidad de demostrar su voluntad de recuperar la normalidad, ya que sus decisiones demuestran que quiere mantener una estrategia de confrontación con el Estado y con la mayoría de la sociedad catalana", concluye el Gobierno.

Inés Arrimadas, la ganadora de las elecciones autonómicas catalanas y líder de la oposición, ha afirmado hoy mismo en Twitter que, dado el desafío planteado por Quim Torra y los partidos separatistas, el 155 no puede ni debe ser levantado. 

Existe además una segunda complicación añadida. Los nombramientos de Torra no pueden ser individualizados. Es decir, el DOGC no puede oponerse a la publicación del nombre de algunos consejeros y aceptar los del resto: el gobierno de Torra debe ser tratado en bloque y las dos únicas opciones son aceptarlo por completo o rechazarlo en su totalidad. Si Comín, Puig, Rull y Turull no son consejeros, tampoco lo serán Elsa Artadi, Chakir El Homrani o Pere Aragonés.

En ese sentido, el subsecretario de Presidencia del Gobierno ha informado hoy a la Generalitat de que se publicará uno de los dos decretos relativos al nuevo Govern. Así, el Gobierno central aprobará el decreto que define la estructura del nuevo Ejecutivo, con 16 carteras, pero no el segundo decreto, que quedará en suspenso, al contener los nombres de los consellers, entre los que se cuentan los dos fugados y los dos en prisión provisional. Pese a que Torra insiste en que los nuevos consellers tomarán posesión el próximo miércoles, si para entonces Rajoy no autoriza la publicación oficial del Govern, éste no será efectivo y no existirá.

En cualquier caso, si Mariano Rajoy aceptase los nombramientos de los consejeros escogidos por Quim Torra y sus nombres son publicados en el DOGC aun quedaría un último paso antes del levantamiento del 155: su toma de posesión. Algo que podría convertirse fácilmente en un nuevo desafío al Gobierno central. Porque el reglamento que regula esa toma de posesión sólo exige que ésta se haga en presencia del presidente, no en un lugar determinado. Es decir que la toma de posesión de Comín y Puig podría tener lugar en Bélgica y la de Rull y Turull, en Estremera, en la sala de visitas y con un vidrio interponiéndose entre los consejeros y el presidente. Esperpéntico es poco.