El Gobierno ha conseguido superar la primera votación de los Presupuestos Generales del Estado gracias al apoyo del Partido Nacionalista Vasco, que aguantará hasta "el último momento" para decidir si apoya las cuentas públicas presentadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El Congreso de los Diputados ha votado este martes a última hora del día el primero de los tres paquetes del conjunto del texto definitivo que será refrendado o tumbado en otras dos votaciones este miércoles.
Rajoy llegó a última hora de la tarde por la puerta de atrás para evitar responder sobre la detención del que fuera su compañero Eduardo Zaplana. El Ejecutivo y el Partido Popular no escondió durante toda la jornada su preocupación porque el Partido Nacionalista Vasco no ha confirmado aún su respaldo definitivo al texto presentado. Los nacionalistas vascos ligaron su sí definitivo a que el Gobierno levantara el 155 de Cataluña. Mientras tanto, este martes se han alineado junto al PP para salvar la primera votación de las secciones correspondientes a Energía, Hacienda, Fomento, Vicepresidencia, Empleo e Interior.
Sin embargo, la decisión del nuevo presidente de la Generalitat de nombrar consejeros de su Ejecutivo a personas que están huidas o en la cárcel complican mucho este escenario. El Gobierno de Mariano Rajoy todavía no ha publicado en el Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña los nombramientos del gabinete de Quim Torra aunque fuentes gubernamentales reconocen que no se puede prorrogar sine die.
Los diputados vascos ya han anunciado que actuarán "contrarreloj" y esperarán "al último minuto" para decidir el sentido último de su voto. Fuentes gubernamentales reconocen que si el texto no se convalida este miércoles será "prácticamente imposible" volver a presentarlos para obtener más adelante su convalidación.
A pesar de que todos esperan a ver cómo evolucionan los acontecimientos en Cataluña, en el Ejecutivo central no contemplan otro escenario que no sea que el PNV apruebe sus cuentas públicas, lo que supondría un balón de oxígeno para un Gobierno que agoniza. La Abogacía del Estado trabaja también contrarreloj para ver de qué manera puede paralizar el nombramiento de unos consellers que "no pueden ir a trabajar" porque están encarcelados o huidos. No obstante, el Gobierno reconoce que hay "muchas dudas" sobre si se puede privar a alguien que no ha sido inhabilitado de su derecho a ser elegido miembro de un Gobierno.