La sentencia condenatoria del caso Gürtel deja al descubierto una trama de corrupción que en apariencia era perfecta. Un empresario, Francisco Correa, tejió una extensa red clientelar asociándose a un grupo de políticos con carné del Partido Popular con el único objetivo de enriquecerse. La simbiosis, en apariencia perfecta, explotó y destapó que el Partido Popular funcionó durante más de veinte años con una caja B.
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La trama se bautizó como Gürtel por el apellido en alemán del cabecilla, el empresario Francisco Correa, que ha sido condenado a 51 años de cárcel por ser el jefe de la red corrupta que ha podrido las entrañas del PP nacional. Ya en los años noventa empezó a trabajar para el extesorero Luis Bárcenas, que ha recibido una pena de 33 años en prisión al ser acusado de gestionar la contabilidad B del PP y atesorar cientos de miles de euros en comisiones. Su mujer, Rosalía Iglesias, a la que se le considera cooperadora en los delitos que se le acusa al extesorero, ha sido condenada a 15 años.
Durante el juicio, Correa reconocía sin tapujos la buena relación que mantenía con la cúpula del PP. De hecho llegó a asegurar ante el juez que pasaba más tiempo en Génova que en su despacho. Su objetivo siempre fue conseguir contratos públicos para sus empresas y para las compañías de otros amigos, siempre y cuando recibiera una comisión. Su avaricia no entendía de límites y terminó reventando las costuras del Partido Popular a nivel municipal, autonómico y nacional.
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Correa se ayudó de las amistades que fraguó con responsabilidades políticos del PP para acceder a fondos públicos a cambio de sobornar a funcionarios y políticos con regalos y mordidas. Empezó sus actividades delictivas con el exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote cuando éste era gerente de la Sociedad Municipal Turismo y Actividades Recreativas de Estepona. Le adjudicó contratos municipales a cambio de viajes y ahora ha sido condenado a siete años y diez meses de cárcel.
Una de las ranas de Aguirre
Uno de los mayores pelotazos de Correa se lo ofreció quien fuera consejero de Deportes de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, condenado a 31 años de cárcel por adjudicar a la red Correa la organización de centenares de eventos a cambio de comisiones. Él, que terminó siendo una de las dos ranas reconocidas en la charca de Aguirre, negó en el juicio cualquier vínculo con el empresario, haber fraccionado contratos para beneficiarle o haber cobrado mordidas a cambio de contratos. Su esposa, Teresa Gabarra, ha sido también condenada a 4 años de prisión por ser la apoderada en una cuenta de su marido en Suiza.
López Viejo trabajó estas actividades ilícitas junto a Carlos Clemente, quien fuera vicesecretario de Inmigración en Madrid, y su asesor Pedro Rodríguez. Los dos se encargaban de dar instrucciones sobre cómo debía contratar con la Administración de forma ilegal. El primero ha sido condenado a 5 años y 9 meses de cárcel y el segundo a tres años.
Dos municipios ricos de Madrid
El objetivo de Correa era enriquecerse lo máximo posible y centró los tentáculos de su trama en dos de los municipios más ricos de Madrid: Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. El alcalde de la primera localidad, Guillermo Ortega, condenado a 38 años de cárcel, recibió tantos regalos y tantas mordidas que se vio obligado a abrir una cuenta en Suiza para intentar esconder el dinero. Correa trabajó de una manera similar con el ayuntamiento que dirigía el entonces marido de la exministra Ana Mato, Jesús Sepúlveda, que en seis años recibió más de medio millón de euros en comisiones además de regalos, viajes, coches y fiestas. Su exesposa, que dejó el gabinete de Mariano Rajoy al verse involucrada en la trama, tendrá que pagar una multa de 45.000 euros por ser partícipe a título lucrativo.
La todopoderosa presidenta de la Comunidad de Madrid en aquella época, Esperanza Aguirre, llegó a decir que ella había destapado la trama Gürtel porque ella apartó a Ortega de Majadahonda por un lío interno en el ayuntamiento a raíz de unas parcelas que pretendía revalorizar. Aquella disputa interna llegó al despacho de quien fuera tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, que pidió a Aguirre que lo apartara. La presidenta lo obligó a dimitir, pero le buscó otro puesto en el mercado Puerta de Toledo, de donde salió cuando estalló el escándalo.
Sin embargo, quien destapó el escándalo fue el concejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas, quien grabó durante dos años en secreto a Correa. También ha sido condenado a 4 años y nueve meses de prisión. Se le acusa de delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, malversación y prevaricación.
Consecuencias "impredecibles"
Tanto el Partido Popular como el Gobierno han querido levantar un muro inquebrantable entre todos los condenados y la actual dirección de la formación. Su tesis es que la durísima sentencia conocida este jueves "no afectan de ningún modo a este Ejecutivo". Además, se defienden con que el PP no ha estado "imputado ni procesado" penalmente y que la dirección actual nunca supo nada. Pero los ánimos de toda la formación está de nuevo por los suelos después del chute de adrenalina que recibieron el miércoles, cuando Rajoy pudo aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Las consecuencias políticas de esta sentencia "son impredecibles", reconocía un destacado miembro del PP tras conocer su resultado.