Imperceptible desde el punto de vista del bloque constitucionalista y una agresión política de imposible reparación desde el separatista. O lo que es lo mismo: inane en la práctica, poderoso en lo simbólico. Este lunes se cumplirán doscientos quince días desde que el Senado autorizó, tras seis horas de debate, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y todavía no existe un diagnóstico, no ya unánime sino de mínimo consenso, acerca de su impacto en la vida de los catalanes. La toma de posesión de los consejeros del Gobierno autonómico supondrá la retirada automática del 155. La fecha concreta dependerá de cuánto tiempo desee permanecer Quim Torra en su enrocamiento.
Torra promete cumplir con sus obligaciones "con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña"
El 27 de octubre de 2017, Mariano Rajoy decretó la destitución del Gobierno de Carles Puigdemont, el cese de las actividades del Parlamento regional y la toma de control de instituciones clave del autogobierno catalán como los Mossos d’Esquadra. Lo hizo con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, y la oposición del resto de fuerzas políticas.
Fuera del ámbito de aplicación del 155 quedaron TV3, la política educativa de la Generalidad y las ayudas del gobierno catalán a los medios de comunicación privados y concertados de estricta obediencia independentista. Que en Cataluña son todos los que escriben o retransmiten en catalán.
Doscientos quince días después de la decisión del Senado, el 155 se ha convertido en uno más de los puntos de falla entre las dos Cataluñas. Ciudadanos opina que el 155 ha sido tímido y sus efectos, casi inapreciables. El PP, que ha pacificado la región y detenido el golpe de Estado separatista. Para el bloque independentista -entre el cual se incluye a efectos de este artículo a Podemos- el 155 ha quebrado Cataluña y supuesto una afrenta política que implicará un antes y un después en la relación de la comunidad autónoma con el Gobierno central.
Mañana, el defensor del pueblo de la Generalidad catalana, Rafael Ribó, entregará a Roger Torrent, el presidente del Parlamento autonómico, un informe titulado La vulneración de derechos fundamentales y de las libertades tras la reacción penal a partir del 1-O y la aplicación del 155 de la Constitución española. Su título es autoexplicativo y ni un solo diputado catalán, sea separatista o constitucionalista, espera grandes sorpresas de él. Ni una sola línea del informe escapará al ya cotidiano rosario de quejas y lamentos del separatismo.
A día de hoy, Cataluña continúa sin Gobierno por decisión del presidente de la Generalidad, Quim Torra. A su alcance estaba proponer una lista de consejeros libres de cargas penales, pero el presidente prefirió forzar el choque frontal con el Estado incluyendo en el lote a dos presos y dos fugados de la Justicia. En consecuencia, los escaños del Parlamento que en circunstancias de normalidad ocuparían dichos consejeros han sido ocupados por un lazo amarillo. Una metáfora perfecta de cómo el nacionalismo catalán ha optado por el simbolismo inane en detrimento de la gobernabilidad efectiva.
Políticamente, el 155 ha sido intrascendente. Los partidos independentistas perdieron las elecciones frente a Ciudadanos, pero lograron formar gobierno gracias al plus de representatividad que les otorga la ley electoral. Ante la imposibilidad de ser investido presidente, Carles Puigdemont entronizó al más xenófobo, racista y fiel de sus partidarios, un Quim Torra que ha prometido desobedecer la Constitución y avanzar hacia la independencia por la vía de la construcción de lo que el independentismo llama "estructuras de Estado". Entre ellas un ministerio de Hacienda propio.
Decaído el 155, Torra será presidente hasta el momento en que a Carles Puigdemont le interese convocar elecciones anticipadas. Previsiblemente, cuando empiece el juicio de los consejeros y demás líderes del procés encarcelados y la emotividad marque niveles máximos en Cataluña. Si el 155 tenía como objetivo detener el golpe de Estado catalanista, el balance después de doscientos quince días es pésimo: el golpe no sólo no se ha detenido sino que ha redoblado su intensidad.
Y lo que es más significativo aun. Nadie en el bloque independentista cree posible ya volver al autonomismo. Las cesiones del Gobierno a corto o medio plazo se dan por descontadas, así como la evidencia de que, ocurra lo que ocurra a partir de ahora, el estatus jurídico de la Cataluña de 2019 será muy diferente al de la Cataluña de los años previos al procés. Si no se consigue la independencia, creen ERC y JxCAT, se conseguirá algo muy parecido a ella. Al menos, mientras PP y PSOE sean los dos principales partidos españoles.
Doscientos cincuenta y cuatro cargos cesados
Desde el punto de vista del separatismo, el 155 ha supuesto una debacle para el autogobierno. Según el último de los informes de daños que la asociación ServidorsCAT lleva realizando desde octubre del año pasado, el 155 ha provocado (siempre en terminología nacionalista) que cinco miembros del Gobierno catalán se hayan visto obligados a exiliarse, que otros diez líderes del proceso hayan sido encarcelados y diez más detenidos.
El 155 también ha provocado el cese de doscientos cincuenta y cuatro cargos –entre ellos secretarios generales, pero también personal eventual–, la supresión de veinticuatro organismos –principalmente delegaciones de la Generalidad en el exterior, las llamadas "embajadas catalanas", pero también organismos cuya única función era impulsar el procés, como la Comisión Interdepartamental para el desarrollo del autogobierno–, la intervención de otros dieciséis, el abandono de ciento ocho iniciativas normativas, el paro de veintiuna líneas de subvenciones y la pérdida de ocho oportunidades económicas.
La letra pequeña explica que los “exiliados” no huyeron de España a causa del 155 sino tras ser procesados por la Justicia y que los encarcelados y detenidos no lo fueron por el 155 sino por decisión de los jueces Llarena y Lamela. También dice que los doscientos cincuenta y cuatro cargos cesados trabajaban en su mayoría en actividades relacionadas con el procés. Que los organismos suprimidos realizaban, también en su mayoría, actividades para las que la Generalidad de Cataluña no tiene competencias. Y que las “oportunidades económicas perdidas”, entre las cuales ServidorsCAT incluye el cambio de sede de más de cuatro mil empresas catalanas, son imputables al procés y a Ada Colau, y no al 155.
El Gobierno sólo ha necesitado una docena de funcionarios para hacerse cargo de la Generalidad intervenida por el 155. De ellos, sólo seis eran altos cargos. La resistencia en la Administración, más allá de las habituales escenificaciones de folclore sentimental –concentraciones frente a los organismos públicos, lazos amarillos colgados en las paredes de las dependencias de la Generalidad, minutos de silencio–, ha sido mínima, por no decir inexistente. Como dice Xavier Rius, director del digital e-noticies, “la aplicación del 155 fue una balsa de aceite. ¡No dimitió ni Elsa Artadi en solidaridad con los presos! Al contrario, continuó cobrando hasta enlazar con su sueldo como parlamentaria. Así también hago yo revoluciones”.
El 155 ni siquiera rozó TV3
El 155 será menos recordado por lo que hizo que por lo que no hizo. Es decir, intervenir TV3. En este sentido, el 155 ha sido un estímulo para la televisión autonómica catalana. Porque desde su aprobación en octubre, TV3 ha redoblado los insultos a España y multiplicado sus ya cotidianas muestras de sectarismo.
Durante los últimos seis meses, en TV3 se ha entrevistado y aplaudido a etarras; se le ha llamado "hijo de puta" a Jordi Cañas desde el público; se ha propagado el marco discursivo independentista que habla de "exiliados", "presos políticos" y "represión franquista"; se ha comparado a Rajoy con Hitler; se le ha reprochado a Inés Arrimadas que no cantara Els segadors o se ha permitido que colaboradores e invitados ridiculizaran a políticos de la oposición, a los catalanes no nacionalistas e incluso al expresidente José Montilla.
Despedido como "rata cipaya"
El 155 muere oficialmente hoy, pero empezó a hacerlo el lunes pasado, cuando Juan Antonio Puigserver, el secretario general técnico del Ministerio del Interior enviado por el Gobierno para el control de los Mossos d'Esquadra, volvió a Madrid sin esperar siquiera a que Quim Torra formara Gobierno. Es decir, con el 155 todavía en vigor y mientras el independentismo lo despedía al grito de "rata cipaya" y le amenazaba con "recordar su nombre".
La apresurada huida de Puigserver, unida a las palabras de Fernando-Martínez Maillo, coordinador del PP, a José Manuel Villegas, número dos de Ciudadanos ("hay que salir de Cataluña cagando leches"), en los pasillos del Congreso de los Diputados confirmaron que el primer interesado en el fin del 155 no eran los partidos nacionalista sino el PP.
Los Mossos han sido, después de TV3, la segunda de las arenas movedizas del 155. Finalizada la intervención del Gobierno central, Quim Torra pretende restituir al comisario Josep Lluís Trapero como jefe de los Mossos d'Esquadra. Está por ver que el de Badalona acepte. Los abogados de Trapero han recomendado a su cliente que mantenga un perfil bajo de cara al juicio por sedición que le espera en la Audiencia Nacional. Su vuelta al antiguo puesto, por deseo además de un presidente que ha anunciado su intención de desobedecer la Constitución, sería interpretado por la jueza Lamela como una evidente voluntad de reincidencia.
Quim Torra ha anunciado ya que otra de sus primeras medidas será la restauración de las delegaciones de la Generalidad en el exterior y de Diplocat, además de la implementación del llamado "consejo de la república" (un gobierno paralelo al de la Generalidad) y la "asamblea de cargos electos" (un parlamento paralelo al real).
Visto lo visto, el 155 apenas ha sido un paréntesis temporal en ese golpe de Estado que los partidos independentistas llevan ejecutando desde septiembre de 2017 y que pretenden seguir ejecutando, aunque quizá menos precipitadamente, durante los próximos meses. El siguiente paso es apretar el acelerador en la internacionalización del "conflicto" por parte de los partidos nacionalistas y contra eso no habrá un segundo 155 que valga.