Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) ha pasado de ostentar un cargo a propuesta del PP -vocal del Consejo General del Poder Judicial- a ser ministro de un Gobierno del PSOE.

Esa versatilidad le ha acompañado a lo largo de su carrera. Sin ir más lejos, su nombre fue barajado el pasado noviembre por el Gobierno del PP para suceder en la Fiscalía General del Estado al fallecido José Manuel Maza. La designación recayó finalmente en Julián Sánchez Melgar.

Miembro de la carrera judicial por oposición desde 1988, fue juez de primera instancia e instrucción de Santoña (Cantabria), donde investigó el suicidio de Rafael Escobedo, encarcelado por el asesinato de los marques de Urquijo.

En 1990 pasó al Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao, donde estuvo nueve años y en el que dictó resoluciones controvertidas, algunas de las cuales fueron criticadas por los sindicatos policiales y la Asociación Víctimas del Terrorismo. En 1999 fue destinado a la presidencia de la Sección Sexta de la Audiencia de Vizcaya, desde donde dio el salto a Madrid en 2003.

Su primer destino fue el Juzgado de Instrucción número 36 de la capital, pero pronto pasó a la Audiencia Nacional, órgano al que ha vinculado su carrera hasta ahora. Primero accedió en comisión de servicio al Juzgado Central de Instrucción número 5 en sustitución del exjuez Baltasar Garzón y destacó por la persecución de la kale borroka. 

Después pasó al Juzgado Central número 3, donde asumió la instrucción del caso del Yak-42. Su decisión de archivar la investigación, atribuyendo a la tripulación ucraniana la responsabilidad del accidente que costó la vida a 62 militares españoles, fue revocada por la Sala de lo Penal y el caso acabó llegando a juicio. 

En 2008 se descubrió que ETA había ordenado un año antes al comando Vizcaya hacer seguimientos y recabar información para atentar contra Grande-Marlaska. 

En 2012 la mayoría de vocales del CGPJ propuestos por el PP le aupó a la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional en lugar de renovar a Javier Gómez Bermúdez. Además de los vocales conservadores, Marlaska tuvo el apoyo de la entonces vocal Margarita Robles, quien además le consiguió el voto de Félix Azón.

La buena relación entre Robles y Grande-Marlaska es una de las claves de su inclusión en un Ministerio clave del Gobierno de Pedro Sánchez. Con el paso a la política, el magistrado cierra su etapa en el órgano de gobierno de los jueces, al que fue promovido en 2013 por el PP. En el CGPJ Marlaska ha trabajado en la redacción del código ético de la carrera judicial, uno de los compromisos del actual Consejo.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, le integró en enero de 2017 en la Comisión Permanente, cuyos miembros son los únicos que tienen dedicación exclusiva. Marlaska había terminado su mandato como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, de no ser adscrito a la Permanente, hubiera tenido que reincorporarse como magistrado a una sección de esa Sala. En el CGPJ han sorprendido algunos de sus posicionamientos, como el que protagonizó el pasado 28 de mayo cuando votó a favor de habilitar al magistrado José Ricardo de Prada para participar en la vista de medidas cautelares contra los condenados por el caso Gürtel.