Desde este lunes Quim Torra puede utilizar el dinero que la Generalitat tiene en los bancos sin ningún tipo de restricción ni de control por parte de la Administración central. Tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL, los tres bancos con los que opera la Generalitat -CaixaBank, BBVA y Sabadell- recibieron el viernes pasado una comunicación del Ministerio de Hacienda en la que se les indicaba que han quedado sin efecto las medidas acordadas en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de septiembre de 2017.
Esa resolución prescribía que para que la Generalitat pudiera ordenar pagos a los bancos, el interventor público debería certificar previamente que su destino no era el de financiar "actividades contrarias al ordenamiento jurídico vigente". Incumplir esa fiscalización conllevaba responsabilidades incluso de tipo penal. De esta forma se obtenían garantías de que los pagos no se destinaban "a la financiación de ninguna actuación ilegal, ni contraria a las decisiones de los tribunales", según quedaba recogido en la orden ministerial.
Aunque esta medida de control financiero previa a la aplicación del 155 acabó subsumiéndose en éste, y por lo tanto decaía en el momento en el que se constituyese un nuevo Govern, fuentes consultadas en Hacienda aseguran que antes de enviar una comunicación a los bancos levantando los controles, lo pertinente hubiera sido reunir primero a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. La precipitación de convertir en papel mojado el acuerdo para vigilar las cuentas de la Generalitat en la primera reunión del Consejo de Ministros es toda una declaración de intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez.
El Gobierno levanta el control financiero sobre Cataluña
Inquietud por el uso del dinero
Aún no ha pasado un mes desde que Cristóbal Montoro anunció que cuando dejara de aplicarse el artículo 155 en Cataluña, mantendría un férreo control financiero para evitar que el nuevo Govern de Quim Torras pudiera destinar recursos públicos a actividades ilegales. "Lo que no se puede es destinar recursos públicos a actividades ilícitas. El Gobierno lo va a impedir y no hace falta la intervención del 155 para impedirlo", afirmó el entonces aún ministro en un desayuno informativo de El Economista.
"¿A quién le estorba que exista un control de legalidad?", se preguntó Montoro, que subrayó que la "actitud desafiante" de Quim Torras creaba "un elemento de desconfianza de primer orden" que obligaba a mantener los controles.
Todas esas cautelas han volado con la llegada al Ministerio de María Jesús Montero. Su levantamiento del control bancario e incluso la renuncia a disponer de información inmediata del uso del dinero por parte de la Generalitat, han causado gran inquietud en medios políticos y sociales, pues deja a Torra manos libres para relanzar el procés.
Un anuncio confuso
Es muy significativo, en ese sentido, que la primera decisión anunciada por el nuevo Govern haya sido la de destinar 20,4 millones de euros a TV-3, uno de los principales instrumentos al servicio del golpe separatista. Además, según explicó la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, esas aportaciones podrían aumentarse próximamente. Nada se lo impide ya.
El anuncio de que se levantaría el control financiero sobre Cataluña lo hizo la ministra Isabel Celáa en su estreno como portavoz tras el primer Consejo de Ministros. "Hemos determinado que se den instrucciones a los bancos para que el Gobierno de Cataluña pueda abordar los pagos que le corresponden sin necesidad de pasar por la supervisión de Hacienda del Gobierno de España", dijo. Sus palabras crearon gran confusión, pues otro ministro, José Luis Ábalos, había dicho unos días antes que el Ejecutivo de Sánchez mantendría el control de las cuentas.