El pasado 16 de marzo, Antoni Molons, por aquel entonces secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalidad, fue destituido por el Consejo de Ministros tras el registro que la Guardia Civil realizó ese mismo día en su domicilio habitual y en su despacho en el Palacio de la Generalidad. A Molons se le atribuían dos delitos: malversación pública y desobediencia. El secretario habría presuntamente participado en el desvío de fondos públicos a diversas entidades soberanistas para la organización del simulacro de referéndum del 1-O.
Hace sólo diez días, el pasado 7 de junio, Antoni Molons fue rescatado por Elsa Artadi y Quim Torra y nombrado secretario de Comunicación y de Medios de Comunicación del Ejecutivo autonómico. Es uno más de los desafíos con los que el nuevo Ganinete catalán está testando la tolerancia del Gobierno. Molons trabajará en el Departamento de Presidencia, al frente del cual se encuentra la misma Artadi, como cargo de tercer nivel tras la consejera y el número dos del departamento.
Una herramienta clave
En la práctica, por las manos de Molons pasarán las ayudas públicas a los medios de comunicación privados y concertados en catalán, todos ellos afines al Govern e inviables económicamente sin esas subvenciones. Pero del Departamento de Presidencia depende sobre todo la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), es decir TV3 y Catalunya Ràdio. Es por ello que el Departamento de Presidencia es considerado por el nacionalismo como una herramienta clave en su estrategia de comunicación y en la difusión de sus mensajes.
Del Departamento de Presidencia de la Generalidad dependen, en fin, todos los periodistas catalanes que no trabajan para medios nacionales. En 2017, Presidencia contó con un presupuesto de 411 millones de euros, de los cuales más de 300 recayeron en TV3 y Catalunya Ràdio, el 31% del total invertido por todas las Administraciones regionales españolas en sus medios públicos. En comparación, el Canal Sur andaluz, otro ejemplo de despilfarro a cargo del presupuesto público, cuenta con un presupuesto de 164 millones. Los canales públicos madrileños apenas llegan a los 68.
El papel clave de Antoni Molons
El departamento de Presidencia está siendo investigado en la actualidad por el Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por un presunto desvío de fondos procedentes de los presupuestos públicos. Esos fondos, que en marzo de este año se calculaban en un mínimo de 2,7 millones de euros, habrían sido asignados a la campaña Civismo de la Generalidad para la supuesta promoción de los valores cívicos, pero utilizados en realidad para la realización de anuncios sobre el referéndum del 1-O. En ese desvío habría tenido un papel clave Antoni Molons.
Anuncio de la Generalitat del reférendum del 1-O camuflado como campaña de promoción de "valores cívicos".
Molons, responsable último de la aprobación urgente del anuncio junto a estas líneas –el principal de los que se realizaron para la promoción del 1-O– fue advertido por la subdirectora general de Régimen Económico y Contratación de que la campaña violaba la resolución del Tribunal Constitucional que en el mes de julio había declarado ilegal el referéndum. "No se desprende que se trate de un gasto relacionado con procesos referenciarios", respondió oficialmente la Generalidad a pesar de que el anuncio incluía explícitamente la frase "1-OCT Referéndum d'autodeterminació de Catalunya".
La campaña, que fue rechazada por la agencia de medios Focus al considerar que su contenido era político y no de promoción del civismo, fue emitida finalmente en los dos medios públicos catalanes, TV3 y Catalunya Ràdio. La discrepancia en el coste de esas inserciones (250.000 euros) con el coste total de la campaña (2,7 millones) es objeto de investigación por parte de la Guardia Civil. Molons afirma que los 2.450.000 euros restantes están "en las arcas de la Generalidad".
No es esa la única línea de investigación del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en la que aparece Molons. Según la Guardia Civil, el departamento de Presidencia, a través de Molons, “utilizó a Ómnium Cultural como sociedad interpuesta para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles que llamaban a la población a participar en el referéndum ilegal del 1-O". Esos trabajos habrían sido gestionados por Ómnium con el objetivo de encubrir al verdadero responsable: la propia Generalidad.
Molons no es el único cargo cesado durante la aplicación del 155 o actualmente investigado por la Justicia que ha sido recuperado por Quim Torra. Annabel Marcos, destituida en abril de su cargo como directora del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, es decir de la escuela de los Mossos d'Esquadra, ha sido recientemente nombrada secretaria de Administración y Función Pública de la Consejería de Políticas Digitales y Administración Pública. Al frente de la cual, por cierto, se encuentra Jordi Puigneró, conocido por ser el autor de la frase: "¿Sabéis cuál es la diferencia entre un español y un mongol? Una medalla".