El gesto de Pedro Sánchez de acoger en Valencia a los 630 migrantes del Aquarius, que habían sido rechazados previamente por Italia y Malta, ha actuado como revulsivo en el debate en la UE sobre política migratoria. Pero no se ha traducido en un vuelco de solidaridad europea hacia los refugiados como el que propugna el nuevo presidente del Gobierno. Muy al contrario. La mayoría de Estados miembros -liderados por Italia y Austria- han endurecido su posición: apuestan por reforzar las fronteras y crear "plataformas de desembarque" fuera de la UE para frenar los flujos migratorios. El control de la migración debe ser prioritario por encima de la solidaridad, sostienen.
El resultado es que Sánchez se encontrará en una posición minoritaria, a contracorriente, en la minicumbre de emergencia sobre la crisis migratoria que se celebra este domingo en Bruselas. Entre los países invitados, sólo Grecia -el país que sufrió una mayor presión durante la crisis de refugiados de 2015- defiende tesis solidarias similares a las del presidente del Gobierno. También el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el convocante del encuentro y el que ideó el fallido sistema de cuotas obligatorias para repartirse a los demandantes de asilo.
"El Gobierno tiene que hacer un llamamiento a la solidaridad europea. Esta es una política que sólo vamos a poder resolver desde el punto de vista comunitario, con una política migratoria común, con una política de fronteras común y una política de integración y de asilo y refugio común", dijo Sánchez en su primera entrevista en TVE el pasado lunes. También reclamó "soluciones conjuntas, solidarias y responsables a este desafío humanitario y político" al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la reunión que ambos mandatarios celebraron el martes en el Palacio de la Moncloa.
Sin embargo, para el resto de países que participan en la minicumbre -de momento han confirmado Francia, Alemania, Italia, Bulgaria, Austria, Malta, Holanda y Bélgica- la prioridad es el cierre de fronteras y la limitación del asilo. Así lo pusieron de relieve la canciller Angela Merkel y el presidente francés, Emmanuel Macron, en la reunión que celebraron este martes en la ciudad alemana de Meseberg, durante la que pidieron reforzar el papel de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (FRONTEX). El Ejecutivo comunitario acaba de proponer aumentar la plantilla de FRONTEX de 1.500 a 10.000 personas en los próximos años.
Una minicumbre para salvar a Merkel
De hecho, la minicumbre del domingo en Bruselas se ha organizado en buena medida para dar cobertura a Merkel, debilitada por su disputa con su ministro del Interior, Horst Seehofer. Seehofer, del partido hermano bávaro CSU, le ha dado a la canciller un plazo de dos semanas para pactar medidas en la UE que frenen los flujos migratorios. De lo contrario, amenaza con actuar unilateralmente y rechazar en frontera a los demandantes de asilo que ya hayan sido registrados en otro Estados miembro, lo que podría provocar la caída del Gobierno alemán.
Ha sido la propia Merkel la que se ha movilizado para lograr el apoyo de la UE. Primero le pidió a Tusk que convocara una reunión urgente, a lo que el presidente del Consejo Europeo se negó porque le disgustan los formatos restringidos, explican a EL ESPAÑOL fuentes comunitarias. Por eso, la canciller se ha dirigido después a Juncker, que sí ha accedido a sus pretensiones.
Pero al margen de esta disputa institucional, tanto Juncker como Tusk apoyan adoptar nuevas medidas para evitar los "movimientos secundarios" de demandantes de asilo entre los Estados miembros. Es decir, quieren obligar a los países de entrada de los migrantes -sobre todo Italia y Grecia, pero también España- a que los retengan y no les dejen marcharse hacia los países de la Europa Central. Esta es la principal cuestión que se discutirá en la minicumbre del domingo. Pero resulta inaceptable para el Gobierno de Roma, que amenaza con boicotearla.
Tusk ha puesto además sobre la mesa otra iniciativa para evitar que se repitan nuevas disputas como la del Aquarius: la creación de campos de refugiados fuera de la UE, en países como Túnez o Libia, donde se conducirá en el futuro a los migrantes rescatados en alta mar. Allí se separaría a los migrantes económicos, a los que se denegaría la entrada a territorio comunitario, de los refugiados, que sí podrían acceder a la UE.
Pese a las dudas sobre su compatibilidad con el derecho humanitario internacional, estos centros en países terceros cuentan con el apoyo de la mayoría de Estados miembros, sobre todo de Dinamarca, Austria, Holanda, Hungría, Alemania o Italia. Está previsto que se dé luz verde a su creación durante el Consejo Europeo del 28 y 29 de junio. Allí se adoptarán las decisiones más urgentes en materia migratoria, mientras que la minicumbre del domingo debe servir para prepararlas.
El presidente del Consejo Europeo es también partidario de la línea dura en política migratoria y rechaza soluciones como el reparto de refugiados. Eso sí, Tusk cree que la UE tiene cosas que aprender de la política migratoria de España, que puso en marcha José Luis Rodríguez Zapatero tras la crisis de los cayucos de 2006 y fue seguida por Rajoy. En particular, de los acuerdos que ha cerrado Madrid con países de tránsito como Marruecos, Senegal o Mauritania para frenar las salidas de migrantes.
Unos pactos que la UE ha tratado de replicar con Turquía y Libia y que han reducido considerablemente la presión sobre Grecia e Italia, respectivamente. En la cumbre del 28 y 29 de junio, los jefes de Estado y de Gobierno aprobarán explorar nuevos acuerdos similares con otros países de origen y tránsito.
Se impone la tolerancia cero
El refuerzo generalizado de las fronteras supone el triunfo en la UE de las tesis de tolerancia cero con la inmigración del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, frente a la política de puertas abiertas para los refugiados que defendió en un primer momento Merkel (aunque después rectificó), y en la que parece situarse ahora Sánchez. Precisamente, el Parlamento de Hungría ha aprobado este miércoles una nueva ley cuyo objetivo es castigar con penas de cárcel a quienes ayuden a inmigrantes irregulares.
Por su parte, el Gobierno populista de Italia ha decretado el cierre de sus puertos a los barcos de ONGs que rescatan a migrantes en el Mediterráneo. Su ministro del interior, el ultra Matteo Salvini, quiere elaborar un censo de gitanos. Mientras tanto, todos los países del grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia) mantienen su rechazo frontal al reparto obligatorio de refugiados que propugna Bruselas como medida de solidaridad clave. Un rechazo al que se ha sumado recientemente el primer ministro austriaco, el conservador Sebastian Kurz, que gobierna en coalición con la extrema derecha y lidera ahora el bando de los duros.
En el debate europeo se ha inmiscuido en los últimos días el presidente de Estados Unidos, y lo ha hecho para atacar a la Alemania de Merkel. Donald Trump atribuye todas las crisis que vive la UE al "gran error de permitir la entrada de millones de personas que han transformado su cultura de forma radical y violenta". Aunque acaba de anunciar que rectifica y evitará la separación de familias migrantes, su prioridad sigue siendo frenar la inmigración. "No queremos que lo que está pasando con la inmigración en Europa nos pase a nosotros", ha escrito en Twitter.