Las constantes promesas de cesiones por parte del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y, sobre todo, de la ministra de Política Territorial y Función Pública Meritxell Batet continúan siendo interpretadas por el nacionalismo catalán como un visto bueno tácito de las máximas autoridades españolas para la vuelta al punto de partida del golpe separatista a la democracia. Es decir, a la Cataluña de Carles Puigdemont y los meses previos al 1-O.

Prueba de ello es el nombramiento, el pasado lunes, de Meritxell Serret, exconsejera catalana de Agricultura, Ganadería y Pesca, como delegada de la Generalidad en Bruselas ante la UE. Serret es una de las consejeras fugadas de la Justicia española tras la declaración de independencia del pasado 27 de octubre.

Aunque la consigna entre los miembros del Gobierno es la de no opinar sobre los gestos desafiantes de Torra, no ha pasado desapercibido en Moncloa lo que este nombramiento tiene de provocación. Dado que la experiencia de Serret en el terreno diplomático e internacional es nula, parece obvio que el único objetivo de su elección como representante del Gobierno autonómico catalán ante las instituciones europeas -la "nave insignia de la política exterior de la Generalidad" en palabras del consejero de Acción Exterior Ernest Maragall- ha sido la de mandarle un órdago al presidente del Gobierno. El sueldo de Serret será de más de 80.000 euros anuales. 

El nombramiento de Serret llegó acompañado de otro polémico anuncio. El de la reapertura de seis de las doce antiguas embajadas catalanas en el extranjero. Concretamente las de Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza –varios medios hablan también de la de Irlanda–. 

Algunas de esas embajadas, sin embargo, adoptarán una nueva forma jurídica para evitar posibles problemas legales. Las funciones de la de Estados Unidos, por ejemplo, serán ejecutadas por el lobby catalanista afincado en Washington Catalonia American Council, a cuyo frente está uno de los cesados por el Gobierno español durante la aplicación del 155, Andrew Scott Davis.

La reapertura del Diplocat, el organismo del que dependían las doce embajadas, se prevé más complicado desde el punto de vista jurídico, aunque es un objetivo irrenunciable del nacionalismo. El terreno de la opinión pública internacional es el único, de hecho, en que el proceso separatista ha podido marcarse un tanto frente al Estado español. Ada Colau ya ha mostrado su apoyo a la reapertura del Diplocat y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, su negativa a entrar en guerras de propaganda con él.

"El Gobierno no tiene nada que oponer a la reapertura del Diplocat. El servicio diplomático de un país no está para trajines, está para hablar con Estados, no para ir al campo de batalla de la opinión pública", ha dicho Borrell. En la práctica, sus declaraciones suponen una vuelta a la táctica de pasividad absoluta por parte del Gobierno español frente a la actividad propagandística de la Generalidad en el exterior. 

Maquinaria en marcha para un segundo 1-O 

"Tenemos que crear otro 1-O para alcanzar el objetivo al que algunos queremos llegar, que es la independencia", dijo el lunes el presidente Torra, y toda Cataluña retrocedió con él al verano de 2017. Ese nuevo órdago al Estado por el que aboga Torra, y que podría adoptar la forma de un nuevo referéndum de autodeterminación o cualquier otro encaminado a los mismos fines, sería, eso sí, una versión mejorada del 1 de octubre del año pasado. Un 1-O 2.0. 

"Debemos hacer autocrítica. Si no hemos hecho bien una cosa, tenemos que analizar cómo mejorarla", añadió el presidente de la Generalidad apenas unas horas después de una reunión con Pablo Iglesias en la que el líder de Podemos, actuando en calidad de mensajero oficioso de Pedro Sánchez, le prometió luchar junto a los nacionalistas catalanes por el derribo de la monarquía y la instauración de una república de corte federal. "Hemos sido capaces de hacer un referéndum, hemos declarado políticamente la independencia pero no hemos hecho efectiva la república" finalizó Torra.

Lo confirmó horas después, con un leve matiz temporal, la candidata a la alcaldía de Barcelona por el PDeCAT, Neus Munté. "Es necesario que haya un segundo round, pero hasta que no sea posible, no estropeemos lo que hemos conseguido hasta ahora. El error del proceso separatista, según Munté, fue "poner plazos imposibles, creer que se podían mover unos cimientos a base de señalar un día y una hora. Eso fue un error colosal".

En otras palabras. Para que triunfe ese nuevo golpe a la democracia que los líderes de los partidos nacionalistas no tienen empacho en anunciar varias veces al día han de darse primero dos condiciones. La primera es que el Gobierno central se encuentre en una posición de debilidad máxima y dependiente de fuerzas minoritarias y radicales. La segunda, que el nacionalismo haya recuperado las fuerzas y el pulso callejero, ahora algo desvaído. En estos momentos sólo se da la primera de esas condiciones.