¿Quién está pagando las fianzas? Esa es la gran pregunta, sin respuesta clara a día de hoy, en Cataluña. La versión oficial en el mundillo nacionalista es que las fianzas están siendo abonadas por "los votantes y simpatizantes de JxCAT, ERC y la CUP por medio de donativos recaudados por la ANC y Òmnium". Donativos de veinte y cuarenta euros que, acumulados, habrían servido para pagar un total aproximado de seis millones de euros desde el inicio de los procesos judiciales contra los líderes del proceso separatista. 

Extraoficialmente, las sospechas abundan, algunas verosímiles y otras rocambolescas. Según esas elucubraciones, las fianzas habrían sido abonadas en realidad con fondos de la propia Generalidad a pesar del control de las finanzas decretado en su día por Montoro, o por la Asociación de Municipios por la Independencia, o por misteriosos empresarios catalanes que preferirían permanecer en el anonimato, o por los beneficiados por las generosas subvenciones y ayudas de las administraciones catalanas –que estarían así "compensando" el buen trato recibido– o incluso por Jaume Roures. Hay quien apuesta, siempre en privado, por una combinación de todos ellas. 

Lo único indudable, en cualquier caso, es que no ha habido fianza impuesta por los jueces a cuenta de los procesos judiciales por rebelión, sedición y malversación de fondos que no haya sido satisfecha de inmediato por la llamada Caja de Solidaridad de la sociedad civil ANC. Esa Caja acumulaba a finales de 2017 casi seis millones de euros, de los cuales 3,8 se habían destinado a las fianzas de los líderes independentistas. 

La parte del león de esos 3,8 millones de 2017 se la llevaron los 2,8 millones de euros abonados a Artur Mas y el resto de sus consejeros para hacer frente a la reclamación del Tribunal de Cuentas por el referéndum del 9 de noviembre de 2014. Las fianzas impuestas a Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Dolors Bassa, Raül Romeva y Carles Mundó se llevaron otros 600.000 euros. La de Carme Forcadell costó 150.000 euros. La de Anna Simó, Lluís Guinó, Ramona Barrufet y Lluís Corominas, 100.000. Marta Rovira costó 60.000 euros. Santi Vila, 50.000.  

2,1 millones en 48 horas

La última de esas fianzas ha sido la impuesta en concepto de responsabilidad civil por el juez Llarena, por valor de 2.135.948 euros, a los catorce procesados por el golpe del pasado mes de octubre: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Clara Ponsatí, Toni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Carles Mundó, Dolors Bassa, Santi Vila y Meritxell Serret. Esos fondos deberían servir para cubrir la cantidad presuntamente malversada el 1-O. 

La fianza, según lo decretado por el juez Llarena, debía ser satisfecha en el plazo de dos días hábiles o se actuaría contra el patrimonio personal de los procesados. Es decir, y dada la abultada suma, sus propiedades inmobiliarias. Pero nadie en Cataluña dudaba de que la fianza sería abonada en plazo como lo fueron todas las demás. Y así ha sido finalmente: la ANC y Òmnium abrieron durante el fin de semana una campaña de donaciones que en apenas cuarenta y ocho horas logró recaudar 700.000 euros.

El resto de la fianza ha sido cubierta con los fondos remanentes en la Caja de Solidaridad, que tras la colecta del fin de semana, y según informaciones publicadas por algunos medios catalanistas, llegó a contar con tres millones de euros. Tras el pago de la fianza, la Caja de Solidaridad continuará contando con una nevera de 900.000 euros. La encargada de anunciar el éxito de la colecta ha sido la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie. "No dejaremos solas a las familias", ha dicho.

Tanto la ANC como Òmnium Cultural empezaron a ser investigadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en otoño de 2017 ante la sospecha de haber utilizado subvenciones públicas para promocionar y organizar el referéndum del 1-O. En abril de este año, Hacienda requirió a la interventora de la Generalidad de Cataluña, Rosa Vidal Planellas, para que proporcionara los datos de miles de pagos realizados por la Administración, y entre cuyos destinatarios se encontraban la Asociación de Municipios por la Independencia, la ANC y Òmnium Cultural, así como el productor Toni Soler, las empresas de Jaume Roures y empresas tecnológicas como IBM, TSystems o DXC Technology, entre muchas otras.