La familia Franco rechazó una reunión con el Gobierno: "No vamos a dar facilidades"

Pedro Sánchez ha pospuesto su maniobra simbólica. El proceso es más farragoso de lo que creía y varios miembros de su Gobierno, tanto en público como en privado, reconocen que no será posible exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos antes de que muera julio.

La semana pasada, según un miembro de la familia en conversación con este diario, un emisario de Sánchez llamó por primera vez a la puerta de los Franco. En palabras de esta fuente, el Ejecutivo socialista escogió como mediador a un alto funcionario "nombrado por Rajoy". La llamada, casualidad o no, llegó en plena reunión entre los nietos del dictador. "Rechazamos el encuentro. Total, ¿para qué? Ya saben nuestra postura. Un no rotundo. Si al final lo hacen, no será porque nosotros hayamos dado facilidades", relata uno de los descendientes.

Los socialistas buscaron un intermediario próximo a la derecha que pudiera relajar a los Franco, pero la misión concluyó sin éxito: "Imaginamos que lo escogieron a él pensando que le sería más fácil concretarla reunión, pero lo tenemos claro, de verdad, no merece la pena".

Ningún movimiento hasta tenerlo atado

Aunque el precedente Sanjurjo nada tiene que ver -la cripta de Pamplona era de acceso restringido, no permitía el peregrinaje y, por tanto, no se ajustaba a la ley de Memoria Histórica-, aporta un elemento que pone sobre aviso al PSOE: la familia del general africanista recurrió y ganó. De ahí que Sánchez no quiera levantar la lápida de Franco hasta confeccionar una táctica irrebatible en los tribunales.

"Jurídicamente, creo que el permiso de los Franco no es estrictamente necesario. Más bien, creo que el Gobierno trata de ganar tiempo. Si lo pospone, es porque está imaginando todos los escenarios jurídicos posibles. Imagínate qué ridículo si lo hacen, luego recurren y la Justicia les obliga a reinhumarlo", discurre Francisco Ferrándiz, antropólogo del CSIC y experto en políticas de la Memoria en la España contemporánea.

Un miembro de la Ejecutiva socialista confirma a este periódico el trabajo de los abogados del Estado, que ya habrían presentado al Gobierno varios informes advirtiendo una complejidad jurídica que, en un principio y a tenor de la urgencia enarbolada por Sánchez, fue obviada.

El Gobierno socialista aireó que buscaría el consenso con la familia Franco, pero no habrá siquiera negociación posible. ¿No es no? "Aunque no me gusta la expresión, es así. No", reitera uno de los nietos a EL ESPAÑOL. Hace ya varias semanas, trasladó este mensaje vía carta a la comunidad benedictina que gestiona la basílica. Sin el permiso del abad, Sánchez no podrá certificar la exhumación. Conscientes de ello, los Franco han pedido amparo a los monjes.

Aunque la Iglesia dijo que no pondría pegas al traslado, los benedictinos sólo responden ante sí mismos, y no ante la Conferencia Episcopal. El PSOE todavía no ha pulsado el sentir de esta orden, que tendrá la última palabra. Un extremo ya glosado por el informe que Zapatero encargó a sus expertos antes de dejar el Gobierno.

A su favor, Sánchez cuenta con la ley de la Memoria Histórica alumbrada en 2007, que le permite concebir la exhumación de Franco como irrenunciable. El Valle de los Caídos sigue generando la "exaltación" que prohíbe el texto del expresidente socialista. Prueba de ello la concentración de este domingo: centenares de personas se reunieron en Cuelgamuros. Hubo saludos a la romana y banderas predemocráticas. Todo ello en torno a la tumba del dictador.

Pedro Sánchez desenterrará a Franco cuando se cerciore de que no hay argumento jurídico que valga contra su modo de actuar. Hasta entonces, tratará de ganar tiempo. Los Franco -ya se lo han hecho saber- no colaborarán.