La exhumación de Francisco Franco ha reunido varios actores alrededor de la mesa, pero quien tiene la última palabra todavía no está en Madrid. Ni siquiera en España. No vive en la herida. Tampoco participará en una guerra mediática soterrada. Le guía un ideal monástico: la contemplación. Nació en 1946 y alcanzó su actual cargo en 1992. Se llama Philippe Dupont. Gobierna la abadía benedictina de Solesmes (Francia) y es una suerte de jefe supremo ante el que responden numerosas congregaciones de San Benito, entre ellas la del Valle de los Caídos. Si Sánchez quiere cumplir su promesa, deberá obtener su plácet.
El Estado ostenta la titularidad de Cuelgamuros, a excepción de la Basílica donde yacen el dictador y José Antonio Primo de Rivera. Su carácter sagrado la blinda frente a cualquier actuación. Si el Ejecutivo socialista quiere desenterrar a Franco, tendrá que lograr el permiso de los monjes.
Este diario se ha puesto en contacto con la abadía de Solesmes y ha recibido esta respuesta de uno de sus portavoces: "El padre Dupont no desea expresarse en la prensa acerca del Valle de los Caídos". Existen alrededor de treinta monasterios de San Benito en el mundo y su bandera señera es el canto gregoriano. Aunque los monjes de El Escorial disponen de soberanía suficiente, es costumbre que las medidas de calado se consulten con Francia.
La familia Franco dilata el proceso de exhumación del dictador
La credibilidad de Sánchez
Sánchez ha hecho de los restos del general su maniobra estrella, la que más titulares le ha granjeado en periódicos, radios y televisiones. Varios ministros reconocen -en público y en privado- que la exhumación no llegará en julio, tal y como se previó. De ahí que el presidente aprovechara su comparecencia en el Congreso para reafirmarse -por si cundiera la desconfianza- y volver a otorgar a la medida carácter de inmediatez. "Será en breve", zanjó.
Los benedictinos todavía no han recibido la llamada de Moncloa. No buscan conflicto. Decidirán consensuadamente cuando llegue el momento. Sea un "sí" o un "no", el crédito político de Sánchez dependerá de los religiosos del Valle y, por ende, de Philippe Dupont. En Madrid, gobierna a los benedictinos el reputado historiador medievalista Santiago Cantera, que tampoco ha entrado en la batalla declarativa. Si la gestión se enquista, lo que no parece probable, podría mediar el Vaticano, ante quien sí responde la Basílica de San Lorenzo del Escorial.
¿Por qué deciden los benedictinos?
Jurídicamente, el permiso de los descendientes del dictador no es estrictamente necesario, pero contarán, en última instancia, con la posibilidad de recurrir. Conocidas las intenciones de Pedro Sánchez, distintos colectivos y hasta el propio Ejecutivo manifestaron su intención de negociar con la Iglesia, pero los obispos ni quieren ni pueden resolver. Los monjes, en esta y cualquier otra situación, se gobiernan a sí mismos.
El régimen, con el dictador en vida, constituyó una fundación que gestionara el terreno. Su patronato, ya entonces, dependía de la jefatura del Estado. Una vez en democracia, el rey transfirió esta competencia a Patrimonio Nacional. Además, Sánchez se agarra a la ley de la Memoria Histórica alumbrada por Zapatero, que condena la "exaltación" de todo lo que tenga que ver con la guerra civil o el franquismo. Véase el homenaje al general del pasado domingo.
La potestad de la Basílica
La construcción del Valle de los Caídos fue ordenada por decreto en 1940 "para perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa Cruzada". Se inauguró casi veinte años después, en 1959. A partir de ahí fueron sucediéndose las inhumaciones hasta casi alcanzar las 34.000.
En 1957, dos años antes de abrirse al público, el franquismo creó una fundación para administrar el Valle, siempre dependiente de la jefatura del Estado. Aunque esta potestad no duró mucho. En 1958, las tareas se delegaron a los benedictinos, que se establecieron allí a petición de Franco.
Los expertos contratados por Zapatero ya avisaron en su informe de 2011 -un trabajo que, por cierto, figura en los despachos socialistas desde su vuelta al Gobierno- de la "inviolabilidad de la Basílica por parte de la autoridad estatal a efecto de realizar modificaciones o remover las sepulturas". Algunos párrafos más adelante lo dejaron meridianamente claro: "Se trata de un lugar sagrado sometido a la autoridad eclesiástica correspondiente".
Tanto el derecho canónico como los acuerdos con la Santa Sede obligan a Pedro Sánchez a negociar la exhumación de Franco con los benedictinos. Para más inri, no se trata sólo del lugar. Fue el rey Juan Carlos, ya jefe del Estado, quien selló el enterramiento del dictador en Cuelgamuros. Así lo confirma el acta del notario mayor del reino, suscrita el 23 de noviembre de 1975.
De ahí que los monjes, tal y como recoge el informe de Zapatero, custodien el féretro de Franco tras haber aceptado "una encomienda oficial". Otra realidad jurídica que deberá desentrañar el Ejecutivo de Sánchez.
El "no" de la familia Franco es absoluto. Así se lo han hecho saber tanto a los benedictinos -pidiéndoles amparo- como al presidente del Gobierno, con el rechazo a la reunión que los socialistas propusieron la semana pasada a través de un intermediario. Sánchez sabe que el interlocutor clave es la orden de San Benito.