El proyecto caudillista de Puigdemont desata una guerra civil en el separatismo

Carles Puigdemont puso este lunes sus cartas sobre la mesa con su plataforma Crida Nacional per la República, una OPA hostil nada disimulada al electorado de ERC. ERC, forzada por las circunstancias, las puso este miércoles en el Parlamento autonómico catalán a cuenta de la suspensión como diputado de Carles Puigdemont decretada por el juez Llarena.

La guerra civil en el seno del separatismo ya es oficial y a campo abierto. Los medios de prensa catalanes, pero sobre todo TV3, por cuyo control batallaban hace sólo unos meses JxCAT y ERC, deben ahora escoger bando. De su decisión depende buena parte del resultado de esta contienda. 

Los bandos enfrentados son dos. El primero es el que defiende la obediencia a los tribunales españoles, el desescalamiento del conflicto y la vuelta al autonomismo. Es decir al pacto con el Gobierno central. Es la opción defendida por ERC y por la vieja Convergència, ahora refugiada en el PDeCAT.

Pero esa opción es ahora mismo tabú en el seno del independentismo. Por eso ERC lleva semanas vendiéndola con palabras que puedan ser fácilmente digeridas por sus votantes. "No es una rendición, es un repliegue táctico que nos permitirá acumular fuerzas para el asalto final", por ejemplo. O: "En unos pocos años, ese 47% de independentistas habrá superado el 50% y nadie podrá negarnos un referéndum". O: "La prioridad ahora es la libertad de los presos". En definitiva, el viejo "ahora paciencia, mañana independencia" del Jordi Pujol de la década de los 80. 

Caudillo, partido único y patada hacia delante

El segundo bando es el que aboga por la patada unilateral hacia delante en forma de partido independentista único que reúna la mayoría del voto independentista en torno a Carles Puigdemont, el único político catalán que, a día de hoy, es capaz de aglutinar el voto tanto de la ultraderecha nacionalista como de la CUP y los CDR. Es la opción defendida por Quim Torra, Jordi Sánchez, la ANC y JxCAT. Patada unilateral hacia delante en la que Carles Puigdemont, liberado de las principales acusaciones que pesaban sobre él gracias a la Justicia alemana, no tendría demasiado que perder y sí mucho que ganar.

Lo que ha expuesto a la luz del día la quiebra en el independentismo es una disputa entre ERC y JxCAT a cuenta del estatus de Puigdemont. Mientras ERC pretendía que fuera suspendido, "de forma temporal y reversible", como el resto de diputados señalados por el juez Llarena, JxCAT consideraba al expresidente una línea roja infranqueable. Dicho de otra manera: ERC defendía obedecer al Tribunal Supremo y JxCAT, desobedecerlo. 

Según JxCAT, el presidente del Parlamento, Roger Torrent, habría roto a última hora un pacto "de máximo nivel" al que se había comprometido poco antes con la formación de Puigdemont. Según Torrent y su partido, ese pacto jamás existió en los términos que ellos predican. Un modus operandi, el de retorcer la palabra dada y forzar su interpretación a conveniencia de parte, habitual en los últimos tiempos entre los partidos independentistas y que Iñigo Urkullu conoce bien tras su intermediación durante los días previos a la declaración de independencia del 27 de octubre. 

Trifulca en la sala de prensa del Parlamento

El pleno que debía tener lugar este miércoles en el Parlament quedó suspendido a media mañana por la trifulca entre los dos principales partidos independentistas. La sala de prensa se convirtió en el escenario de las acusaciones cruzadas entre JxCAT y ERC. "Lo que ha pasado aquí es gravísimo, se ha salido a mentir", dijo el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, en referencia a los portavoces de JxCAT.

Eduard Pujol, desde la otra trinchera, acusó a ERC de alinearse con el PSC. También anunció su rotunda negativa a volver "a los años 80 o a 2003". Es decir, al autonomismo. El objetivo de JxCAT no es otro que aprovechar la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein para restituir a Puigdemont como presidente de la Generalidad. Luego, Pujol se apresuró a aparecer frente a las cámaras de TV3 para dar su versión de los hechos. 

Algunos periodistas presentes en el Parlamento interpretaron la jugada del portavoz de JxCAT con claridad: JxCAT, que tiene menos presos que ERC y por lo tanto bastante menos que perder en el envite, ha empezado a presionar ya a TV3 con el objetivo de alinearla con sus tesis. 

El PSC, por su parte, ha acusado a Inés Arrimadas y a JxCAT de la suspensión del pleno. Xavier Domènech, al juez Llarena. Arrimadas, que defiende la suspensión de los diputados afectados en la Mesa del Parlamento, reveló que su intención era la de recurrir al amparo del Tribunal Constitucional si la Mesa aprobaba la sustitución temporal de los diputados suspendidos, opción preferida por el PSC, ERC y  los comunes de Xavier Domènech. "El PSC acepta que no haya consecuencias prácticas de estar suspendido, algo que es un fraude", dijo Arrimadas. 

El pleno suspendido no se volverá a convocar antes del 31 de julio, fecha del fin del periodo de sesiones ordinario. La solución al conflicto queda por lo tanto aplazada hasta septiembre y el estatus jurídico de los diputados suspendidos por Llarena, en el aire hasta entonces. En la práctica, los partidos independentistas han ganado tiempo y protegido a Torrent de una posible acusación por desobediencia. Tras la trifulca y los posteriores desfogues, tanto ERC como JxCAT han coincidido en que el Gobierno catalán "es más sólido que nunca". 

Unas hipotéticas elecciones autonómicas anticipadas, cuya convocatoria depende en la práctica de la voluntad de Carles Puigdemont, son un poco más probables después del cisma de hoy. La reacción de los sectores más radicales del separatismo ha sido de estupor frente al espectáculo.