Ni el desgobierno, ni la inseguridad, ni el incivismo, ni los planes del separatismo para bloquear la ciudad en septiembre, ni la convocatoria urgente de la comisión de Seguridad del Ayuntamiento por la oposición han logrado que Ada Colau haya retrasado unas horas el inicio de sus vacaciones.
Fue este lunes cuando, con la ciudad sumida en el caos y con los vecinos, los comerciantes y todos los grupos municipales menos la CUP en pie de guerra, Ada Colau y su marido Adrià Alemany bloquearon con su coche particular la acera frente a su vivienda durante media hora —una infracción grave sancionada con un mínimo de 200 euros por la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial—, cargaron en él sus maletas y se fueron de vacaciones como si nada estuviera pasando en Barcelona. Como si la ciudad no estuviera viviendo su peor crisis política, económica y social desde 1978.
Los que no se fueron de vacaciones el lunes son los convocantes de la comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, todos los grupos de la oposición, con la mencionada excepción de la CUP. Olvidando por un día sus diferencias políticas, separatistas, constitucionalistas y tibios votaron este miércoles pedir la dimisión de la alcaldesa como responsable de Seguridad y su sustitución por un nuevo responsable "de reconocido prestigio y con experiencia acreditada que cuente con el visto bueno de los grupos municipales".
A favor de la dimisión de la alcaldesa votaron Ciudadanos, PP, PSC, ERC y PDeCAT. La CUP prefirió no hacer acto de presencia en la comisión al considerarla "un acto de precampaña electoral que no tiene ninguna intención de incidir en las condiciones de vida de los vecinos". A día de hoy, la CUP es el único partido que apoya las políticas municipales de Ada Colau.
El desprecio de Ada Colau por los grupos de la oposición y su rechazo a hacerse cargo de la grave crisis desatada durante su mandato fue compartido por su segundo de a bordo, Gerardo Pisarello. Porque el teniente de alcalde tampoco hizo acto de presencia en la comisión de Seguridad al encontrarse de viaje por Argentina y Uruguay, donde el martes firmó un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Industria, Minería y Energía de Uruguay y el Ayuntamiento de Barcelona en materia de innovación.
Según Carina Mejías, líder del grupo municipal de Ciudadanos, la ausencia de Colau y de Pisarello es la prueba de que el suyo es un gobierno "agotado y que no puede aportar soluciones".
Una crisis sin precedentes en democracia
La comisión se convocó en medio de un clima de tensión sin precedentes en Barcelona. A las ya habituales amenazas del separatismo, que planea colapsar la ciudad a partir del próximo del 11 de septiembre con bloqueos, acampadas, escraches y huelgas, se suman la agresión de los manteros a un turista, el acuchillamiento de un ciudadano en el barrio del Raval, la proliferación descontrolada de la prostitución y los narcopisos, o el acoso del Ayuntamiento a comerciantes, vecinos y turistas.
Pero los grupos municipales de la oposición no han sido los únicos en pedir la dimisión de Colau. El pasado lunes, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) solicitó también la dimisión de la alcaldesa y criticó la falta de operativos, material y formación en la Guardia Urbana, así como la creciente impunidad de los manteros, que según el sindicato amenazan "la supervivencia de los comercios". El comunicado del CSIF señalaba a la alcaldesa como principal responsable de que "la delincuencia y la indigencia se hayan apoderado de Barcelona" y finalizaba recordando que "nunca en Barcelona se ha vivido un caos de tal calibre".
Un día cualquiera en la Barcelona de Colau
De la acelerada degeneración de la Barcelona de Ada Colau, que este verano ha alcanzado cotas tercermundistas, dan fe los titulares de la sección de local de cualquier diario barcelonés. Por ejemplo, La Vanguardia.
—"Incivismo e inseguridad en Barcelona dejan al descubierto la falta de policía".
—"Venta ilegal continua de mojitos, cervezas y pareos en la arena".
—"Una oleada de robos y asaltos angustia a los comerciantes del Borne".
—"El PP denuncia que el Ayuntamiento de Barcelona no cobra el 68% de las multas por incivismo".
—"Catálogo variado de drogas en el principal escaparate de la ciudad".
—"Un modelo de seguridad obsoleto".
—"Aparecen más de una decena de taxis de Barcelona con los cristales rotos".
—"Una brutal paliza en el Raval acaba con un herido de arma blanca".
—"La crisis del top manta afecta a la imagen exterior de Barcelona".
—"El Born contrata vigilantes ante la ausencia de la Guardia Urbana".
—"Los bicitaxis ilegales dan el salto hacia la Diagonal".
—"Los problemas de incivismo se extienden al Turó de la Rovira".
—"Indignación vecinal por la retirada de un 'ninot' de una horchatería centenaria en Barcelona".
—"Los comerciantes exigen más presión policial sobre los manteros de Barcelona".
Son titulares de las últimas 48 horas. Si se eliminan de ellos las referencias locales, podrían ser los de cualquier periódico local de Río de Janeiro, Caracas o la Buenos Aires de las villas miseria. Pero es Barcelona, una ciudad europea con un PIB de casi 80.000 millones de euros y hasta hace apenas dos años, la ciudad más coqueta y con más atractivo turístico del Mediterráneo. Hoy, una ciudad señalada por muchos medios internacionales como antipática, hostil y violenta.
Llueve sobre mojado
La petición de dimisión como responsable de Seguridad es la tercera reprobación que recibe Colau en el plazo de apenas cuatro meses. En abril, los grupos de la oposición condenaron la pasividad del Ayuntamiento respecto a los narcopisos. En julio, el descuadre de los presupuestos municipales, que obligó a aplazar algunas de las inversiones previstas.
Por si eso fuera poco, esta es la segunda vez que se convoca de urgencia la comisión de Seguridad durante el mandato de Colau. La anterior fue hace ahora un año, cuando radicales de Arran atacaron un bus turístico armados con navajas, desalojaron a la fuerza a los pasajeros y reventaron las ruedas del vehículo. Nadie fue capaz de identificar a los culpables y el ataque quedó impune.
Bajo la superficie del descontento por la gestión de Colau bulle también la guerra por el control de la ciudad de cara a las elecciones municipales de 2019. Guerra espoleada por la decadencia de una Barcelona que prácticamente nadie en la oposición cree capaz de soportar cuatro años más de Ada Colau al frente de la administración municipal.
La batalla por Barcelona se libra en dos campos de batalla diferentes. El separatismo pretende deshacerse de Ada Colau porque considera Barcelona como la punta de lanza de su asalto final a la independencia. Ada Colau ha sido considerada tradicionalmente por el separatismo como un mal menor frente a un hipotético gobierno de Ciudadanos, pero la cercanía de las municipales y la impaciencia del separatismo por controlarla han desatado las hostilidades.
Ciudadanos y PP la pretenden por razones opuestas. Es decir, como la cuña que abra una brecha en la fantasía separatista de la Cataluña monolítica y uniforme. El objetivo es visibilizar lo obvio, es decir la ruptura de la comunidad autonómica catalana en dos mitades: la rural separatista y la urbana constitucionalista. El PSC, mientras tanto, se posiciona contra Colau, pero la hará alcaldesa de nuevo si los números dan en primavera de 2019 para un tripartito ERC-PSC-Colau.